vitoria. Pese a una dilatada carrera profesional, el magistrado Luis López Guerra (León, 11 de noviembre de 1947) era hasta hace poco un perfecto desconocido para el gran público. Sin embargo, hay un antes y un después en la trayectoria de este jurista. El pasado 21 de octubre, fue uno de los magistrados de la Gran Sala del Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo que dictaron sentencia contraria a la aplicación retroactiva de la doctrina Parot. El cómputo de penas especial establecido por el Estado español en 2006 quedaba así desactivado y, un día después, la Audiencia Nacional reaccionaba ante el dictamen europeo y ponía en libertad a Inés del Río, que era la presa que había llevado a Estrasburgo el alargamiento de su condena.
Desde ese momento, este magistrado se ha convertido para una buena parte de las asociaciones de víctimas, la derecha mediática e incluso el Gobierno de Mariano Rajoy en el "gran culpable" de la decisión adoptada por el tribunal europeo. Las acusaciones se han ido sucediendo, algunas incluso con trazo grueso. Así, nada más conocer la sentencia, el ministro español de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró en su primera comparecencia tras el dictamen que "López Guerra, con su voto en contra, se ha opuesto a las tesis del Gobierno de España y a las víctimas del terrorismo". Mucho más contundente fue su compañera de partido Esperanza Aguirre. La presidenta del PP madrileño y uno de los estandartes del ala más dura de la formación de Génova manifestó que "López Guerra no es un jurista, es un político mandado a Estrasburgo por Rodríguez Zapatero para cargarse la doctrina Parot tal como se había pactado con ETA".
Sin embargo, en el top ten del acoso a López Guerra podría situarse el comunicado emitido la pasada semana por la Asociación de Militares Españoles (AME), compuesta por un buen número de exmilitares franquistas, que pedía que el juez español en el tribunal europeo sea "juzgado bajo el fuero militar como reo de conspiración y traición consumada a España".
concesión de zapatero Tal es la presión a la que se está sometiendo a este magistrado que el pasado martes anuló la conferencia que tenía prevista como acto inaugural del curso en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). López Guerra, conocedor de la campaña mediática iniciada contra su persona, decidió suspender esta comparecencia para evitar males mayores, puesto que desde algunos sectores se había barajado la posibilidad de acudir a la cita para "exigirle responsabilidades" por su decisión.
Estos sectores achacan a López Guerra ser el brazo ejecutor de una estrategia diseñada por el anterior presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en las conversaciones que mantuvo el Ejecutivo del PSOE con ETA en 2006, cuando la organización armada decretó una tregua que se rompió en diciembre de aquel mismo año con la bomba que explotó en la T-4 de Barajas causando la muerte a dos ciudadanos ecuatorianos. Para este sector que pone en la diana a López Guerra, entre las concesiones que Zapatero puso encima de la mesa se encontraba la derogación de la doctrina Parot y, para ello, impulsó el nombramiento de López Guerra como magistrado del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
Trayectoria Pero, ¿quién es López Guerra y cuál es su trayectoria jurídica y política? Nacido en León el 11 de noviembre de 1947, este magistrado es doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Además, es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III.
López Guerra fue vocal de la Junta Electoral Central, magistrado y vicepresidente del Tribunal Constitucional entre 1998 y 1995. Posteriormente desempeñó el cargo de vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial entre 1996 y 2001. En las elecciones autonómicas de 2003, fue elegido diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid. Compareció a estos comicios como número tres de la lista socialista. Tras las elecciones generales de 2004, y siendo ministro de Justicia Juan Francisco López Aguilar, dejó su puesto como parlamentario autonómico madrileño y fue nombrado secretario de Estado de Justicia, convirtiéndose de este modo en el número dos del Ministerio.
En 2007, y a propuesta del Gobierno de Rodríguez Zapatero, en concreto de los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores, López Guerra fue incluido en una terna de candidatos a formar parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para sustituir en este organismo al juez Javier Borrego, que había cumplido su mandato. La candidatura de López Guerra fue impugnada ante el Supremo por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Una impugnación que, sin embargo, no tuvo recorrido.
Junto a López Guerra, completaban el trío de candidatos Concepción Escobar, entonces jefa de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores; y Alejandro Saiz, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra. La elección quedó en manos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y López Guerra recibió 112 votos, frente a los 25 de Escobar y los 7 de Saiz. Además, hubo 36 votos en blanco o nulos.
Tomó posesión de su cargo el 31 de enero de 2008, y finalizará su mandato el 31 de enero del próximo año 2014. En estos cuatro años ha tratado decenas de casos, pero previsiblemente pasará a la historia por su decisión sobre la doctrina Parot.
Luis López Guerra recibió un mayoritario respaldo de la Asamblea Parlamentaria Europea para acceder al Tribunal de Derechos Humanos. Foto: efe
La Asociación de Militares Españoles pide que sea juzgado por "traición a España"
Lo acusan de ser el brazo ejecutor de un supuesto pacto entre ETA y el Gobierno de Zapatero