El desarme y la disolución de ETA allanarían el camino

El desarme y la disolución de ETA allanarían el camino

Rajoy únicamente contempla el acercamiento de los presos con la desaparición de la organización

R. Ugarriza

VITORIA. El futuro de la política penitenciaria dependerá en gran medida de los escenarios que abran las actuaciones del Gobierno español, de una parte, y de la Administración de la Justicia, por la otra. Y factor determinante para todos estos escenarios es la decisión que tome la propia ETA sobre su desarme y disolución como organización. En este sentido, si la organización armada diera los pasos que le reclama la inmensa mayoría de la sociedad vasca dejaría sin argumentos al Gobierno del PP. De hecho, es el propio Ejecutivo el que ha mostrado su disposición a variar su política en este campo si ETA se desarma y procede a su disolución. Caso muy distinto sería facilitar beneficios penitenciarios, contra la que siempre se ha posicionado el Ejecutivo, que aboga por el cumplimiento íntegro de las penas.

En otro segundo escenario abierto, en el que algunos han puesto sus esperanzas, está la interpretación de que los jueces, fundamentalmente de la Audiencia Nacional, puedan hacer de la legislación antiterrorista. En ámbitos jurídicos, se está hablando mucho de la adecuación de la aplicación de la ley a un momento en que, estrictamente hablado, ETA no comete atentados terroristas, por lo que la aplicación de los agravantes previstos para los acusados y condenados por terrorismo podrían ser aminorados. En un artículo en la revista Hermes, el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, Javier Mira Benavent, consideraba necesario, por ejemplo, "reinterpretar el delito de pertenencia a organización terrorista" para evitar que estos tipos penales "puedan seguir siendo usados como instrumentos de criminalización" de la "actividad política de dirigentes o portavoces" de la izquierda abertzale. Sin embargo, esta "reinterpretación" recaería sobre los hombros de jueces y fiscales a los que, desde sectores más extremistas, se critica por sistema por cualquier tímido paso como la libertad de un preso enfermo o el permiso para un acto con exreclusos y que también en su seno evidencian criterios contrapuestos a la hora de afrontar el fin de ETA.

Por eso, el propio Mira Benavent cree que "la solución más sencilla para desactivar todo este artefacto penal pasa por una política de reformas legislativas o de concesión de indultos". Pero está visto que Rajoy no lo va a hacer. Un último escenario llevaría a un futuro gobierno que decidiese reformar las leyes para suavizar la situación de los presos en un escenario sin ETA.