jesús morales

pamplona. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona, Fermín Otamendi, dejó ayer en libertad sin fianza a los seis detenidos como supuestos autores de la colocación de la ikurriña que retrasó el lanzamiento del Chupinazo de los Sanfermines este año. Les imputa un delito contra el orden público por considerar que la bandera suponía un "claro riesgo" para las personas congregadas en la plaza Consistorial. El magistrado, que acordó que los encausados comparezcan en el juzgado una vez al mes, ha ordenado la intervención de los móviles de los imputados y ha acordado recoger una muestra de su perfil genético para cotejarlo con las evidencias halladas en el lugar de los hechos.

El indica que de las diligencias practicadas se desprenden "claros indicios" de que fueron los detenidos quienes colocaron momentos antes de las 12.00 horas del 6 de julio una bandera de grandes dimensiones a escasos metros de la fachada del Ayuntamiento de Pamplona. Según Otamendi, este hecho provocó un retraso de casi veinte minutos en el lanzamiento del cohete anunciador de las fiestas de San Fermín y supuso un "claro riesgo" para las miles de personas que se encontraban en ese momento en la plaza Consistorial. En este sentido alude tanto a las reacciones que la colocación de la bandera podría provocar, ya que es "notorio" que existen discrepancias sobre la presencia de la ikurriña en ese acto, como por "el peligro que hubiera generado la caída incontrolada de la bandera, muy pesada y de grandes dimensiones, sobre los congregados lo que podría haber colocado escenas de pánico y movimientos de la masa de consecuencias inimaginables". El juez considera también que a la vista de las dimensiones de la bandera y la escasa distancia de la fachada de la Casa Consistorial era "inevitable" el retraso del cohete, puesto que "no podía correrse el riesgo de que impactara contra la tela", con las consecuencias que eso podría conllevar. Esto es algo que, en su opinión, tenían que saber los detenidos.

Por otra parte, también fue llamada a declarar la edil de Bildu Patricia Perales. Fue interrogada sobre sus intercambios de llamadas los días previos al Chupinazo con dos de los detenidos por el juez, antes de dictar un auto en el que quedaba libre de cualquier imputación. Según ha podido saber este periódico, la edil abertzale respondió que los intercambios de llamadas con uno de los imputados se produjeron porque éste era uno de los impulsores de una moción sobre los efectos en la Rochapea de la riada de junio. Además, el juez le habría preguntado por su contacto telefónico con otro de los arrestados, uno de los representantes de Gora Iruñea!, agrupación que en aquellos días montaba por primera vez su recinto festivo en la Runa.