BILBAO. Una piedra en el camino en el marco del proceso de paz y normalización que se dirime en Euskadi. Tras el estupor inicial y la confusión suscitada en el momento de la detención de ocho miembros del grupo de interlocución del colectivo de presos de ETA (EPPK), el Gobierno Vasco expuso ayer su contrariedad por la operación policial dirigida desde el Ejecutivo español denunciando lo que entiende como "burda operación mediática" que supone "un paso atrás" en el nuevo tiempo, amén de ratificar el comportamiento de "ligereza" y "cortoplacismo" del Gabinete presidido por Rajoy. Fue el portavoz de Lakua, Josu Erkoreka, quien con una escenografía verbal que revelaba el cariz del acontecimiento plasmó la ingrata sorpresa que ha suscitado la actuación contra el EPPK, con los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza como referentes, en el Gobierno de Urkullu, que ha apostado por la cautela y responsabilidad en este escenario.

Lamentó además Erkoreka que de la operación desarrollada el miércoles por orden de la Audiencia Nacional no se informara previamente a la Ertzaintza del dispositivo, excepto "cuando ya estaba en marcha" y habían tenido conocimiento de la misma por los medios de comunicación. Ahora que la violencia terrorista ha expirado, "tenemos la oportunidad de favorecer un futuro de paz y convivencia para Euskadi", alentó el jeltzale, reprochando que este tipo de decisiones, con el precedente del que ya se vivió con Herrira, solo son "reflejo del empecinamiento" del Ministerio de Interior "en hacer creer que nada ha cambiado, en volver al pasado", como si desde Madrid se busque gestar una realidad paralela y diferente a la que está experimentando la sociedad vasca tras el silencio de las armas y justo en las fechas en que se aguarda a un posible comunicado de ETA que verse sobre su desarme. La verdad es que "la realidad ha cambiado a mejor en Euskadi", reseñó Erkoreka.

marcada por el "telediario" La operación destiló unos tintes tan mediáticos que ayer, aunque la defendiera, incluso el portavoz parlamentario del PP de la CAV, Borja Sémper, admitió que existió "un exceso de celo a la hora de comunicarla". Lo que el portavoz del Ejecutivo vasco catalogó como una actuación interesada "por el horario del Telediario", lo que a su juicio es "digno de ser denunciado", señalando que el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, que calificó al frente de makos como "tentáculo de la banda", estuvo "muy mediatizado" en el instante de difundir la primera información al respecto de lo que estaba aconteciendo en diferentes lugares de Euskadi, principalmente en Bilbao. Refiriéndose a cuando salió a la luz lo que sucedía, con la posterior anulación de Interior al ver en peligro el fin de su dispositivo, Erkoreka puntualizó que la Guardia Civil no comunicó a la Ertzaintza previamente de ello, sino que la Policía vasca supo del registro a través de los medios. A la vista de semejante desconcierto por las contradicciones y desmentidos, fue la propia consejera vasca de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, quien se puso en contacto con Interior para transmitir su "malestar por el escaso margen temporal que se la había dado para reaccionar y por la desconsideración" que supuso esa forma de actuar respecto a la Ertzaintza, "policía integral" que debía garantizar la seguridad pública en las calles adyacentes donde tuvo lugar la operación.

El Gobierno Vasco aprovechó además para recordar su empeño en seguir trabajando para "consolidar" este nuevo tiempo, comprometiéndose con la puesta en marcha de las iniciativas contenidas en el Plan de Paz y Convivencia". Erkoreka prefirió no decantarse sobre la necesidad de tomar medidas judiciales sobre la filtración anticipada de la actuación ni acerca de si los detenidos deben ser puestos en libertad o no dado que son cuestiones que están en manos de la Justicia, y que la responsabilidad del Ejecutivo de Urkullu es plasmar su "valoración política". En este horizonte es donde demanda al Gabinete de Rajoy una "mayor altura de miras y mayor visión de futuro". Sobre todo porque "estamos acostumbrados a que estas operaciones policiales terminen después en la nada", recordó. Lakua prefiere optar por trasladar a la ciudadanía vasca una actitud "en positivo". "Es tan sencillo como apoyar un proceso de diálogo y reinserción ante la inequívoca voluntad de poner fin a la violencia", explicó Erkoreka, citando el "espíritu constructivo" que hace tres décadas suscribieron las formaciones políticas en el seno de la Mesa de Ajuria Enea. "Es tiempo de ilusión y esperanza. Porque con la paz y la convivencia en Euskadi ya no hay marcha atrás", zanjó.

reproche de eh bildu Por su parte, representantes de EH Bildu -entre ellos los dirigentes de Sortu Pernando Barrena y Asier Harraiz, y el secretario general de EA, Pello Urizar-, así como de los sindicatos ELA, LAB y CC.OO., ratificaron su "compromiso" con la defensa de los derechos de los presos de ETA y consideraron evidente que el Gobierno español está "empeñado en impedir que el proceso de paz avance". "Las detenciones pretenden que cunda el desánimo en nuestro país, además de criminalizar la labor de apoyo a los presos y la denuncia sobre la conculcación de derechos de que son objeto", argumentaron. En esta sintonía, la parlamentaria Laura Mintegi, junto a su compañera de formación Maribi Ugarteburu, llamó por teléfono al lehendakari Urkullu para reclamarle que los agentes de la Ertzaintza dejen de dar cobertura a la Guardia Civil en los registros que ordena la Audiencia Nacional.

Y mientras los socialistas vascos notificaron a través de un comunicado que "el momento en que se ha producido esta operación y la forma en que se ha instrumentado ha causado zozobra y controversia, confiando en que la indagación judicial confirme que la intervención estuvo plenamente justificada"; sus compañeros de filas del PSE de Donostia fueron un paso más allá uniendo su voto al de Bildu y PNV en el Ayuntamiento que rige Izagirre para aprobar una declaración institucional donde se plasma que las detenciones "suponen un obstáculo en el actual contexto político" de Euskadi. En el polo opuesto, el portavoz de PP en el Congreso, Alfonso Alonso, se felicitó de que ahora "hay ocho terroristas menos en la calle, porque esta gente pertenecía al aparato de ETA". Todo, a la espera de cómo germine la marcha de mañana en defensa de los derechos de los presos de la banda.