Los presos de ETA se topan con la realidad

Expresos de ETA que leyeron un comunicado hace una semana en Durango, en la que respaldaron la estrategia del EPPK de aceptar la legislación penitenciaria. Foto: jose maría martínez

Los presos de ETA se topan con la realidad

La nula voluntad del Gobierno del PP para suavizar la dispersión y el precedente de la obstrucción a los arrepentidos de la 'vía Nanclares' hacen presagiar un futuro incierto para los planes del EPPK

Raquel Ugarriza

VITORIA. El colectivo de presos de ETA (EPPK) acaba de dar un paso histórico pero, previsiblemente, insuficiente para conseguir uno de los objetivos declarados en el comunicado que hizo público el último sábado de 2013. La "vuelta a casa" de los reclusos, esto es, su acercamiento a cárceles vascas se adivina un propósito difícil de materializar en las actuales circunstancias, según los expertos jurídicos consultados. De poco les servirá a los miembros del colectivo el reconocimiento de los cauces legales para su traslado a Euskadi, así como su genérico reconocimiento del daño causado tal y como lo han formulado. El Gobierno español tiene la sartén por el mango y está enrocado en no dar ni un solo paso mientras ETA no entregue las armas y se disuelva, y los presos procedan a su desvinculación clara de la disciplina de la organización.

Los escasos precedentes tampoco son halagüeños. Ahí están los presos disidentes englobados en la denominada vía Nanclares, que se desvincularon de ETA hace tiempo, a costa de ser tildados de traidores por el resto de reclusos. Pues bien, el Gobierno de Mariano Rajoy ha optado por poner todas las trabas posibles a la obtención de beneficios penitenciarios, lo que obliga a estos reclusos a recurrir a los tribunales cada una de las negativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Lo más llamativo de la actuación del Ejecutivo del PP es que el colectivo de la vía Nanclares cumple todos los requisitos a los que obliga la legislación para la obtención de beneficios penitenciarios, como los permisos, el régimen abierto y la libertad condicional: han roto con la organización y pedido perdón a las víctimas -incluso se han reunido con ellas y han participado en actos públicos de reconciliación-, hacen frente al pago de la responsabilidad civil por sus atentados y colaboran con la justicia. Ni siquiera el cumplimiento de estas duras exigencias han suavizado la presión del Gobierno español, que mira con lupa cada una de sus peticiones. Y lo cierto es que entre los presos de la vía Nanclares y los del EPPK dista un mundo a día de hoy en cuanto a la asunción de sus responsabilidades y su desvinculación de ETA.

traslado a euskadi El comunicado del EPPK hablaba explícitamente del acercamiento a cárceles vascas como el objetivo más inmediato del colectivo, lo que hace pensar que los reclusos, de manera individual, comenzarán a enviar sus solicitudes a Instituciones Penitenciarias en breve, posiblemente este mismo mes, aunque está por ver si la detención de parte de los interlocutores del EPPK y la prohibición de la manifestación por el derecho de los presos retrasará la campaña de peticiones. A diferencia de los beneficios penitenciarios, sobre esta materia únicamente tiene competencia el Ministerio del Interior. Una decisión política de un gobierno activó la dispersión y una decisión de otro podría poner fin a esta política.

Al tratarse de una decisión política, no existe ninguna exigencia legal que determine el acercamiento de un preso. En algunos medios ya han circulado borradores de los formularios en los que, previsiblemente, están trabajando la defensa de los presos y en los que se incluiría una declaración por la que cada recluso da "por finalizada la fase de la actividad armada de acuerdo a la declaración realizada por ETA en octubre de 2011" y se "adhiere plenamente" a "la estrategia política de la izquierda abertzale". Asimismo, se afirmaría que "el conflicto ha generado víctimas y dolor en ambas partes, lo cual exige, por ambas partes, un ejercicio de responsabilidad y compromiso cara a un futuro de libertad y paz para Euskal Herria". Cada recluso, además, detallaría la cárcel de destino que solicita.

De no acceder a las peticiones que previsiblemente empiecen a llegar de manera escalonada al Ministerio, los reclusos podrían interponer recurso en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, lo que iniciaría un proceso judicial que podría acabar en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Lo ocurrido con la doctrina Parot podría animar a los presos de ETA a explorar la vía de la vulneración de los derechos humanos si el Gobierno sigue manteniendo la dispersión de los presos y su lejanía de la familia y el entorno social. El problema de esta estrategia radica en que la resolución de una demanda que llegara al Tribunal Constitucional y más tarde a Estrasburgo podría suponer un itinerario judicial de cerca de una década, vistos los precedentes.

programa de reinserción Aparte de la vía Nanclares, ya hay un precedente de modelo de acercamiento. Y el autor es el mismísimo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sobre el que se ciernen las críticas por ser la cara más inmovilista del Gobierno de Rajoy. Al inicio de la legislatura a principios de 2012, anunció un programa de reinserción, que quedó en papel mojado, pero que avanza cuáles son las condiciones del Estado español para proceder a un acercamiento individualizado de los presos. Aquel programa solo exigía dos condiciones: bastaría que por escrito el recluso en cuestión muestre su renuncia a la violencia y su abandono de la organización armada.

