MADRID. En una entrevista a la Agencia EFE, Ransés añade que "si hubiera algún cambio de criterio, éste no sería imputable a la Agencia Tributaria, sino al juez que ha pedido la información", al tiempo que ha defendido el trabajo de los dos inspectores que están ayudando en el caso y que sólo reciben órdenes del juez instructor.

"Se está acusando a la Agencia Tributaria de ocultación y parcialidad en la toma de decisiones, que no procede y casi roza el delito", ha lamentado Ransés tras recordar que el caso Nóos, en el que se ha visto afectada la infanta Cristina, lleva meses en el juzgado y es una investigación "densa", en la que van apareciendo nuevos elementos determinantes.

"Lo que antes parece blanco luego se puede ver negro, o al contrario", afirma. El presidente del cuerpo de Inspectores de Hacienda del Estado añade que los funcionarios ponen a disposición del juez los requerimientos que éste les pide, sea un informe de cálculo o una valoración, pero resalta que son "labores de peritaje" y es el juez el que "asume las riendas y el criterio".

"No hay un cambio de criterio, en la medida en que es un caso de dimensiones en el que van apareciendo más datos", asegura.

Para Ransés la situación de controversia en torno a la situación fiscal de la infanta Cristina en el marco del caso Nóos ha coincidido en el tiempo con otras "situaciones circunstanciales" ocurridas en la Agencia Tributaria, como las dimisiones de los últimos días, la última la del director de Inspección Financiera y Tributaria, Luis Jones.

En su opinión, esta dimisión se debe exclusivamente a las discrepancias con el nuevo director general de la AEAT, Santiago Menéndez, nombrado hace cinco meses, con el que Jones no compartía los mismos criterios.

"Tenía el mando de la nave pero no la capacidad para gobernarla", ha dicho Ransés en relación a esta dimisión y tras añadir que las propuestas de Jones sobre su departamento y equipo fueron rechazadas por la nueva dirección, entre las que se encontraba el cargo que dejó vacante la inspectora que fue cesada tras ratificar una sanción a la multinacional CEMEX.

En este sentido, el presidente de la IHE asegura que no hay elementos de prueba en torno a presiones políticas sobre el cese de dicha inspectora, sino más bien una "descoordinación en un expediente".

Asegura que en derecho tributario "todo es opinable" y recuerda que este tipo de expedientes de multinacionales son complejos y no puede haber un criterio por escrito genérico porque cada expediente tiene sus peculiaridades.

Precisamente por ello, alude a la petición de los inspectores que solicitan una modificación en la Ley General Tributaria para que no sea opinable si se sanciona o no a una multinacional.

Añade que esta modificación debe venir de un cambio en la directiva europea para que las prácticas de fraude de las grandes empresas se sancionen en todos los países europeos y no exista la posibilidad de que la compañía se ubique en un territorio u otro dependiendo de si tiene una legislación conciliadora o es más dura.