Andoni Iturbe.Madrid. El Gobierno español podrá sancionar como falta grave, con multa de entre 1.001 y 30.000 euros, las exhibiciones de fotos u homenajes a terroristas cuando estos actos no sean constitutivos de delito contemplado en el Código Penal. Esta es una de las medidas incluidas en el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que ayer aprobó el Consejo de Ministros y que contempla como faltas graves las manifestaciones públicas o exhibiciones de emblemas, banderas u otros materiales con la finalidad de promover el odio, el terrorismo, el racismo o la violencia contra las mujeres, entre otros aspectos.

Durante la presentación de esta iniciativa, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró ayer que la misma tiene como "objetivo prioritario y absoluto garantizar más y mejor la seguridad de los ciudadanos". Preguntado sobre si teme que la Ley de Seguridad Ciudadana acabe con su carrera política como ocurrió con José Luis Corcuera, afirmó que su puesto está siempre a disposición del presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, dijo esperar que este anteproyecto de ley sea discutido y aprobado con sosiego tras el revuelo que ha ocasionado la batería de medidas y faltas que sancionan las "perturbaciones de la seguridad ciudadana". Explicó que Interior lleva mucho tiempo intentando ampliar la protección de los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo desde que las faltas desaparecieron del Código penal. Por tanto, a partir de ahora todas aquellas faltas que no sean constitutivas de delito estarán recogidas en la nueva ley.

Entre las medidas más polémicas está la penalización de las concentraciones ante instituciones como el Congreso de los Diputados. Será una falta leve no comunicar una manifestación y se considerará una falta grave manifestarse u ocasionar "perturbaciones de seguridad" frente a esas instituciones, así como manifestarse violentamente. Martínez puso como ejemplo el Bundestag alemán, que está "blindado". "Esta ley no quiere coartar el derecho fundamental de reunión", aseveró, pero incidió en la frecuencia de las manifestaciones que se organizan a través de las redes sociales. "Si no se comunican, serán una infracción", insistió.

Añadió que no se prevé realizar identificaciones masivas, pero que los agentes tendrán derecho a identificar y pedir el DNI, que hasta ahora era un documento intransferible. Las "mejoras" anunciadas tras "una profunda maduración" del primer borrador plantearían un régimen sancionador más complejo. Así, los padres o tutores no serán responsables de las sanciones, sino de los daños. "La sanción es siempre personal", matizó.

Grabar a los agentes El uso de banderas o símbolos que alteren la seguridad ciudadana y enaltezcan el terrorismo, el odio, racismo o la violencia contra la mujer será una falta grave. Por tanto, sin entrar en casos concretos, las exhibiciones de fotos de miembros de ETA en los homenajes que están recibiendo en algunas localidades tras la derogación de la doctrina Parot entrarían dentro de esas faltas.

El secretario de Estado de Seguridad no quiso pronunciarse por las manifestaciones de extrema derecha. Sí se refirió, en cambio, a la quema de contenedores o mobiliario urbano, "como ocurrió en la huelga de limpieza de Madrid", que serían faltas graves, castigadas con entre 1.001 y 30.000 euros. Las muy graves rondarían entre 30.001 y 600.000 euros. El maltrato a animales sería una falta grave, al igual que la prostitución en parques o cerca de los colegios con el fin de proteger a los menores.

Francisco Martínez aclaró que no se podrá colgar en el perfil de Facebook fotos íntimas o privadas de los agentes de seguridad, pero que estará permitido grabarles en el transcurso de una operación. Puso el ejemplo de los vecinos que grabaron los golpes que recibió el empresario detenido por los mossos en El Raval, que falleció. En todo caso, los agentes podrán defenderse ante amenazas o coacciones, unas faltas que serían leves -entre 100 y 1.000 euros-. Los escraches, agregó, nunca han estado en el borrador.

Impedir un desahucio podría ser multado con hasta 30.000 euros por obstrucción a la autoridad competente