"Hay que lograr que el Estado vea que la criminalización de gente y grupos por sus ideas debilita sus posiciones"

¿Qué importancia tiene en este momento la movilización social?

Creemos que es la clave. Hay que lograr que el Estado español considere crontraproducente la criminalización de gente y grupos por sus ideas, porque debilita sus posiciones generando desafección. El poder es coerción pero también consentimiento y la represión está limitando cada día más las posibilidades que tiene el Estado español de generar ese consentimiento en Euskal Herria. Por eso la denuncia y la movilización social son importantes y necesarias, porque sirven para conseguir cambios positivos.

¿Tiene sentido mantener estos macrojuicios diez años después?

Juzgar a gente por sus ideas y sus actividades políticas es una aberración fuera de lugar, siempre lo ha sido, pero en la situación actual es de una gravedad mayúscula, porque se han quedado sin ninguna de las excusas a las que recurrían para justificar estas medidas propias de un estado de excepción encubierto. Estamos en un nuevo tiempo político. ETA ha dejado definitivamente su actividad armada pero se siguen manteniendo mecanismos de represión que se presentan como "respuesta excepcional" a algo que ya ni siquiera ocurre. Es un escándalo que se hayan justificado todas las medidas de excepción en argumentaciones extrajurídicas como la gravedad del desafío político, la desestabilización o la supuesta indignación social, pero ahora es más grave se diga que no hay por qué atender a este nuevo tiempo, apelando a una supuesta justicia imparcial.

¿Cómo están viviendo el proceso?

En nuestro caso (el sumario 35/02, mal llamado de las herrikos) han pasado 11 años desde que se puso en marcha. ¡11 años! Muchas de las personas que nos sentamos en el banquillo hemos tenido hijos e hijas en ese tiempo, hemos cambiado de trabajo, de lugar de residencia, hemos aparecido o desaparecido de la escena pública? ¡y ahora nos acusan de colaboración o pertenencia a ETA?!

Ha pasado tanto tiempo que incluso los policías dicen que no se acuerdan...

Los policías que están declarando estos días repiten que no recuerdan nada por el tiempo transcurrido, pero las peticiones de las acusaciones suponen cientos de años de cárcel y el cierre de más de 100 asociaciones culturales y herriko tabernas. Todo esto huele a venganza, a puro resentimiento por nuestra actividad política, en algunos casos además, sabiendo que nos vuelven a juzgar por lo que ya nos juzgaron en otros momentos? Además, no lo olvidemos, para las personas imputadas en el juicio contra la juventud independentista las torturas denunciadas son una cuestión central, como es lógico, porque ponen sobre la mesa una realidad gravísima y porque el proceso está organizado en torno a "confesiones" arrancadas de tan bárbara manera.

¿Creían que llegaría a celebrarse?

Este proceso ha dado muchas vueltas, tantas que en algunos momentos existió -en el contexto de los intentos de solución política- la posibilidad de que quedara aparcado. Pero ahora existen otros criterios y priman el inmovilismo y la venganza.

¿Qué esperan de su resolución?

Sólo habría un escenario lógico, la absolución. Todo lo demás sería volver al pasado, reeditar de modo inaceptable medidas represivas contra las ideas.

¿Qué suponen estos procesos para la normalidad democrática y el proceso de paz?

Son un intento de boicotear y sabotear este proceso. Si se encarcela a a la gente por su militancia política es imposible hablar de normalidad democrática. Pero una cosa está ya clara a estas alturas: estas provocaciones no van a modificar el curso de los acontecimientos y la apuesta por cerrar una etapa histórica y abrir un tiempo nuevo en el que nadie se vea amenazado ni perseguido por sus ideas y donde sea el pueblo el que decida entre proyectos diferentes, sin que ninguno de ellos haya sido ilegalizado ni descartado por la fuerza.

¿Cómo afecta el hecho de estar imputados al trabajo de formaciones como Sortu, que tiene varios de sus miembros encausados?

