bilbao. El Gobierno Vasco así como PNV y EH Bildu criticaron ayer la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que niega el amparo al expresidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa y a los ex miembros de la Mesa de la Cámara de Gasteiz Gorka Knorr y Kontxi Bilbao, y denunciaron que detrás de este fallo está la mano del PP.

Los afectados prefieren esperar a recibir la sentencia para expresar su opinión. Así lo dijo Atutxa a este diario en conversación telefónica, pero sí expresó su malestar por haberse enterado por la prensa. El expresidente del Parlamento Vasco aseguró estar "sereno y con la conciencia tranquila" y no se mostró sorprendido por la decisión del TC, ya que, a su juicio, los cambios registrados últimamente en este tribunal "hacían pensar que algo así podía venir". En parecidos términos se expresó Knorr al destacar que "ya sabemos quién es y a quién representa Enrique López", en referencia al ponente del caso.

El Constitucional les deniega el amparo contra la condena que le impuso el Tribunal Supremo (TS) por no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak (SA) tras la ilegalización de Batasuna en 2003. La sentencia se ha producido con siete magistrados a favor y cuatro en contra (que han firmado un voto particular) y supone confirmar el veredicto que puso fin a la carrera política de Atutxa y los otros dos parlamentarios.

El Supremo les condenó con una multa y la inhabilitación en abril de 2008 por desobediencia a la autoridad judicial. Los tres recurrieron con el argumento de que se había vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley y a la tutela judicial efectiva. Los parlamentarios vascos, que fueron absueltos por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco antes de ser condenados por el TS, aducían que en su caso debió aplicarse la doctrina Botín, ideada por el Supremo para el presidente del Banco de Santander. Esta interpretación jurídica vedaba la posibilidad de abrir un proceso con la única iniciativa acusatoria de la acción popular.

Atutxa y los demás fueron condenados a instancia de la acusación ejercida por Manos Limpias porque el TS entendió que en casos de desobediencia a un tribunal no existe ningún perjudicado directo que pueda ejercer la acusación particular, lo que habilita a la acción popular como única iniciativa acusatoria.

El Constitucional, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Enrique López, valida esta llamada doctrina Atutxa y descarta que suponga una vulneración del derecho a la igualdad. Los recurrentes denunciaban también la vulneración de su derecho a la imparcialidad judicial por "pérdida de imparcialidad objetiva" del ponente de la sentencia del Supremo.

También argumentaron que el Supremo no había respetado su derecho a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia por haberles condenado en segunda instancia sin escucharles antes. Es en este punto en donde discrepan los firmantes del voto particular: la vicepresidenta, Adela Asúa, y los magistrados Juan Antonio Xiol, Fernando Valdés y Luis Ignacio Ortega. En contra del criterio de este grupo, la mayoría del tribunal recuerda que si la segunda instancia no modifica los hechos probados no es necesario escuchar a los condenados.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, tachó de "francamente desafortunada" la sentencia, y fue más allá al señalar que en el Constitucional "operan ya de manera decisiva los baluartes que el PP ha colocado en su seno para que sus pronunciamientos se acomoden a las directrices del PP". El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, arremetió también contra el ponente de la sentencia: "Una vez que supimos quién era el ponente nos pusimos en lo peor. No nos quedó más remedio que ser pesimistas sobre cuál iba a ser el desenlace" en este proceso judicial". También la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería ha asegurado que su predecesor en el cargo actuó en su día "en defensa de la autonomía" de la Cámara.

Los parlamentarios de EH Bildu Juanjo Agirrezabala y Oskar Matute han hablado también de la influencia del PP en este caso y han considerado que el Constitucional ha actuado como "un ariete político del Gobierno español".