MADRID. Los 16 magistrados que componen la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por el juez Juan Saavedra, se reunirán esta mañana con un único punto en el orden del día: Análisis y efectos de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con relación a la doctrina Parot.

La misma sala que comenzó a aplicar en 2006 esta legislación especial, derogada el pasado 21 de octubre por Estrasburgo, deberá ahora decidir si mantiene el camino emprendido por la Audiencia Nacional desde que se hizo público el dictamen europeo -once reclusos de ETA han quedado ya en libertad- o enmienda la plana a la sala presidida por Fernando Grande-Marlaska y emplea lo que el ministro español de Interior, Jorge Fernández, calificó como "ingeniería jurídica" para, en la medida de lo posible, mantener la doctrina Parot sin que de la sensación de que los tribunales españoles se niegan a acatar una sentencia europea.

El pleno de esta mañana no es juridisccional, lo que significa que la sala se reúne para tratar el encaje del fallo de Estrasburgo de una manera general sobre este asunto, pero no para resolver de forma concreta alguno de los cinco recursos que tiene pendiente el alto tribunal, lo que sentaría jurisprudencia. De este modo, lo que hará la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es unificar los criterios.

La pasada semana, el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional planteó a los 17 magistrados que componen este organismo la posibilidad de esperar a lo que decida esta mañana el Supremo con el fin de guardar la "necesaria unidad jurisdiccional". Sin embargo, el pasado viernes, y con el voto decisivo del propio Grande-Marlaska, decidió no esperar a lo que hoy pueda apuntar el Supremo y acordó la libertad de nueve presos de ETA a los que se les había aplicado la doctrina Parot.

Diversas opciones Según apuntaban ayer fuentes jurídicas, el Supremo tiene varias opciones a la hora de decantarse por el criterio a aplicar tras el fallo de Estrasburgo. Uno sería el defendido por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que propuso la pasada semana que las redenciones de pena se apliquen únicamente hasta el 28 de febrero de 2006, fecha en la que el Supremo puso en marcha la doctrina Parot, de modo que a partir de ese momentos los reclusos deberán cumplir íntegramente la pena sin ningún tipo de redención.

Otra posibilidad, apuntada por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce en una carta enviada a la asociación Dignidad y Justicia, y que se dio a conocer ayer, sería obligar a los presos a presentar ante el Supremo recursos de revisión al considerar que la sentencia de Estrasburgo es un "hecho nuevo". La tercera vía apunta a que el Supremo se decida a estudiar caso por caso los cinco recursos que ahora mismo tienen pendientes de presos a los que se aplicó la doctrina Parot.

En este contexto, Jon Aginagalde, cuya puesta en libertad fue ordenada el viernes pasado por la Audiencia Nacional abandonó ayer la cárcel de Albolote (Granada). Su excarcelación se produjo después de que el Juzgado de Instrucción 3 de Almería, con el que Aginagalde tenía una causa pendiente por una falta de lesiones, emitiera la orden de puesta en libertad. Fue esta causa pendiente, que obligaba al Juzgado de Almería a pronunciarse, lo que pospuso su salida.