madrid. La Fiscalía de la Audiencia Nacional quiere que se abra una investigación sobre la noticia de la actuación de la Guardia Civil contra el grupo de interlocutores de los presos de ETA, que fue difundida por el Ministerio del Interior y anulada posteriormente antes de que comenzara la operación. Fuentes fiscales informaron de que es "obligado" investigar lo sucedido porque es "lamentable que una operación de esta envergadura se vaya así al traste". La fiscalía de la Audiencia Nacional decidirá hoy si abre diligencias para investigar lo sucedido o pide al juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, Eloy Velasco, que inicie la investigación.

La operación estuvo marcada por la polémica después de que el Ministerio del Interior informara de ella pasadas las tres de la tarde horas, aunque sin nombres ni número de detenidos, cuando todavía los agentes no habían salido de sus acuartelamientos para proceder a la entrada del despacho de Arantza Zulueta, donde estaba prevista una reunión de los interlocutores con el colectivo de presos EPPK. Media hora más tarde el ministerio enviaba otra nota en la que anulaba la anterior, pero para ese momento los periodistas ya ocupaban los exteriores del despacho de Arantza Zulueta, en Bilbao. Apenas unos minutos después del primer comunicado, a las 15.18 horas, cuatro agentes de paisano llegaron corriendo al portal donde se encuentra el despacho de abogados de Zulueta. Los agentes accedieron al portal y ya en ese momento varias de las personas después detenidas bajaban por las escaleras.

Fuentes fiscales consideran lo ocurrido como grave puesto que, al adelantarse la información sobre la entrada de la Guardia Civil en el local, ha podido dañar la investigación judicial del juez Velasco. De hecho, la Guardia Civil que registró el despacho no encontró documentos de interés, ya que a los detenidos les pudo dar tiempo a deshacerse de pruebas al haberse informado de la operación antes de tiempo, según manifestaron fuentes de la lucha antiterrorista. Los detenidos habrían podido encriptar la información de sus ordenadores, lo que hará más lenta y dificultosa la obtención de los datos que buscaba la Guardia Civil.

Por su parte, los sindicatos policiales SUP y CEP, y la Unión de Guardias Civiles exigieron al Ministerio del Interior -que durante toda la jornada no dio una explicación oficial de lo ocurrido- explicaciones "inmediatas y consistentes" por poner en riesgo la operación.