Donostia. "La sentencia de Estrasburgo cambiará nuestra labor. Es evidente". El vicepresidente de la asociación Harrera, Juan Karlos Ioldi, se reconoce "contento, pero con un importante desafío por delante" apenas 24 horas después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ratificara la sentencia del caso Del Río Prada vs. Reino de España. De los 50-60 expedientes de expresos que maneja esta asociación que ayuda en la reinserción a antiguos reclusos y exrefugiados, Harrera puede pasar a gestionar otros 60 más "con un perfil muy determinado y unas necesidades concretas".
"Los criterios los tenemos fijados, son los mismos con los que ya trabajamos", asegura el vicepresidente de Harrera. A día de hoy manejan entre 50 y 60 expedientes, cifra que se podría duplicar tras la declaración irregular de la aplicación retroactiva de la doctrina Parot. "Ese incremento de expedientes será cosa de pocos días y meses", asegura Ioldi, quien dentro de Harrera se encarga de los perfiles laborales de aquellos reos que están saliendo de prisión. Es más, el expreso cree que Josefa Mercedes Ernaga y Jose Piriz Lopez pueden tomar el viernes el mismo camino de salida de prisión que tomó ayer Inés del Río.
"Los recursos están interpuestos hasta en cuatro instancias: la propia Audiencia Nacional, el Supremo, el Constitucional y Estrasburgo, con lo que en la medida en que se pida la revisión de las condenas con base en lo dictado por el Tribunal Europeo, estas personas irán saliendo", calcula Ioldi.
De manejar unos 60 o 70 expedientes de exreclusos y refugiados, el resultado de Estrasburgo sobre la doctrina Parot puede elevar el número a 120. "Tenemos los pocos medios que tenemos, llegamos hasta donde podemos llegar", señala Ioldi, quien, tras asegurar que mantienen relación con todos los partidos salvo PP y UPN, pide respaldo político -"que hoy es imposible con el actual escenario"- y social "para lograr una sociedad normalizada en un futuro".
Funciones ¿Cómo? "Nuestra función es ayudar a lo más básico de la resocialización", contesta el vicepresidente de Harrera, que añade: "Renovar el DNI, dar de alta en la Seguridad Social, los trámites del carné de conducir, ver cuál es su entorno familiar, si dispone de vivienda...".
Cuando los presos a los que la Justicia española aplicó la doctrina Parot salgan de la cárcel, como ayer Inés del Río, Harrera -que mantiene relaciones con instituciones así como sindicatos y patronales- hará "un diagnóstico del estado de cada uno. Eso sí, todos estos tienen un perfil muy determinado: llevan más de 25 años en prisión, y más que en prisión, en un estado de aislamiento. Lo que primero deberán adaptarse al propio mundo que les rodea".
El más joven de los que pueden salir tras la decisión de Estrasburgo, explica Juan Karlos Ioldi, "tiene 52 años. El resto, entre 60 y 70 años. Sin haber cotizado, con poca perspectiva laboral...". Ante este escenario y con "más el contexto de crisis económica", el vicepresidente de la asociación volvió a reconocer que los próximos meses supondrán "todo un reto".
"Estos presos tienen un perfil determinado: llevan más de 25 años en prisión, en un estado de aislamiento"
"La función de Harrera es ayudar a lo más básico de la resocialización"
Juan Karlos Ioldi
Vicepresidente de la asociación Harrera
"Es momento de reactivar la 'vía Nanclares'"
La decisión de Estrasburgo sobre el caso de Inés del Río acentúa la necesidad de tomar nuevas medidas en el camino de la reinserción de los reclusos. Así lo cree el ararteko, Iñigo Lamarca, quien en una entrevista concedida a ETB2 consideró ayer que "es el momento de reactivar la vía Nanclares". A su entender, "en el debate se obvia algo absolutamente fundamental, y es que la Constitución establece el principio de reinserción social para todas las personas condenadas. Todas". A su entender, "la Administración tiene que trabajar con los presos para que cuando salgan de la cárcel, cumplida su condena o porque acceden al tercer grado, la ciudadanía tenga la seguridad de que no volverán a delinquir. Hay que hacer una labor de educación dentro de la cárcel, de reinserción. Y hay un segundo elemento, que la Administración tiene que poner los medios, esforzarse por que el preso reconozca el daño causado". Cuestionado por la decisión de Estrasburgo, Lamarca afirmó que "se ha aplicado el ordenamiento jurídico. Desde siempre hemos sostenido que la llamada doctrina Parot no se ajustaba, no solo a lo establecido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, sino a la Constitución española".
El vicepresidente de Harrera, Juan Karlos Ioldi. Foto: Ruben Plaza
