Vitoria. Mariano Rajoy sigue sin responder a las propuestas sobre pacificación del lehendakari. Las fuentes consultadas por DNA van más allá y aseguran que no ha habido contacto alguno entre ambos desde su reunión discreta del pasado mes de julio. Durante la primera fase de su mandato, con la prima de riesgo desbocada, el presidente español centró su atención en la crisis y dejó a un lado la paz, un terreno que, por otra parte, siempre ha resultado pantanoso para un PP condicionado por sus sectores más inmovilistas. Pero ahora, cuando se atisban tímidas señales de recuperación, tampoco parece dispuesto a arriesgar: por una parte, a medida que escampe y disminuya la preocupación por la situación económica, cualquier gesto en materia de paz centrará aún más la atención pública; por otra, la sentencia contra la doctrina Parot ha caldeado el ambiente en algunos sectores. La paz parece terreno vedado en las relaciones entre Lakua y Madrid, no así los acuerdos en cuestiones que afectan a la gestión cotidiana.
Según fuentes del Gobierno Vasco consultadas por este periódico, los contactos entre sus departamentos y los ministerios españoles son frecuentes, y buscan solventar las discrepancias relacionadas con leyes sectoriales. En definitiva, la interlocución a nivel de cargos de confianza es fluida, y busca encauzar las divergencias en sus ámbitos respectivos de gestión. Aunque persista el enfrentamiento en otras cuestiones capitales como el copago farmacéutico y la renovación de la Ley de Cupo, o en leyes más ideológicas que marcan el estilo del PP como la reforma educativa del ministro Wert, los consejeros y los ministros debaten sobre distintos proyectos de ley y conflictos competenciales con el resultado de que algunas disputas han podido reconducirse.
Por ejemplo, han pactado la Ley de Cajas para preservar la obra social, han blindado a los ayuntamientos de la CAV frente a la reforma local, han acordado que el Gobierno español no pueda sancionar a los cargos vascos en el marco de la Ley de Transparencia, han mantenido la cuota jeltzale en el Consejo General del Poder Judicial, y han fijado el déficit de Euskadi para este año en términos menos gravosos que los previstos inicialmente. Esta misma semana ha podido encauzarse la reforma del Concierto para que sean las diputaciones las que recauden los nuevos impuestos de juego y energía, y se ha buscado una vía para que la tarifa eléctrica no lastre la competitividad de la industria vasca. Además, al margen de las negociaciones con los ministerios y de los contactos más técnicos, Soraya Sáenz de Santamaría ha abierto un canal de alto nivel con Lakua y el PNV.
los canales Teniendo en cuenta que muchas de esas iniciativas se han debatido en el Congreso, también ha sido necesaria la participación de los diputados jeltzales para forjar el acuerdo y, sobre todo, habría jugado un papel relevante la vía paralela abierta por la vicepresidenta española. En un momento en que la relación parecía deteriorarse y en que los jeltzales comenzaron a elevar el tono por las continuas injerencias competenciales y por el desinterés del PP ante sus propuestas, fue el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, quien tanteó por primera vez ese canal visitando a la vicepresidenta el 14 de mayo. Pero fue el propio Rajoy quien consolidó más tarde esa vía confiando definitivamente a Sáenz de Santamaría el diálogo con el partido y con Lakua, ya que el mandatario tenía puestos todos sus sentidos en las decisiones macroeconómicas. En cualquier caso, que recogiera el guante suponía un gesto hacia el PNV.
En esos encuentros han estado sobre la mesa cuestiones que, precisamente, han acabado en acuerdo, como la reforma local y la Ley de Cajas, aunque en otros muchos casos la respuesta no ha ido más allá de las buenas palabras. Asimismo, esa vía puede tener serias limitaciones, ya que Madrid cuenta con mayoría absoluta y, por tanto, no necesita apoyos. Tiene la sartén por el mango y puede decidir hasta dónde alcanza su generosidad.
