Donostia. El Ayuntamiento de Donostia recurrirá el decreto foral que dicta la segregación de Igeldo. Como estaba previsto, los 19 votos de los concejales de PNV, PSE y PP dieron luz verde a emprender la vía judicial en una sesión plenaria que volvió a reflejar el enfrentamiento entre el Gobierno municipal y la oposición. En el "teatro" de ayer, como lo calificaron unos y otros con distintas connotaciones, también participaron vecinos de Igeldo favorables a la desanexión, que reclamaron la palabra. Tras serles negada, y una vez aprobado el recurso, abandonaron la sala coreando "Igeldo herria aurrera!", al tiempo que varias voces llamaron fascistas y caraduras a los concejales.
El alcalde, Juan Karlos Izagirre, por ser parte interesada, no participó en el Pleno -sí respondió después a preguntas de los medios, requerido por éstos-, y la presidencia recayó en el teniente de alcalde, Josu Ruiz. Aunque no físicamente, Izagirre sí estuvo presente en boca de los portavoces de todos los grupos. La oposición le acusó reiteradamente de esconderse en este tema y el socialista Ernesto Gasco y el popular Ramón Gómez volvieron a pedir su dimisión. Ambos emplazaron por enésima vez al PNV a que sume sus votos a los suyos para desbancar a Bildu de la alcaldía con una moción de censura.
El Gobierno municipal achacó la actitud de los tres grupos a un intento de "desgastar" al alcalde, y se dirigió especialmente a los jeltzales para pedirles que no se unieran "al frente contrario al derecho a decidir". "Con el PNV se puede llegar muy lejos por el camino de la negociación. Pero habéis escogido otro camino y por ése no iremos ni a la vuelta de la esquina", dijo el portavoz Eneko Goia.
Al igual que él, PSE y PP argumentaron que el decreto de la Diputación es "ilegal" e insistieron en que por ese motivo, y para defender el interés de los donostiarras, es necesario un recurso que, en su opinión, tiene muchas posibilidades de prosperar. Insistieron en que la decisión fue unilateral y que obvió al Pleno donostiarra, y criticaron que el principal argumento de la Diputación fuera la consulta convocada en Igeldo, después de afirmar que no era vinculante. Por ello, dijeron sentirse "engañados" y consideraron que la Diputación había hecho "trampa".
El concejal de Participación Ciudadana, Axier Jaka, por su parte, acusó a la oposición de no haber querido participar en el proceso emprendido por la Diputación y de no respetar la voluntad expresada por los vecinos de Igeldo. Añadió que respetar esa decisión no está contrapuesto a defender Donostia y que la desanexión no perjudicará a los donostiarras.
Pancartas Las intervenciones de unos y de otros mientras transcurría el Pleno suscitaron comentarios a favor y en contra por parte del ayer numeroso público. Además de medio centenar de vecinos de Igeldo favorables a la segregación, que portaban pancartas pidiendo que se respete su decisión, varias decenas de ciudadanos llenaron las sillas y parte de los pasillos del salón de Plenos. Entre ellos estaba el exalcalde Odón Elorza y el parlamentario de UPyD Gorka Maneiro.
Ante los comentarios, silbidos, aplausos e interpelaciones de los asistentes, el presidente del Pleno pidió silencio y respeto al público en repetidas ocasiones. Advirtió de que de seguir interrumpiendo el debate tendría que ordenar el desalojo, aunque no llegó a hacerlo ya que los igeldotarras decidieron dejar la sala tras negárseles la palabra. Pidieron intervenir antes de la votación, con la intención de leer una declaración que previamente entregaron a todos los grupos. Aunque el reglamento no lo contempla, el Gobierno municipal planteó que si todos estaban de acuerdo podría hacerse una excepción. El PNV no se opuso, aunque ante la falta de acuerdo Ruiz negó la palabra a ese sector del público. "Estáis hablando por nosotros, ¿cómo se entiende eso? Queremos participar y lo hemos pedido por escrito", alegaron los igeldotarras antes de abandonar la sala.
Compensaciones El debate continuó sin más interrupciones con la comparecencia del concejal de Participación Ciudadana, que afirmó que el Gobierno municipal ejecutará el recurso aprobado por el Pleno aunque no lo comparta. Además, Jaka declaró que Bildu trabajará ahora para "gestionar con responsabilidad la nueva situación" y defender los intereses de los donostiarras a la hora de negociar qué servicios ofrece el Ayuntamiento a Igeldo y qué compensaciones recibirá por ello. Ésa fue otra de las cuestiones que enfrentó ayer al Gobierno y a la oposición, que insistió en que con las condiciones establecidas en el decreto aprobado por la Diputación, la ciudad y los donostiarras salen perjudicados.
Ernesto Gasco calculó que entre el autobús, "el más deficitario", la deuda de las VPO y otros servicios el Ayuntamiento pierde casi tres millones de euros, a los que habría que añadir el millón de euros de deuda municipal que correspondería a Igeldo, así como la propiedad de edificios públicos como la escuela. Ramón Gómez criticó que el decreto establezca que Igeldo recaude pero que sea Donostia quien siga ofreciendo los servicios en este periodo de transición. Goia dijo que las condiciones fijadas por la Diputación son "una falta de respeto". El pleno también aprobó, a propuesta del PSE, crear una comisión para "estudiar las diversas opciones para la descentralización administrativa del barrio de Igeldo".