Vitoria. La Ley de Territorios Históricos será sometida a debate esta legislatura, ya sea porque PNV y PSE se han comprometido a actualizarla en 2015, o porque el debate sobre las duplicidades que acogerá la ponencia constituida en el Parlamento a tal efecto derivará a buen seguro en un análisis de la norma. Por una u otra vía, los partidos hincarán el diente a una ley que ha suscitado profundos debates y análisis contrapuestos desde que fuera aprobada en 1983. La escisión del PNV y la creación de Eusko Alkartasuna se debió en gran medida a las discrepancias en torno a esa norma, que regula el reparto competencial entre los tres niveles institucionales de la CAV, y que pone en valor el papel de las diputaciones y Juntas, frente a aquellos que apuestan por un modelo más centralista dentro de la propia CAV. Esa visión centralista, llevada al extremo, supondría contar con un Ejecutivo fuerte que acaparara funciones nucleares como la recogida de impuestos, dejando para el Parlamento la regulación de esas normas fiscales.

Entre los defensores de la ley se encuentran PNV y PP, mientras EH Bildu y PSE apuestan por modificarla. UPyD cree directamente que es un sinsentido que existan las Juntas Generales y las diputaciones, ya que contribuirían a engordar la estructura y el gasto del territorio. No parece previsible que el análisis de la LTH termine escorándose hacia debates de tanto calado y con tantas implicaciones, ya que exigirían modificar la Constitución española y el Estatuto, aunque sí podrían cambiarse otras cuestiones menores.

Por ejemplo, los socialistas han defendido que sería necesario reformar la LTH para convertir los ayuntamientos en miembros de pleno derecho en el Consejo Vasco de Finanzas, donde se fijan las previsiones de recaudación y su reparto entre las distintas instituciones en función de la Ley de Aportaciones. El PSE llevó esa propuesta al debate sobre la Ley Municipal abierto la pasada legislatura, y que volverá a abordarse durante el mandato de Iñigo Urkullu. El socialismo propuso que tres representantes municipales tuvieran voz y voto en el Consejo Vasco de Finanzas para decidir sobre el reparto de la recaudación, en lugar de limitarse a recibir lo que estipulara la diputación correspondiente.