CONTINÚA la resaca provocada por la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. El fallo de la Sala Grande del Tribunal de Derechos Humanos no ha supuesto sorpresa alguna, a no ser para quienes desde la caverna esperaban un milagro. Esta sentencia, confirma la que dictó la Sala Pequeña del mismo Tribunal en julio de 2012. Viene a decir lo mismo que argumentaron los tres magistrados del Tribunal Supremo español discrepantes con la sentencia del 28 de febrero de 2006, que dio pie a lo que se conoce como doctrina Parot, en sus votos particulares. Recoge los mismos argumentos de cinco de los once magistrados del Tribunal Constitucional que en marzo de 2012 no se plegaron al sentir de la sentencia de ese Tribunal que avalaba la doctrina del Supremo. Recoge, en definitiva, los razonamientos de cualquier jurista que no haya decidido traicionar la toga y abandonar las reglas del Derecho y la Justicia para enrolarse como chusquero de infantería en la Cruzada declarada por el poder ejecutivo.

Lo que se ha venido conociendo como doctrina Parot no era sino una aberración jurídica, una auténtica anormalidad desde el punto de vista del Derecho. Dos de los pilares fundamentales del Derecho Penal, incluso cientos de años antes de que existieran los Estados de Derecho, son que a nadie se le puede aplicar una pena sin que lo haya previsto una ley anterior y que esa pena tiene que ser la prevista por la ley existente en el momento de cometerse el delito, sin que se puede aplicar de manera retroactiva una pena que lo castigue más severamente. No había otra opción y el Tribunal de Estrasburgo, libre de la presión de participar en la cruzada iniciada por Aznar, simplemente ha apuntalado esos dos pilares fundamentales.

Ahora cabe preguntarse qué es lo que va a pasar una vez finalice el ruido mediático. En este sentido, contrasta el comedimiento y la responsabilidad con la que el entorno de los presos ha recibido la sentencia con la escandalera organizada por el entorno más cavernario del PP, que por el momento ha arrastrado a este. La sentencia de Estrasburgo puede y debe suponer una oportunidad para desbloquear el proceso de paz. Lo saben incluso quienes han medrado económica, profesional y políticamente con el conflicto y por eso se empeñan ahora en azuzar a las víctimas del terrorismo para que les sirvan de vanguardia y coartada en sus pretensiones inmovilistas.

Basta ya de cuentos chinos. La sentencia de Estrasburgo es objetivamente irreprochable. Matar no le ha salido gratis a Inés del Rio, con 26 años de cárcel a sus espaldas, o a mi paisano Juan Manuel Piriz, preso desde marzo de 1984, ni a los condenados por hechos cometidos a partir de 1995, que cumplirán 30 años de prisión sin redención alguna. Y lo que es más importante, ninguno de ellos podrá reincidir en los delitos por los que fueron condenados porque su organización cesó su actividad hace más de dos años. Al que le ha salido gratis es a Rodríguez Galindo, contra cuya puesta en libertad ninguno de ellos ha convocado manifestaciones de protesta. ¿Qué va a ser lo siguiente que haga el PP después de acudir a la manifestación convocada contra la sentencia de Estrasburgo, pero también contra la respuesta a la misma de su propio Gobierno y contra el propio Rajoy? ¿Vengarse de la sentencia con otra redada masiva y calmar así momentáneamente la inagotable sed cavernaria? Cabe desear que el Gobierno español tome la senda de la responsabilidad y no se deje llevar por la involución por la que claman esos sectores. No dejen pasar esta oportunidad.