Bogotá. SABE que afianzar el proceso de paz no va a ser fácil pero traslada el clamor de una ciudadanía, más activa que nunca, más cansada que nunca, por "parar la guerra". Ha conocido demasiadas historias de éxodos, miedo, terror y pobreza; ha mediado en secuestros, ha estado cerca de las víctimas, de los campesinos sin tierra y de los guerrilleros que idealizan su lucha, pero además tiene hilo directo con los negociadores de La Habana, de uno y otro lado, ambos bandos -valora por otro lado- con "una clara determinación por avanzar hacia la paz". Es una voz de peso en el paréntesis de una guerra que ha durado medio siglo y que ha convertido la violencia en un estado natural para una parte del pueblo colombiano, que la sufre, otra parte la ignora. Cómo olvidar, relata Francisco de Roux, provincial de los Jesuitas en Colombia, en el encuentro mantenido con la ONG vasca ALBOAN en Bogotá (a principios de octubre), a aquella muchacha joven ataviada con una estética paramilitar y armada hasta los dientes que había decidido vengar el asesinato y tortura de su novio a manos de la guerrilla. Juró que moriría luchando y ésa era su elección inalienable, su -"opción de conciencia". Hay otros móviles, otras historias de miseria humana que recordar, como la de aquel guerrillero de las FARC que terminó traicionado por su propio lugarteniente por una recompensa de dos millones de dólares ofrecida por el Ejercito. Pacho le conoció después de que le cortara la mano tras cometer el asesinato y, "desde luego, cobró la plata, desde luego que le pagaron. Y eso demuestra la oscuridad de un país metido en la violencia más espantosa", admite. Por no hablar de las temidas Bacrim o bandas criminales, evolución del paramilitarismo a partir del 2006, que mantienen alianzas peligrosas con las FARC por el control de las rutas del narcotráfico o la minería ilegal. Sin ideología, pero totalmente corrompidas.
Pacho de Roux cree en la voluntad de paz de las FARC, en la oportunidad de cambios estructurales que necesita hacer el país, y en la actitud activa de los sectores populares que se movilizan por el cambio. Más de 20.000 personas manifestaban en Barrancabermeja su apuesta por la paz. Son señales. Si se logra la paz, habrá culminado una tarea impresionante, afirma, pero no será fácil silenciar el ruido de los fusiles en una economía tan militarizada como la colombiana, el país más armado de toda América Latina, con nada menos que medio millón de soldados. Tiene también claro cuáles son las amenazas, la derecha es "muy fuerte", con una concepción del Estado "caudillista" y que rechaza el diálogo con las FARC, de manera que al Gobierno de Santos le interesa agilizar el proceso antes de que la oposición de Uribe cope el Congreso.
Entre otros factores de distorsión y corrupción endémica está la droga, que ha servido para financiar el conflicto de todos los actores armados y continúa alimentando tanto a las bandas criminales, como a las FARC o el ELN. La falta de alternativas al campesinado y la imposibilidad de vender sus productos agrícolas en un mercado devastado por las grandes empresas hace que la "su caja menor" del agricultor sea un cuarterón, un cuarto de hectárea sembrada de coca con la que "pagan" el hospital y el embarazo de su mujer, la escuela de sus hijos, y además es difícil fumigar. Un modelo económico que, históricamente, "utiliza el campo para extraer sus recursos prescindiendo del campesinado" lo que agrava enormemente el conflicto armado. Sin olvidar la presencia paramilitar durante los años 2000-2008 fue "muy dura" y provocó el desplazamiento de miles de familias y el desarrollo de la gran industria en detrimento del campesinado, relata.
legitimidad A favor del proceso abierto, subraya la baja credibilidad de las FARC entre la clase media y en la Colombia "moderna". La guerrilla parte de mayor respaldo entre sectores como La Marcha Patriótica, el PC y del campesinado, sobre todo durante los grandes asedios de los paramilitares en zonas como el Sur de Bolívar. Como resistencias, aporta que los hombres y mujeres de la guerrilla en La Habana están convencidos de que la clase dirigente es "un mal para el pueblo y están dispuestos a morir o que los maten con tal de que esta gente muera porque no ven alternativa". El proceso de paz tiene que servir para que estos hombres y mujeres "se convenzan de que no tenemos que matarnos para transformar este país". Un grupo armado que, además, todavía defiende su implicación en el narcotráfico como un mal menor: "Recuerdo la conversación con el comandante del Frente 24 al que luego mataron. Fustificaba la alianza que habían hecho para proteger un negocio pero que no invalidaba su causa como líderes revolucionarios", narra.