Aunque resultemos absueltos, hay un daño irreversible, porque hubo gente que ha pasado años en la cárcel, porque nuestros derechos elementales han sido violados y porque la asistencia al juicio, en Madrid, con un calendario esperpéntico que cambia continuamente supone un coste personal y colectivo inmenso. Estamos hablando de un millón de euros de gasto y todo esto, además de los perjuicios personales, pretende interferir en la actividad política, desde luego.

Usted en concreto hace frente a 10 años de prisión acusado de un delito de pertenencia a organización terrorista, ¿cómo lo asume?

Con preocupación, pero sin permitir que esta amenaza nos paralice. La Audiencia Nacional es una máquina de condenar vascos y vascas. Su inercia es seguir haciéndolo. En realidad no hay caso, yo ya fui juzgado por estos mismos hechos y, por si esto fuera poco, la ineptitud del fiscal lo ha ido desmontando en las sesiones celebradas hasta ahora. Pero esto, que en un tribunal con garantías e imparcial aseguraría una absolución, en estos casos no significa gran cosa, porque las decisiones obedecen a impulsos políticos.

El lunes juzgaron a los 'tartalaris', a quienes piden 5 años de prisión. En cambio, la élite política no paga por nada, ¿qué le pasa a la Justicia?

Que obedece a impulsos y presiones políticas. Estamos en una crisis de Estado, un naufragio del régimen de la Constitución de 1978 y la Justicia no está al margen. Forma parte del problema. Ella también es régimen y la tendencia a cerrar en falso la crisis y perpetuarse es muy fuerte. Si analizamos cómo se han comportado los tribunales más importantes del Estado, veremos que prima la defensa de la razón de Estado. Vemos cómo actúan en defensa de la casta política, salvando el culo a Barcina evitando que realmente sea investigado el asunto de Caja Navarra y sobreprotegiendo de la protesta social su cara dura, juzgando a los tartalaris con unas peticiones de penas que no se han conocido en casos de asesinatos de terrorismo de Estado, por ejemplo.

La juventud también está encausada, ¿sigue valiendo el todo es ETA?

Sí, esa doctrina represiva, obra en gran medida de Garzón, no lo olvidemos, pero asumida y defendida por PP y PSOE, entre otros, sigue imponiéndose. La tesis del todo es ETA permite que en estos dos macrojuicios haya más de 70 personas y 110 asociaciones culturales perseguidas por supuesta relación con esta organización armada, pero no hay balas, ni armas, ni explosivos, ni secuestros, ni atentados, sino ruedas de prensa, comunicados, reuniones, intervenciones parlamentarias? Esa doctrina no se ha descartado, por eso se están celebrando estos juicios.

Si ETA anunciase su disolución, ¿el Estado cambiaría su actitud?

No creo que la especulación sobre el futuro nos arroje mucha luz sobre esta cuestión. La experiencia nos dice que las excusas van cambiando sobre la marcha. Hemos pasado de la exigencia de una tregua a pedir una tregua indefinida, una definitiva, luego una irreversible, y cuando se ha producido la decisión de poner fin a la trayectoria armada, no sirve y se pide el desarme o la disolución. Todo lo que sea alimentar el proceso estará bien, pero no nos despistemos, el inmovilismo del PP y de los poderes del Estado obedece a razones mucho más profundas y no está condicionado a los pasos que dé ETA.

A pesar de todo esto, ¿se puede ser optimista?

Se puede y se debe ser razonablemente optimista. Detrás de todos estos procesos había y hay una estrategia para criminalizar una determinada opción política y aislarla de la sociedad, satanizándola. Esto ha fracasado estratégicamente, ocurra lo que ocurra con estos juicios. Esto ya no cuela. Aquí hay una sociedad que quiere organizarse de otro modo, que quiere dejar atrás una etapa de violencias enfrentadas, persecuciones y excepcionalidad, un pueblo que quiere tomar sus propias decisiones. Tenemos mucha confianza en este pueblo y por eso afrontamos con ilusión incluso un juicio en el que piden contra ti 10 años de cárcel.

Floren Aoiz, posando para una entrevista anterior. Foto: oskar montero

"Juzgar a la gente

por sus ideas es una aberración y más grave en la situación actual"

"Es un coste personal y económico muy grande; hablamos de un millón de euros de gasto"