bilbao. El Gobierno de Iñigo Urkullu reconoce la existencia de duplicidades e ineficiencias en el entramado institucional de la Comunidad Autónoma Vasca pero las achaca a la falta de coordinación o cooperación entre las diversas administraciones, y no tanto a la "complejidad" del modelo competencial vasco ni a que haya instituciones que realicen actuaciones sin tener competencia para hacerlo. "La necesidad de profundizar en la cultura cooperativa es el auténtico caballo de batalla a abordar", se sentencia en el borrador del informe de duplicidades de las administraciones vascas redactado por el Gobierno Vasco, que ya ha enviado a las tres diputaciones y a la Asociación de Municipios Vascos-Eudel y que también remitirá al Ejecutivo español.

Estas administraciones tendrán de plazo hasta el próximo día 20 para realizar sus aportaciones a esta primera versión del llamado Informe sobre el Análisis y Funcionamiento Institucional en la CAV, unas contribuciones que se integrarán en el documento definitivo que los partidos políticos debatirán en la ponencia de duplicidades del Parlamento Vasco.

Este documento parte del primer informe que realizó el Gobierno de Patxi López, que fue criticado por los entes forales, a los que ni siquiera consultó y a los que culpaba de la mayor parte de las ineficiencias. También a diferencia del primer texto, el informe del Ejecutivo del PNV no cuantifica el coste de las duplicidades porque se trata de propuestas abiertas al debate de todas las partes.

El documento, al que ha tenido acceso este diario, defiende la validez que configura la arquitectura institucional vasca y no cuestiona el modelo, aunque observa muchos puntos de mejora basados en la coordinación entre instituciones. Incluye en este apartado también a la Administración española. Observa que los mayores "solapamientos" se dan precisamente donde no se han materializado las transferencias, por lo que reclama el traspaso de las mismas a Euskadi.

delegado del gobierno Destaca también las ineficiencias derivadas del "exceso" en el ejercicio de sus funciones por parte del Estado, y cita la figura del delegado del Gobierno español, ya que las funciones de coordinación entre administraciones se desarrollan "habitualmente" a través de órganos bilaterales o multisectoriales. Afirma asimismo que su papel como representante ordinario del Estado recae en el lehendakari, según el Estatuto de Gernika.

El problema de la falta de repliegue de las FSE

El informe del Gobierno Vasco critica las ineficiencias generadas por "la falta de repliegue" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por la no "adecuación a sus funciones estatutarias". Pide por tanto que las FSE dejen de realizar "funciones propias del ámbito competencial del Gobierno Vasco". El documento detalla área por área propuestas de mejora y, en concreto en el apartado policial, plantea que sea la Junta de Seguridad la que establezca los criterios de la adecuación, lo que conllevaría la reducción de los efectivos -4.580 policías y guardias civiles desplegados en Euskadi, según datos del Ministerio del Interior-, con el objetivo de alcanzar una ratio "razonable", especialmente tras haber desaparecido la amenaza terrorista. A nivel general, el informe propone extender a todas las organizaciones públicas la elaboración de planes de racionalización y redimensionamiento del sector público, crear un Consejo de Políticas Públicas de Euskadi -de carácter transversal en todas las instituciones y que active procesos que eviten las duplicidades en cada territorio- y ampliar las funciones de la Comisión Arbitral de Euskadi.