madrid. "A mí, al igual que a todos los políticos, se me puede atribuir múltiples pecados, algunos mortales. Nunca he negado las responsabilidades que tenía en toda mi actividad política". Así se expresaba ayer en Catalunya Ràdio Rodolfo Martín Villa, contra quien las víctimas del franquismo han interpuesto una querella ante la justicia argentina por su responsabilidad en los sangrientos sucesos acaecidos el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz que acabaron con la muerte de cinco obreros y más de 150 heridos.
Aunque en su frase hay un reconocimiento implícito de su responsabilidad en aquellos hechos, Martín Villa aseguró en los micrófonos de la radio catalana que la causaría intranquilidad estar inmerso en otra causa, "pero en esta no. Estoy muy tranquilo y no me ha quitado ni un minuto de sueño". El exministro manifestó que en aquellos momentos él no tenía responsabilidad sobre las Fuerzas de Seguridad del Estado -era ministro de Relaciones Sindicales-, pero dejó claro que si la hubiera tenido "habría sucedido lo mismo". "Con todos los gobiernos, de izquierdas o derechas, ha habido encontronazos en manifestaciones muy parecidos a los que hubo en los hechos de Vitoria", justificó para avalar la actuación que tuvo entonces la Policía española.
Martín Villa pasó a la historia por su peculiar visión de la lucha antiterrorista. Siendo ya ministro de la Gobernación, en enero de 1978 redujo a una simple cuestión aritmética un enfrentamiento de un comando de ETA y las Fuerzas de Seguridad del Estado. "Dos a uno a nuestro favor", aseguró para dar cuenta de que en un tiroteo acaecido en Iruñea habían muerto dos miembros de la organización armada y un policía. Meses más tarde, en julio de ese mismo año, cuando la Policía irrumpió en la plaza de toros de Iruñea causando la muerte de Germán Rodríguez, Martín Villa justificó la actuación policial señalando que "lo nuestro son errores, lo suyo son crímenes".
Medidas cautelares Quienes de entrada no parecen estar tan tranquilos son el exinspector Juan Antonio González Pacheco Billy el Niño y el ex guardia civil Jesús Muñecas, también reclamados por la justicia argentina por torturas durante el franquismo. Ambos se opusieron a la extradición ante el juez Pablo Ruz, por lo que el magistrado de la Audiencia Nacional ordenó que se les retire el pasaporte y que comparezcan cada semana ante la Audiencia Nacional o en el tribunal más próximo a su domicilio. En su auto, Ruz asegura que adopta estas medidas para "impedir el eventual riesgo de fuga y garantizar el control del reclamado en el proceso de extradición". González Pacheco aparece en 17 querellas referentes a actos de tortura, mientras que el ex guardia civil Jesús Muñecas, condenado por su participación en el 23-F, está acusado de un delito de torturas contra Andoni Arrizabalaga en el cuartel de la Guardia Civil de Zarautz.
González Pacheco y Muñecas comparecieron a primeras horas de la mañana ante el juez Ruz y a la llegada a la Audiencia Nacional fueron recibidos por varias decenas de manifestantes que gritaban consignas como Queremos memoria, queremos justicia y Torturadores extradición y colaboradores a prisión.
La decisión adoptada por el magistrado español fue aplaudida por el abogado Carlos Slepoy, que representa a los querellantes contra González Pacheco y Muñecas. El abogado aseguró que las medidas dictadas por el magistrado de la Audiencia Nacional "garantizan que ambos quedarán a disposición de la Justicia mientras dure el proceso de extradición".
