madrid. Miguel Ricart, condenado en el año 1997 a 170 años de prisión por el secuestro, violación y asesinato de Míriam, Toñi y Desirée, las tres niñas de Alcàsser (Valencia), salió a media tarde de ayer de la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real). Ante el aluvión de periodistas congregados a las puertas de la prisión, Miguel Ricart abandonó la misma con el rostro cubierto por un pasamontañas y un gorro de color negro, solo mostrando sus ojos. Ricart no quiso hacer declaraciones a los medios de comunicación y nada más salir, se dirigió al taxi que diez minutos antes había llegado a la puerta de la cárcel.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia había acordado ayer mismo su inmediata puesta en libertad pese al intento del Gobierno español de evitar su excarcelación. La víspera, la Abogacía del Estado había mandado un escrito a la Audiencia de Valencia en la que señalaba que en el caso de Ricart no era aplicable la sentencia emitida por el Tribunal de Estrasburgo en ralación a la presa de ETA Inés del Río. Asimismo, la Abogacía del Estado requirió una ampliación del informe de Instituciones Penitenciarias sobre las redenciones de pena efectuadas a partir del 28 de febrero de 2006.
Pese a que Ricart ya está en la calle, la Abogacía del Estado anunció que el lunes presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano en el que mostrará su disconformidad con esta puesta en libertad.
Ricart fue la única persona condenada por el asesinato de Miriam García, Toñi Gómez y Desirée Hernández, las niñas de 14 y 15 años que desaparecieron en noviembre de 1992 y cuyos cuerpos fueron localizados el 27 de enero de 1993. El otro considerado autor de este suceso, Antonio Anglés, huyó y figura en paradero desconocido.
La Fiscalía dictó ayer un decreto de protección a las víctimas y comunicó a las Fuerzas de Seguridad del Estado que adopten las medidas oportunas para prevenir la posible comisión de nuevos hechos delictivos por parte del asesino de las niñas de Alcàsser. La comunicación va dirigida a proteger adecuadamente a las posibles víctimas y para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado comuniquen las incidencias que se produzcan.
Ricart, a su salida de la prisión de Herrera de la Mancha. Foto: efe