De sus conversaciones más recientes con guerrilleros, De Roux destaca la "ansiedad" que les genera no saber el desenlace de este proceso negociador y su temor a que la sociedad les castigue, saber si irán a la cárcel... "Se sienten en ese monte como personas de mucho reconocimiento porque, entre otras cosas, dieron la batalla contra los paramilitares, y muchos campesinos les respetan", transmite. Sin embargo, la presión del campesinado para que paren la guerra es muy alta lo que " resta total legitimidad" a la lucha armada.
Un país que se prepara para el postconflicto. Guerrilleros que, en un escenario de justicia transicional, en la que "aceptemos que todos los actores que estuvieron en la guerra y causaron daños al país, el Ejército, la guerrilla, los paramilitares, etcétera, no queremos que todos acaben en la cárcel". Hay personas que, reitera, pueden tener "alternativas de reinserción" siendo cómplices de un nuevo desarrollo para el país buscando vías como su participación política, cuidando bosques, humedales, implicados en un nuevo modelo de desarrollo agrario con opciones alternativas a la coca, ejerciendo su liderazgo y que la sociedad "acepte éso como una forma de resarcir los costes de la guerra". Pero para ello es necesario, opina, que las víctimas de cada zona puedan decidir.
Sobre los tentáculos de los diferentes actores armados, De Roux ve también peligroso el "cruce" de las FARC con las Bacrim en el control por el negocio de la minería ilegal, que está destruyendo ríos que hace doce años eran "cristalinos y ahora están muertos por los vertidos de mercurio y la actuación de las retroexcavadoras".
los retos En realidad cada una de las delegaciones que se sienta en La Habana arrastra sus propias limitaciones en este proceso de paz. Las exigencias de las FARC tienen que ver con profundos cambios estructurales que el Gobierno colombiana se plantea "si realmente serán viables". La guerrilla por su parte, tras 50 años de lucha y de "ver a compañeros muertos, no está dispuesta a ceder ni un ápice sin hacer realidad los cambios por los que lucharon". A su vez, Santos maneja un doble lenguaje, aporta De Roux. Ejemplo de ello es lo ocurrido recientemente con la dirección del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -capturado con Uribe por los intereses de las élites terratenientes locales- donde el Gobierno aceptó la candidatura propuesta por los jesuitas de Miriam Villegas, la voz de los campesinos en Magadalena Medio, que emprendió una batalla legal contra las grandes empresas que se apropiaron de los baldíos, pero que ha sido duramente acallada con el nombramiento como Ministro de Agricultura a Rubén Darío, el "mayor enemigo de un desarrollo rural campesino".
Las FARC podrían cesar su actividad, lo que no se descarta, pero la duda es qué ocurrirá con el resto de grupos armados que combinan "violencia y seguridad" cuando no hay un Estado garante. Expertos del CINEP-centro de investigación dependiente de los Jesuitas- dejan claro que las Bacrim no son meras bandas de delincuencia criminal como presume el Estado. De hecho, la amenaza y asesinato de reclamantes de tierras, sus implicaciones con el narcotráfico y estrategias contra las reformas agrarias apuntan a un modelo derivado del "paramilitarismo" y tentáculos con poderes regionales y locales. Hay un problema añadido y es que el Estado colombiano no reconoce a sus víctimas.
reinserción La violencia divide de algún modo al país porque afecta más a zonas periféricas y rurales mientras que hay un centro urbano que "no se siente identificado" con este problema. De ahí que el proceso de paz -en el que el CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular) mantiene un discreto papel consultivo- abra una oportunidad para reconciliar los dos países. Los expertos también creen que el tránsito de los guerrilleros a la vida civil va a ser menos difícil que el proceso de desmovilización con los paramilitares, teniendo en cuenta que éstos reclutaban a los sectores "más descompuestos de las pequeñas ciudades y del mundo rural". Allí donde la guerrilla tiene mayor arraigo en zonas campesinas, menos compleja será la reinserción de sus combatientes, opinan. Para Angélica López, subdirectora del SJR en Colombia, un acuerdo de paz no desactiva la acción de las Bacrim, principalmente en zonas urbanas, aunque no se descarta un nuevo avance hacia las rutas de la droga, la gasolina y la minería ilegal. El padre Fernán González agrega que la negociación debe entenderse como una oportunidad para "abrir otras demandas ciudadanas, pero no necesariamente para resolver todos los problemas del país", recuerda, con 1.100 municipios y 5.000 corregimientos más veredas, tierra de nadie.
