MADRID. Cinco horas después de que los 17 magistrados que integran el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordara la excarcelación de Del Río, la reclusa ha salido de la prisión de Teixeira (A Coruña).

Vestida de negro, Del Río ha repartido abrazos y besos entre la comitiva que la aguardaba -una quincena de personas entre familiares y amigos-, y ha sido cubierta hasta las rodillas con una enorme ikurriña para resguardarla del aluvión de flashes de fotógrafos y cámaras de televisión mientras se metía en un coche y abandonaba sonriente el lugar.

Antes de irse Del Río, de 55 años, nacida en Tafalla y miembro del comando Madrid, ha podido escuchar un contundente "ni olvido ni perdono" proferido por dos personas que, a título particular, sin representar a ninguna organización, se han acercado a Teixeiro.

La excarcelación de la reclusa, condenada a 3.828 años de cárcel por 24 asesinatos, era ordenada por los 17 magistrados de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un contundente auto de respuesta al dictamen de la Corte Europea.

"La resolución es clara y concluyente: incumbe al Estado asegurar la puesta en libertad de la demandante en el plazo más breve posible, ya que se encuentra privada irregularmente de libertad", argumenta el auto.

Una irregularidad que la sala entiende se produce desde el 3 de julio de 2008, fecha en la que debía haber salido de prisión y que con la aplicación de la doctrina Parot su excarcelación se alargó hasta 2017.

Así, para la Audiencia Nacional, Inés del Río tiene extinguidas desde hoy sus responsabilidades penales por cumplimiento de condena, aunque no cobrará la indemnización de 30.000 euros fijada por Estrasburgo en concepto de daños morales por haber permanecido en la cárcel cinco años más.

Según el auto, que recoge la petición de la fiscalía de bloquear esta cantidad, la indemnización se destinará "al pago de las responsabilidades civiles decretadas a favor de las víctimas", e incluso al derecho de subrogación del Estado.

Tampoco duda la sala sobre que la vinculación de la decisión tomada ayer por la gran sala del TEDH, al estimar que ésta es de obligado cumplimiento en virtud de que España se comprometió a ejecutar las sentencias del tribunal europeo al decir sí al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Civiles y Libertades Fundamentales.

Veinticuatro horas después de la decisión del TEDH y de la posterior puesta en libertad de Del Río, las reacciones han continuado durante la jornada.

Tal y como hicieran ayer, los ministros de Justicia e Interior, Alberto Ruiz-Gallardón y Jorge Fernández Díaz, respectivamente, han vuelto de nuevo hoy a expresar el dolor por la resolución de la Corte Europea que, en todo caso, deben aplicar a partir de ahora los tribunales españoles caso a caso.

"Como Gobierno no tenemos otra cosa que decir. No podemos añadir más. Solo ser, como siempre, respetuoso con las decisiones de los tribunales más allá de las opiniones que nos merezcan, pero la Audiencia Nacional ha actuado en el ejercicio de sus competencias", ha apostillado Fernández Díaz en el Congreso.

Para el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el fallo de Estrasburgo no cuestiona la doctrina Parot sino la manera de aplicarla retroactivamente, ya que el tribunal europeo no establece un marco general sino que resuelve un solo caso.

Y aunque la Fiscalía ha apoyado la excarcelación de Del Río, Torres-Dulce ha explicado que esto no quiere decir que el ministerio fiscal actúe del mismo modo en todos los supuestos.

Veinticuatro horas después de la decisión del TEDH, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha convocado el próximo domingo una concentración de rechazo por la derogación de la doctrina Parot, a la que ya han anunciado se sumarán otros colectivos de víctimas como Dignidad y Justicia.