Bilbao. La salida de los socialistas del Gobierno vasco sigue coleando diez meses después de que se produjera el traspaso de poderes. Alrededor de 75 altos cargos del anterior Gobierno de Patxi López reclaman al Ejecutivo vasco que les abone cantidades que oscilan entre los 5.100 y 7.700 euros por persona, alegando que es la diferencia entre las retribuciones que percibieron efectivamente durante la legislatura socialista y lo que creen que deberían haber cobrado en concepto de sueldos. Según ha podido saber este periódico, parte de estos exdirectivos han llevado su demanda a los tribunales, ya que el Gobierno vasco ha rechazado todos los recursos presentados por vía administrativa al considerar que los demandantes no tienen razón para ingresar unas cantidades que en su conjunto se acercan al medio millón de euros.
Fuentes del Ejecutivo de Iñigo Urkullu consultadas por DEIA reconocen que la Viceconsejería de Función Pública ha recibido, hasta el momento, 75 solicitudes de ex altos cargos socialistas y todas ellas se han desestimado. Una vez agotada la vía administrativa, un grupo de los demandantes -por el momento 27 exdirectivos- han acudido a los tribunales con su reclamación.
No es la primera vez que el equipo de altos cargos que dirigió la administración de Patxi López trata de que el actual Gobierno vasco les reintegre cantidades que, a su juicio, se les retuvo de manera indebida. Ya lo hicieron ochenta de estos cargos de confianza cuando reclamaron el abono del 5% de recorte salarial establecido en 2010 por su entonces jefe de filas, José Luis Rodríguez Zapatero, y que se aplicó en los últimos tres ejercicios. Pero quizá el desacuerdo retributivo que más páginas de periódico ha llenado es el cobro de la paga extra de Navidad de 2012, que a diferencia de los funcionarios, los altos cargos socialistas ingresaron en sus cuentas. A pesar de que el PSE, aseguró que todos ellos devolverían lo cobrado, a día de hoy solo cinco de los 178 cargos de confianza beneficiados por aquella paga extra la han devuelto.
El fundamento de la reclamación es la misma en todos los casos. Los 75 altos cargos consideran que las retribuciones efectivamente pagadas por el Gobierno socialista para el que trabajaban son menores a las que, en su opinión, les correspondía y que les equiparaba, a nivel de ingresos, con los previstos con carácter general para los funcionarios de máximo nivel de la Administración de la Comunidad Autónoma Vasca.
Alegan para ello que en las leyes de Presupuestos de los tres ejercicios se preveía una cláusula que indicaba que los directores del gobierno tenían garantizado que, como mínimo, percibirían las retribuciones previstas para los funcionarios de máximo nivel.
ley de función pública En los escritos de desestimación de las demandas, el Gobierno vasco sostiene que el máximo nivel reconocido por la Ley de Función Pública vasca es el 28, nivel que sirvió de base para abonar las retribuciones de los altos cargos desde el 2010 al 2012, por lo que no pueden asimilar sus retribuciones a niveles superiores que no están previstos como norma general en la Administración de la CAV.
Algunas de estas demandas se refieren también al ejercicio de 2012, cuando a los funcionarios les fue suprimida la paga extra de Navidad por orden del Gobierno de Rajoy y a los altos cargos no, de manera que los entonces directivos cobraron el equivalente a un sueldo más que los funcionarios de máximo nivel, lo que hace caer por su propio peso la pretensión de los demandantes.
El Gobierno vasco desconoce si le presentarán más recursos administrativos de este cariz, aunque fuentes del mismo reiteraron que todos ellos están siendo desestimados. Una vez que la vía administrativa se ha cerrado, el asunto sigue por el momento vivo en los tribunales después de que 27 de los exdirectivos del anterior Gobierno socialista han presentado sendas demandas judiciales en la jurisdicción Contencioso-Administrativa.
La reclamación de cargos de confianza de Gobierno de Patxi López para que les sean liquidados sueldo que, en su opinión, no les han sido abonados por el ejecutivo para el que trabajaron contrasta con la creciente concienciación para racionalizar el gasto de las administraciones, y que se ha materializado en la legislatura de Urkullu en varias medidas, entre las que destaca la primera que tomó al inicio de su mandato en diciembre de 2012, con una reducción sensible de altos cargos.
La rebaja del organigrama de su Gobierno ha alcanzado el 21%, con respecto a la estructura de personal que manejaba Patxi López, incluidos dos consejero, cinco viceconsejeros y 26 directores de departamento menos. En conjunto supone pasar de 265 altos cargos y personal de confianza a los 209 con los que contarán los jeltzales durante los próximos años. Con esta decisión el erario público se ahorrara cuatro millones de euros al año.
