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Madrid sube la presión a Sortu y estrecha la vigilancia sobre los homenajes a presos
Míriam Vázquez
madrid. Si la excarcelación de Iosu Uribetxebarria, gravemente enfermo, ya puso en pie de guerra a determinadas víctimas y condujo al Gobierno español a pisar el freno en la política penitenciaria, la puesta en libertad de más de cincuenta presos de ETA tras el fallo europeo sobre la doctrina Parot reprimirá aún más cualquier iniciativa de Madrid en las cárceles. Las liberaciones, que se han llevado a cabo con mayor celeridad de lo previsto por el Ejecutivo español, han redoblado la presión de los sectores más inmovilistas: convocaron una manifestación a la que terminó sumándose el PP para tratar de liderar el descontento en lugar de convertirse en el objetivo de las protestas, aunque acabó siendo abucheado. Mientras tanto, se agudizaba la brecha entre las dos almas del PP de la CAV con la dimisión de Santiago Abascal, a favor de una línea más dura en Euskadi y el Estado. También rompió el carné el nieto de la víctima de ETA Javier de Ybarra y Bergé. Abascal auguró más bajas. Madrid parece tratar de compensar a esos sectores estrechando la vigilancia sobre la izquierda abertzale y los homenajes a los presos.
El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, avanzó ayer que Interior ya ha remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional información sobre seis recibimientos para que analice si hubo enaltecimiento. Consciente de que "el margen de actuación" del Ministerio tras el fallo europeo se limitaría a evitar homenajes, avisó de que cada vez que un preso es excarcelado se pone en conocimiento de la delegación del Gobierno español en la CAV o Nafarroa para que movilice los recursos necesarios que impidan esos actos o, en el caso de que se produzcan, al menos dé parte a Madrid.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, apostó en Onda Cero por poner al corriente a la Fiscalía de "hechos indiciariamente constitutivos de delito", y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, recogió el guante asegurando que actuará con "escasa tolerancia" ante cualquier manifestación que no respete a las víctimas. La escalada de declaraciones la culminó el diputado general de Araba, Javier de Andrés, quien no recurrió a paños calientes y lanzó en Twitter que "quienes tendrían que estar esperando a los etarras excarcelados son los antidisturbios de la Ertzaintza, para evitarnos humillaciones a todos".
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, además, trató ayer mismo de aliviar la presión a su Gobierno recordando a la líder de UPyD, Rosa Díez, que Madrid no puede intervenir en los homenajes de la CAV porque la competencia recae en la Ertzaintza. El lehendakari ya aseguró la semana pasada que no permitiría actos de enaltecimiento a ETA y, de hecho, la Policía vasca ya intervino en el recibimiento a Joseba Artola, donde disparó varias veces al aire y sin carga para dispersar a los congregados.
choque El Gobierno español ha trasladado la idea de que no puede hacer nada para evitar las excarcelaciones, pero cree que sí puede evitar que esos presos sean homenajeados. En principio, esos actos comprometerían a los ciudadanos anónimos que los habrían llevado a cabo y no a Sortu, salvo que algún cargo estuviera presente, algo que no habría sucedido. Como mucho, la delegación del Gobierno español denunció haber visto a Tasio Erkizia en el recibimiento a Juan Manuel Piriz en el aeropuerto de Loiu.
En cualquier caso, la propia izquierda abertzale, quizás temiendo un tensionamiento en el proceso de paz o una respuesta penal, adoptó una postura conciliadora apostando por no herir a las víctimas y asegurando que no organizaría recibimientos, aunque probablemente no podría controlar las iniciativas de los familiares. Dada la delicada situación interna del PP, su margen de tolerancia ante ciertas conductas podría achicarse. Podría necesitar un gesto de impacto para aplacar las críticas y, aunque nadie parece especular ni temerse una ilegalización, aún permanece fresco el recuerdo de la suspensión de actividades de Herrira, poco antes de la resolución del tribunal europeo.
Además, anteayer trascendía que la Fiscalía del Estado ha pedido a la del Tribunal Supremo que analice una petición de una plataforma para ilegalizar a Sortu, una propuesta que probablemente no irá más allá pero que vuelve a estrechar la vigilancia sobre la izquierda abertzale mientras los partidos le exigen que condene con rotundidad los actos de kale borroka, y mientras censuran las declaraciones de Hasier Arraiz, en las que interpretaron que justificaba y avalaba los 35 años de historia de la izquierda abertzale, lejos de hacer autocrítica.