No obstante, que el PP se acerque al PNV aun no necesitando apoyos podría ser un hecho significativo en sí mismo. Por un lado, aunque disponga de mayoría absoluta, podría necesitar un aliado por cuestiones de imagen y para minimizar su soledad parlamentaria. Además, con Catalunya en pie de guerra, podría estar buscando no soliviantar en exceso a la CAV para no encender otro fuego. Por otro lado, Rajoy se adentra en el segundo tramo de su mandato y ya ha empezado a adoptar decisiones mirando a las urnas -ha desplegado un discurso económico más optimista y prepara una reducción de impuestos-, de modo que también podría estar pensando en un escenario en que volviera a ganar los comicios pero sin mayoría absoluta, lo que le obligaría a procurarse un socio.
El acercamiento al PNV aún es incipiente, y comenzó con gestos tímidos y en leyes sin demasiado peso político o en las que el PP no se jugaba demasiado, como la de transparencia. Se interpretó que los populares buscaban maquillar su soledad pero sin grandes concesiones en leyes nucleares. Fruto del acuerdo en esa ley, con la que Madrid trató de acercarse al PNV y CiU, el Ministerio de Hacienda determinaría las conductas sancionables, pero correspondería a las administraciones autonómicas aplicar ese correctivo a sus cargos. Es decir, Madrid no podría cesar al lehendakari ni a un alcalde vasco.
Uno de los primeros gestos de calado llegó durante la negociación del objetivo de déficit para este año. Madrid amagó con imponer unilateralmente el 1,2% sin negociarlo en la Comisión Mixta. Lakua exigió derivar la negociación a ese foro, el Gobierno español atendió la demanda y, aunque el Ejecutivo vasco finalmente aceptó el 1,2%, lo hizo a cambio de poder aumentar su endeudamiento para apoyar a las empresas con dificultades de financiación.
pactos clave Más tarde llegaría el acuerdo sobre la Ley de Cajas, después de que Rajoy se comprometiera desde la tribuna del Congreso a trabajar con el PNV para convencer a Bruselas y preservar la obra social. Arantza Quiroga, empeñada en subrayar la capacidad de interlocución del PP de la CAV con Madrid, trató de meter una cuña asegurando que habían sido los populares vascos quienes habían influido en la ley.
Los fines sociales comenzaron a peligrar cuando Europa obligó a las cajas a destinar parte de sus beneficios a nutrir un fondo para hacer frente a contingencias, lo que rebajaría el dinero disponible para la obra social. Esa obligación ataba a las cajas que tuvieran más de la mitad de las acciones del banco del que formaban parte. PNV y Madrid plantearon una primera alternativa vetada por las instituciones comunitarias, y finalmente buscaron otro resquicio para que BBK no se viera obligada a crear el fondo: que se desprendiera de una pequeña parte de sus acciones en Kutxabank, pero que dispusiera de cinco años para no malvenderlas.
En cuanto a la reforma local, pactó que los ayuntamientos vascos tuvieran un margen mayor que el resto para establecer el coste de los servicios que prestan a los ciudadanos y, por extensión, su calidad. Las diputaciones serían las encargadas de fijar esos baremos, y no Madrid. El PP también ha lanzado otros guiños menores al PNV manteniendo su cuota en el CGPJ, con el nombramiento de Enrique Lucas Murillo. En el órgano regulador de la Competencia, colocó a Idoia Zenarrutzabeitia.
Por ahora, ha sido imposible llegar a un acuerdo sobre la Ley de Acción Exterior, aunque en un primer momento sí hubo pacto con el ministro García-Margallo para rebajar el control sobre los viajes de las autoridades de la CAV. Volverán a negociar en el Senado. Tampoco parece fácil encauzar la dotación presupuestaria del TAV, aunque Cristóbal Montoro se ha mostrado dispuesto a negociar a cambio del apoyo jeltzale a las Cuentas. El compromiso, por inconcreto, podría no ir más allá.
