Palma. El juez del caso Nóos, José Castro, citó ayer a declarar el próximo día 25 a los tres inspectores de Hacienda y a los otros ocho testigos cuya declaración solicitó el fiscal Pedro Horrach, pero eludió replicar a su acusación de que basa la imputación de la infanta Cristina en una "teoría conspiratoria". En una providencia emitida en la mañana de ayer, el instructor del caso Nóos atendía todas las peticiones formuladas por el fiscal y llamaba también a declarar a un perito propuesto por el sindicato Manos Limpias que, al contrario que los funcionarios de la Agencia Tributaria, sí opina que la infanta Cristina cometió delito fiscal. En su escrito, el juez Castro se limitó a ordenar la citación de los testigos sin entrar en consideraciones sobre la "absurda y denigrante teoría de una supuesta manipulación tendenciosa" que le atribuyó el fiscal. A su llegada a los juzgados y al ser interpelado por esta descalificación por parte del fiscal Horrach, el juez Castro aseguró que no iba a hacer "absolutamente ningún comentario".

En su escrito, el fiscal Pedro Horrach acusaba abiertamente al juez de urdir una "teoría conspiratoria" para imputar a la infanta Cristina con el fin de atribuirle un delito fiscal. Por ello solicitaba que, "con carácter previo a la declaración de Doña Cristina de Borbón deviene imprescindible ,se produzca la declaración como peritos de los inspectores de la Agencia Tributaria" que elaboraron los informes en los que se exoneraba a la hija del monarca español de la comisión de un delito contra la Hacienda pública.

El juez Castro ha atendido a esta solicitud y así, el próximo día 25, sábado, han sido citados en los juzgados de Palma a las 09.30 horas dos inspectores de Hacienda responsables del análisis de la actividad económica de la infanta Cristina a través de su empresa Aizoon, que comparecerán como peritos, y otra inspectora fiscal que declarará como testigo a las 10.30 horas. Tal como se ha señalado, el fiscal consideró "imprescindible" que estos funcionarios de Hacienda argumentaran su conclusión de que la duquesa de Palma no cometió delitos fiscales después de que el juez la cuestionara en el auto del 7 de enero en el que imputó a la infanta por considerar que sí había indicios de que pudo defraudar a Hacienda más de 120.000 euros en un año, además de blanquear dinero procedente de actividades ilícitas.

Además, Castro ha fijado para las 11.30 horas de ese día 25 la declaración de representantes de siete empresas en cuyos consejos de administración participó Iñaki Urdangarin -Mixta Africa, Lagardere Ressources, Aceros Bergara, Havas Sport France, Altadis, Pernod Ricard y Seeliger y Conde- , y que ya testificaron que efectivamente el esposo de la hija menor del rey formó parte de esos órganos. El fiscal Pedro Horrach pidió la práctica de esta prueba por entender que el juez instructor cuestionaba la veracidad de la afirmación que hicieron estos testigos cuando declararon.

Asimismo, el magistrado ha citado como testigo a la inspectora jefe del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía, responsable de investigar en qué gastaron los duques de Palma, y en particular la infanta Cristina, fondos de Aizoon. En el auto también se cita a un perito designado por el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, que emitió un informe en el que sostiene que la infanta cometió presuntamente delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo.

Apoyo de los jueces En este contexto, la asociación judicial Francisco de Vitoria (FV) reclamó ayer del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Ministerio Fiscal que emprendan medidas contra la "intolerable" campaña de "acoso y desprestigio" plagada de críticas vejatorias y ataques personales que está recibiendo el juez Castro.

La organización de juristas se pronunciaba así a propósito del escrito del fiscal Pedro Horrach por contener expresiones "impertinentes y ofensivas" y acusaciones "muy graves" a la actuación del juez instructor. Ante lo que consideran "silencio" del CGPJ, la asociación Francisco de Vitoria denunciaba que el Ministerio Fiscal, órgano "teóricamente" llamado a ser el garante de la legalidad, se ha sumado a esta "grosera" e "intensa" campaña contra el juez Castro.

A su entender, las resoluciones judiciales pueden ser objeto de crítica, pero cuando esta se convierte en "ataques directos y reiterados" a la persona del magistrado constituye un "mecanismo de presión injustificado e intolerable", que debería ser inmediatamente abortado por el órgano de gobierno encargado de defender la independencia judicial, esto es el Consejo del Poder Judicial. "Cuando los ataques personales al juez los realiza precisamente una de las partes, o un representante del Ministerio Fiscal, la reacción se hace imprescindible", señalaba el comunicado que condenaba las "expresiones groseras, el desprecio al juez y las acusaciones veladas de prevaricación que destila el escrito del Ministerio Público".