He aquí precisamente en donde, según los juristas consultados, se podría escudar Instituciones Penitenciarias para denegar los traslados a cárceles vascas. Que se conozca, los presos no han dado señales de que vayan a anunciar su abandono o desvinculación de la organización en su solicitud de traslado, a lo que se suma que Interior concibe las futuras peticiones individuales como una "acción colectiva" inspirada por el frente de cárceles y, en última instancia, por ETA.

progresión de grados Acogerse a beneficios penitenciarios sería el segundo paso que podría adoptar el colectivo de presos, aunque significa la ruptura de un auténtico tabú en este mundo, lo que hace prever que estas solicitudes no serán inmediatas como las de los traslados. Pero primero deberán progresar de grado penitenciario.

Todos los miembros del EPPK se encuentran en primer grado, en régimen cerrado, una auténtica anomalía, pero que Instituciones Penitenciarias justifica por el mal comportamiento de los reclusos, que históricamente se han negado a participar en las actividades de los centros -es conocido que Valentín Lasarte fue expulsado de ETA por ofrecerse a trabajar en el economato de la cárcel- ni a someterse la disciplina de los centros, y cuyo último ejemplo fue la huelga de hambre protagonizada por los reclusos de Sevilla II el pasado octubre. Si demuestran una adaptación al régimen carcelario, Instituciones Penitenciarias tendría que hacerles una progresión de grado al régimen ordinario, paso indispensable para llegar al tercer grado o régimen abierto.

artículo 100.2 El artículo 100.2 del Código Penal introduce el llamado principio de flexibilidad, que combina beneficios de cada uno de los grados de clasificación. Ello permite la incorporación progresiva al régimen abierto de penados clasificados en segundo grado. Algunos presos de la vía Nanclares que todavía están en segundo grado han conseguido mediante este sistema poder salir de la cárcel durante varias horas para estudiar o trabajar.

tercer grado Para poder acogerse a la libertad condicional se precisa haber progresado hasta el tercer grado. Tanto esta progresión de grado como la libertad condicional en personas condenadas por delitos de terrorismo requieren de idénticos requisitos para acreditar un buen "pronóstico de reinserción social": haber abandonado "los fines y los medios de la actividad terrorista", colaborar con la justicia y pedir perdón a las víctimas, además de haber asumido el pago de las indemnizaciones. Progresar al tercer grado supone un paso significativo, ya que el recluso puede optar a permisos puntuales y de fin de semana, así como a salir de la cárcel controlado con procedimientos telemáticos.

La progresión de grado es decidida por la junta de tratamiento de la cárcel y puede ser recurrida a Instituciones Penitenciarias, aunque la última palabra la tienen los tribunales. El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional y, en otros casos, la Sala de lo Penal de este mismo tribunal deciden en última instancia sobre el tercer grado, los permisos y la libertad condicional.

libertad condicional Los requisitos de los condenados por terrorismo para acceder a la libertad condicional son estar clasificados en tercer grado, haber cumplido las tres cuartas partes de la condena y mostrar buena conducta, y un buen "pronóstico de reinserción social", incluyendo haber "abandonado los fines y medios de la actividad terrorista".

La reforma de 2003 del Código Penal endureció ostensiblemente las penas para los autores de delitos terroristas cometidos a partir de esa fecha. Así, aumentó la pena máxima de 30 a 40 años y estableció que la libertad condicional se concederá cuando quede por cumplir una octava parte del límite máximo. Entre 100 y 150 presos de ETA podrían estar en estas circunstancias. Es el caso de los miembros del comando Otazua, condenados en diciembre a 3.860 años de cárcel por atentar contra la casa cuartel de Burgos, que no podrían optar a la libertad condicional hasta el año 2046 de aplicarse estrictamente la actual legislación.

enfermos y penas en francia Los enfermos graves e incurables podrían acceder a la libertad condicional si tienen pronóstico favorable de reinserción y por lo tanto han "abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista". Por su parte, expertos jurídicos apuntan que quienes cumplen condena en Francia con causas pendientes en el Estado español podrían acogerse cuanto antes al convenio de Estrasburgo sobre el traslado de presos para que el tiempo cumplido en cárceles galas les contase para el límite de condena máxima en España.

El Gobierno decide en exclusiva sobre los traslados, aunque se podrían judicializar y acabar en Estrasburgo

La Audiencia Nacional tiene la última palabra sobre la progresión de grados, los permisos y la libertad condicional

Jorge Fernández Díaz. Foto: efe

Está por ver si las últimas detenciones y prohibiciones retrasan el envío de peticiones de acercamiento a Euskadi

El comando que atentó contra la casa cuartel de Burgos no saldría en libertad condicional hasta el año 2046