bogotá. Desde el inicio de las negociaciones el 19 de noviembre de 2012 las dudas y expectativas han acompañado el diálogo entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla más antigua de toda Latinoamérica con el apoyo de Noruega y Cuba como garantes y el respaldo de Venezuela y Chile. Aunque sin duda lo más destacable del proceso ha sido la respuesta positiva de la población aportando iniciativas a la mesa de diálogo.
Ambas partes, Estado y FARC, se muestran satisfechas del camino recorrido, sin embargo un año de conversaciones se ha demostrado insuficiente para avanzar en un proceso de paz duradera y estable, según expertos en el conflicto armado, que auguran un desarrollo más largo para poder cumplir todos los desafíos tras cinco décadas de guerra, pese a la intención del presidente de tener un acuerdo definitivo antes de finalizar 2013 y que se solapa con el proceso electoral.
alto el fuego unilateraral El Gobierno rechazó a su vez un cese del fuego bilateral hasta no alcanzar un acuerdo final si bien las FARC acaban de decretar un alto el fuego unilateral por Navidad. Así, al menos 61 militares y 75 guerrilleros han muerto en combates a lo largo de este año.
De momento las partes han logrado avanzar en acuerdos parciales en dos de los seis puntos marcados en la agenda diseñada para que la guerrilla abandone las armas y se transforme en una organización política. El primer pacto, encaminado a relanzar una nueva política de desarrollo agrario integral en un país donde el desigual reparto de la tierra se sitúa en el origen del conflicto armado. El objetivo, mejorar el acceso a tierras a campesinos pobres mediante estrategias como un fondo de tierras recuperadas a grupos ilegales o adquiridas por el Estado.
participación ciudadana El 6 de noviembre se anunció un nuevo acuerdo sobre participación política y profundización en la democracia en las garantías políticas que tendrá la oposición y, en especial, el movimiento político que nazca de las FARC si el diálogo en La Habana culmina en un pacto de paz definitivo. Contempla también mecanismos de participación ciudadana en los asuntos públicos.
Las FARC han pedido garantías de que no se repita lo que ocurrió con aniquilación del partido Unión Patriótica, con el Gobierno de Betancur, que se cobró la vida de unos 4.000 militantes a manos de militares y agentes del Estado. Como lo hicieron otros grupos guerrilleros de América Latina que firmaron la paz, las FARC aspiran a convertirse en un partido político si se logra un acuerdo definitivo. El nuevo desafío son las drogas ilícitas, fuente de financiación de los grupos armados. Precisamente en la mesa de paz se plantea estudiar programas de sustitución de cultivos y de recuperación ambiental en zonas afectadas, así como planes de prevención del consumo.
El líder máximo de la guerrilla, Rodrigo Echeverri, alias Timochenko, definió la postura de las FARC en la oposición a la guerra armada contra las drogas impulsada por Estados Unidos y en el respaldo de las alternativas productivas para campesinos que acuden al negocio de los estupefacientes por necesidad. Pero a nadie escapa la involucración de las FARC en el negocio de la droga para financiar su guerra, aunque ellos insistan en que su relación con el narcotráfico se limita a cobrar lo que llaman "impuesto" en las zonas de cultivo.
En el último punto de la agenda analizarán el fin del conflicto que incluye complejas discusiones sobre el cese el fuego, la dejación de las armas por parte de la guerrilla, el mecanismo de justicia transicional al que se someterá este grupo y la reparación de víctimas.
el factor electoral Por otro lado, quedan escasos meses para las elecciones presidenciales de mayo y las legislativas de marzo, y Santos probablemente optará a la reelección lo que precipita el empeño del Gobierno por lograr un acuerdo definitivo. Entre tanto el ex presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), y su candidato Óscar Ivan Zuluaga, utiliza las negociaciones en su campaña contra Santos, principalmente la reintegración de los guerrilleros en la sociedad y la posibilidad de que eludan la cárcel, más ahora que se ha conocido que fue objetivo militar de las FARC.
La oposición de Uribe habla de impunidad inasumible. Los guerrilleros de las FARC no quieren ir a prisión pero están dispuesto a entregar sus armas de llegar a firmarse la paz, mantenía en agosto Alias Timochenko, jefe máximo de las FARC. Por su parte, Santos ha garantizado que en el proceso de paz no habrá impunidad porque se aplicará la justicia transicional, lo que significa que se van a respetar los derechos de las víctimas, señaló. El presidente también insistió en que no hay amnistía o indulto, al tiempo que recordó que hay tratados internacionales que lo impiden e instancias como la Corte Penal Internacional.
el escollo de la ratificación Uno de los puntos en los que más difieren ambos actores es en el que tiene que ver con la ratificación de los acuerdos por parte de la sociedad. Así, mientras las FARC es partidaria de una asamblea nacional constituyente el Gobierno opta por un refrendo popular el mismo día de las elecciones. El cuarto intento desde los años 80 de llegar a un pacto de paz con las FARC, debilitada por más de una década de ofensiva militar, es el objetivo prioritaria de 2014, un conflicto que ha dejado 200.000 muertos.
