sevilla. La consejera andaluza de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), anunció ayer que van a proponer que las personas que ocupan las 80.000 viviendas sociales de la Junta y no puedan pagar el alquiler realicen trabajos para la comunidad, lo que afectaría al 10 % de los inquilinos. La consejera denominó a esta modalidad "alquiler compensado" y la incluyó en el plan marco andaluz de rehabilitación de la vivienda.
Cortés explicó que ya existen dos iniciativas piloto en Sevilla y Córdoba, y recordó que el parque público de viviendas de Andalucía es el más grande el país, con 80.000 casas repartidas en 550 municipios.
La idea de la Junta es que ninguna de las familias que ocupen estas viviendas públicas sea desahuciada porque no disponga de dinero tras contraer un exceso de deudas, señaló la consejera, quien dijo que con esa iniciativa de trabajo comunitario también quieren "dignificar lo público". Cortés defendió las medidas de su departamento, como la expropiación temporal de viviendas, para superar los problemas con "alternativas" y rechazó que asusten a la ciudadanía.
La consejera señaló que la iniciativa de trabajo comunitario ante impagos de alquileres se añade a las hechas por los consejeros de IU en el Gobierno andaluz, que ha resumido como "resistencia, rebeldía y propuestas". Cortés insistió en la rehabilitación de viviendas y en las actuaciones para mejorar su eficiencia y energética como motores para reactivar el sector de la construcción.
Cortés explicó que el "boom del ladrillo" no sólo dejó consecuencias "terribles" para el empleo en Andalucía, con la destrucción de 215.000 de los 230.000 creados en esa época, sino también para el "paisaje urbanístico", donde se quedaron más de 700.000 viviendas vacías.
Comentó que gran parte del parque residencial andaluz está compuesto por edificios con más de 30 años de antigüedad y que el 60% se levantó antes de 1979, cuando se aprobó la primera norma de requerimientos energéticos.