En ese contexto, el Constitucional deberá decir si admite el recurso de Arnaldo Otegi por el caso Bateragune. La Fiscalía ya se ha opuesto a darle la razón. Como único respiro, la Fiscalía Superior de la CAV archivaba ayer las diligencias contra el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, y la parlamentaria de EH Bildu, Maribi Ugarteburu, por el homenaje al fallecido Thierry, al considerar que se limitaron a estar presentes.
condecoraciones a víctimas Mientras avisa a la izquierda abertzale, el Gobierno español lanza guiños a las víctimas en lo que ya parece una ofensiva para minimizar el desgaste por la decisión europea. A través de varias enmiendas presentadas en el Senado a los Presupuestos, el PP apuesta por embargar en apremio a los miembros de ETA que no pagaron las indemnizaciones fijadas como responsabilidad civil y que fueron adelantadas por el Estado a las víctimas. También apuesta por extender las condecoraciones a los damnificados con una nueva categoría, la de las insignias, para los amenazados, los ilesos en atentados, y los familiares de fallecidos.
Además, propone que los excarcelados deban pedir perdón para cobrar subsidios, aunque varios juristas cuestionan la constitucionalidad de la medida. Ponen en solfa que pueda retirarse un derecho a alguien que ha saldado sus cuentas con la justicia, y que pueda discriminarse a los presos de ETA sobre el resto, aunque el PP dice ahora que también se aplicará a otros. Tampoco creen que pueda embargarse esa paga para afrontar las indemnizaciones porque es una renta mínima de subsistencia.
En cuanto a los homenajes, Interior ha dado parte del recibimiento a Juan Manuel Piriz en el aeropuerto de Loiu; de la acogida a Javier Martínez -Javi de Usansolo-, en la que se habrían lanzado cohetes; del repicar de campanas que habría dado la bienvenida a Iñaki Delgado Goñi en Legazpi; del paseíllo a Inma Pacho en Bilbao; de la pancarta saludando a Pagoa Zulueta en Leioa; y del recibimiento a José Legorburu en Amorebieta. Desde algunos sectores interpretan que los primeros presos salieron con discreción -nada se sabe de ellos y viven en el anonimato-, y que se habría relajado esa prudencia.
El PP mira de reojo a UPyD, que podría pescar votos en el caladero de los populares, y también trata de atemperar los ánimos dentro de su partido. Comienza a ser habitual que rostros críticos y con bastante predicamento entre las bases como el de Esperanza Aguirre saquen los colores al Gobierno español y lo hagan, además, a las puertas de las elecciones europeas de mayo, en las que Rajoy tendrá que resolver la papeleta de la candidatura del PP y decidir si vuelve a confiar en Mayor Oreja, otro referente del discurso más duro. En este contexto, lo más probable es que repita. Aguirre, por su parte, pidió ayer en la Cope que las fuerzas de seguridad detengan a quien lanzó cohetes en el recibimiento a Javier Martínez Izagirre y lamentó que Uribetxebarria esté en la calle no por un fallo europeo, sino por "una decisión del Gobierno".
excarcelaciones Por otra parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ayer la excarcelación de José Arizmendi e Iñaki Gonzalo Casal. Además, Francia acordó entregar a Juan Ramón Carasatorre, acusado de matar a Gregorio Ordónez, un símbolo para las víctimas del PP; y a Julián Atxurra, inductor del secuestro de Ortega Lara, otro damnificado que toca fibra sensible tras la excarcelación de Uribetxebarria, uno de sus secuestradores. Lara dejó el PP por discrepancias con su línea.
Los ministros de Justicia e Interior, Alberto Ruiz Gallardón y Jorge Fernández Díaz. Foto: afp
"La Fiscalía lo estudiará con estricta sujeción
a la legalidad, pero
con escasa tolerancia"
Eduardo Torres-Dulce
Fiscal general del Estado
Archivan las diligencias contra Arraiz
La Fiscalía Superior de la CAV ha archivado las diligencias contra el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, y la parlamentaria de EH Bildu, Maribi Ugarteburu, por un presunto delito de enaltecimiento de ETA durante el homenaje tributado al dirigente de la organización Francisco López Peña, Thierry, que falleció el 30 de marzo en el Estado francés. En su resolución, fechada el pasado día 18, el fiscal superior vasco, Juan Calparsoro, aclara que el informe policial que relataba lo que ocurrió en la recepción del féretro y el entierro describía que los dos parlamentarios se limitaron a estar presentes en el homenaje. Por ello, aunque durante el entierro en Galdakao "se cometieron objetivamente varios delitos de enaltecimiento del terrorismo", no habría constancia de que Arraiz o Ugarteburu fueran sus protagonistas, ya que no fueron más allá de hacer acto de presencia. Tras los homenajes a Thierry, la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió una investigación para determinar si los actos eran constitutivos de delito. En abril, el fiscal jefe del tribunal remitió la investigación a Calparsoro ya que, por su condición de aforados como parlamentarios, solo podían ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia vasco.
"Quienes tendrían que esperar a los excarcelados son los antidisturbios
de la Ertzaintza"
Javier de Andrés
Diputado general de Araba
tras la 'doctrina parot'