El juez no ve delito pero sí dudas en el préstamo del rey para comprar Pedralbes

El juez no ve delito pero sí dudas en el préstamo del rey para comprar Pedralbes

sostiene que "se aparta de la rutina" pero cree que en todo caso estaría prescrito

El juez valora que los ingresos lícitos de Aizoón no "bastarían" para pagar las hipotecas de los duques

palma. El juez José Castro, afirma en el auto que "ningún recelo ha de experimentarse" en relación de la concesión de un préstamo de 1,2 millones de euros por su majestad el rey en favor de su hija "por el hecho natural y frecuente de que un padre ayude a su hija a la financiación de la compra de su vivienda", aunque plantea dudas sobre esta acción ya que "se aparta de la rutina" los mecanismos establecidos para su devolución. Según explica el juez choca que se sintiera la necesidad de documentar este préstamo mediante escritura pública cuando tal formalidad no es obligada y que, por el contrario, no se experimentara la necesidad de "dotar de objetiva constatación su devolución a través del mismo cauce de consolidadas prácticas bancarias", previéndose solamente que tendrá lugar en el Palacio de la Zarzuela, "lo que obligaría al traslado personal y material de importantes sumas de dinero en efectivo de cuya trayectoria debería quedar plausible huella pero que se ignora". No obstante, coincide Castro con el fiscal del caso, Pedro Horrach, que en el supuesto delito fiscal que tales hechos pudieran constituir estaría, en todo caso, prescrito.

En el motivo en el que se dedica a responder a las cuestiones planteadas por la Fiscalía -que se opuso a la imputación junto con el resto de partes, salvo Manos Limpias-, el juez señala respecto a este préstamo que "quizá no sea tan frecuente su elevado importe, de 1,2 millones de euros", pero reconoce que ello va en función de las posibilidades económicas del prestamista y necesidades financieras de la prestataria. En todo caso, no contempla el juez que exista en este hecho concreto ningún delito que hipotéticamente pudiera haberse cometido disfrazando deliberadamente como préstamo lo que era una pura y simple donación para que no tributara como tal.

Las consideraciones se hacen en relación con un correo electrónico obrante en la causa, remitido el 15 de junio de 2004 por el esposo de la Infanta, Iñaki Urdangarin a Marco Teijero dándole instrucciones para que remitiera un proyecto económico-financiero para la compra de la vivienda en Elisenda Roca, en el barrio de Pedralbes de Barcelona.

insuficiente También sobre la vivienda de los duques de Palma, Castro observa que si se suman todos los ingresos obtenidos por arrendamientos, única actividad lícita que le reconoce la Agencia Tributaria a su sociedad Aizoon, "no bastaría" para cubrir el pago de las mensualidades de los préstamos hipotecarios contraídos por los duques de Palma, lo que lleva a concluir que las fincas adquiridas por el matrimonio se han financiado en parte con ingresos de procedencia supuestamente ilícita.

Y es que, tal y como precisa el juez en su resolución judicial, de 227 páginas, los ingresos menores obtenidos por Aizoon provenían del alquiler de inmuebles, por un importe anual de 30.576 euros en 2007 y 27.329 en 2008, "notoriamente inferiores" a los importes facturados por la supuesta actividad de asesoría desplegada por Iñaki Urdangarin y por la que la mercantil ingresó 645.453 euros en 2007 y 494.156 un año después.

Del auto del juez se desprende asimismo que la infanta Cristina únicamente realizó compras por importe superior a 3.005,06 euros con cargo a su propio peculio, las dos en un comercio de ropa de vestir y sin ninguna relación con la decoración del Palacio de Pedralbes. La mayoría de los gastos invertidos en el hogar matrimonial corrieron a cargo de Aizoon. Este dato es uno de los contemplados por el juez para justificar la necesidad de citar a declarar a la Infanta el próximo 8 de marzo en calidad de imputada.

La infanta, "escudo" contra Hacienda

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, sostiene que la intervención de la infanta Cristina en Aizoon constituía un "escudo frente a Hacienda", en línea de lo que puso de manifiesto en su día el notario que participó en la constitución de la sociedad, quien apuntó que el exasesor fiscal del Instituto Nóos Miguel Tejeiro auspició la colocación de la hija del rey en la mercantil para que ésta gozase de un trato especial por parte de la Agencia Tributaria. Castro afirma que la adquisición por parte de la Infanta del "nada despreciable montante" del 50% del capital de Aizoon, tenía como objetivo una "aspirada protección fiscal" que, "lejos de mantenerse oculta", fue trasladada al notario Carlos Masía. "De una ingenuidad imperdonable sería que a doña Cristina de Borbón se la ocultasen y ni qué decir tiene que, para ese caso, ella no lo adivinase y prestara a ello su tácita conformidad", añade Castro en su resolución judicial. El propio Masía manifestó en su última comparecencia ante el juez cómo, de cara a la puesta en marcha de Aizoon, recomendó que la infanta no figurase en la misma puesto que era "muy peligroso ponerla en una sociedad expuesta a muchas cosas".