GASTEIZ. El ministro del Interior prendió su primera gran polémica con el Gobierno Vasco en julio del pasado año, cuando insinuó que apartaría a Euskadi de la gestión del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, a pesar de que fuera concebido como un proyecto conjunto de Madrid y la CAV. La iniciativa, que se centraría en las víctimas de ETA, comenzó a gestarse durante el mandato de Patxi López, y ya entonces comenzó a tambalearse con las críticas de determinadas asociaciones de damnificados. Aunque los problemas se remontaran a la legislatura del PSE y la Comisión Mixta llevaba más de un año sin reunirse cuando estalló la polémica entre el recién estrenado Ejecutivo de Urkullu y Madrid, el encontronazo también podría reflejar la discrepancia del Gobierno español con los planes de paz del PNV. De hecho, Interior interpretó que Lakua aspiraba a controlar el Memorial y a ponerlo bajo el control del Instituto de la Memoria, que para mayor incomodidad del Gobierno español homenajearía también a otras víctimas. Por ello avisó de que sería un proyecto "nacional" y amagó con arrinconar a Euskadi. Ambos gabinetes terminaron reuniéndose el 9 de julio para rebajar tensiones. Quedaron en volver a hablar, pero Lakua sigue a la espera y confía en que impere el consenso.

En ese cónclave, el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, lanzó un mensaje conciliador y aclaró que no había duda de que la iniciativa del proyecto, aunque fuera conjunto, correspondía a Madrid por partir de una norma estatal como la Ley de Víctimas. Poco después, el ministro Jorge Fernández Díaz corregía sus anteriores declaraciones y abogaba por activar el proyecto desde "el consenso y la colaboración" con el Ejecutivo de Urkullu. Con sus palabras, cumplía el protocolo para la creación del centro, publicado en el Boletín Oficial del Estado del 20 de febrero de 2012. El texto apostaba por "desarrollar una actuación de colaboración" y por ubicar la sede en la CAV, de modo que, aunque solo fuera por la ubicación de la sede, se entendía que algo tendría que decir Lakua en el proyecto, aunque se reservaba para Madrid un plus de responsabilidad al partir la iniciativa de la ley estatal de víctimas.

Fuentes de Lehendakaritza consultadas por DNA aclaran que en esa reunión acordaron mantener el contacto, pero no ha habido respuesta de España. "Seguimos esperando que llamen", resumen. Al no haber contactos, el Gobierno vasco tampoco ha recibido ninguna comunicación oficial que notifique que Madrid ha decidido monopolizar el proyecto o actuar de manera unilateral. Sin embargo, El Correo publicaba ayer que el Gobierno español ha decidido ir avanzando sin contar con Euskadi, y que quienes deseen sumarse a la iniciativa deberán coincidir con el criterio de Madrid. Desde el Gobierno vasco carecen de elementos de juicio que les permitan concluir que la decisión del Ejecutivo español es firme y definitiva, y que haya decidido expulsar a Euskadi del proyecto. Por ello, esperarán a que el Ministerio del Interior se ponga en contacto con ellos. En cualquier caso, creen que, de confirmarse los peores pronósticos, el gabinete de Rajoy estaría incumpliendo el protocolo de colaboración. En ese sentido, desde Lakua explican que el Ejecutivo español duda de que el convenio siga vigente, ya que ha mediado un cambio de gobierno en la CAV. Contra esa interpretación, en el Gobierno vasco recuerdan que el acuerdo se firmó entre ejecutivos, y no entre siglas políticas.

El lehendakari ha redoblado sus llamamientos al consenso en materia de paz en las últimas semanas, preocupado por las recientes actuaciones del Gobierno español. Sin embargo, las fuentes consultadas explican que Rajoy aún no había respondido ayer a la solicitud de reunión de Urkullu. La presidenta del PP de la CAV, Arantza Quiroga, había creado cierta expectativa de diálogo al asegurar que había insistido en ese punto en su encuentro con el presidente español.

Quizás por ello mayor fue la sorpresa del portavoz de Lakua, Josu Erkoreka, cuando leyó la prensa. "Nos sorprende mucho que el Gobierno central haya decidido actuar unilateralmente en un ámbito como este, en que resulta particularmente necesario actuar de manera concertada. Hemos escuchado a la presidenta del PP de Euskadi hablar de la necesidad de promover grandes acuerdos, y este era uno de esos temas en que los acuerdos eran imprescindibles y estaban ya comprometidos", lamentó en Getxo.