SEVILLA. Ramón Díaz compareció como imputado ante la juez Mercedes Alaya el pasado viernes y se acogió a su derecho constitucional a no declarar después de que la magistrada le imputara tres delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, tal y como ya informado a Europa Press fuentes del caso.
Tras ello, se celebró una comparecencia de medidas cautelares en la que la Fiscalía Anticorrupción solicitó que se le impusiera una fianza civil de dos millones.
Pues bien, la juez Alaya ha dictado un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que cuantifica en 457.041,61 euros el coste para la Junta de Andalucía por la inclusión de cinco 'intrusos' en Calderinox, Saldauto y A-Novo.
A todo ello suma la juez la cantidad de 450.000 euros por la subvención sociolaboral a la SAT Virgen del Espino, en la cual "participaría activamente" el imputado, quien "sabía que no era para una empresa de ocho trabajadores, pues tan sólo tenía dos y en realidad era pago de parte de las ayudas comprometidas".
La juez suma a todas estas cantidades otros 700.000 euros "por su contribución personal" a la negociación de los expedientes, "conociendo como sabía cómo y con qué deficiencias se tramitaban las subvenciones sociolaborales en los expedientes en que intervino, que fueron muchos", como Primayor, Saldauto, Calderinox, Faja Pirítica, Pickman o Nerva Croissant.
El imputado "conocía que alguna de estas entidades carecían de actividad y de trabajadores", como SAT Virgen del Espino, mientras que también "era consciente, según reconoció a la Guardia Civil, que nadie controlaba el destino dado a las ayudas, lo que obviamente incrementaba el despilfarro de las mismas, en la que el inculpado tendría por lo expuesto cierta participación".
EL IMPUTADO DEFIENDE SU INOCENCIA
Tras la comparecencia del pasado viernes, el abogado del imputado entregó a los periodistas un comunicado de prensa en el que defiende su "absoluta inocencia" en el caso, añadiendo que "existen abundantes pruebas tanto testificales como documentales de su falta de participación" en los hechos relacionados con este procedimiento.
A su juicio, "así lo especifica el informe enviado a la juez Alaya por la Junta de Andalucía, a requerimiento de la Fiscalía, en el que se dice que no tenía ninguna capacidad de decisión, por lo tanto ni podía proponer acuerdos ni aprobaba ni denegaba".
"Su alejamiento de la partida 31.L --más conocida como 'fondo de reptiles'-- está acreditado a lo largo del sumario y continuará demostrándolo en los momentos procesales oportunos", concluye el comunicado.
