bilbao. Los sucesos que ocurrieron el 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán de Irun son merecedores de cualquier película de espionaje a tenor de la instrucción que realizó el juez Pablo Ruz y la sentencia que dictó ayer la Audiencia Nacional. Según los magistrados, el entonces jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, tuvo conocimiento de que se iba a desarrollar la Operación Urogallo contra el supuesto aparato de extorsión de ETA. Según la sentencia, Pamiés actuó "con el designio de no entorpecer la situación política abierta de diálogo, para acabar con la actividad de ETA". Para ello, buscó a José María Ballesteros, inspector de policía en Gasteiz y no vinculado a la lucha contra ETA -era experto en yihadismo- y le encomendó que entrara en el bar Faisán en la mañana de 4 de mayo de 2006 y, por su mediación, le permitiera avisar a Joseba Elosua de que el supuesto recaudador de la organización armada, José Antonio Cau Aldalur, de que no acudiera a una cita que iba a tener en Irun con Elosua porque iba a ser detenido.

La sentencia señala que Ballesteros entró en el bar y dio un teléfono móvil a Elosua. Al otro lado de la línea estaba Pamiés que, según el tribunal, "dio a Elosua datos y detalles de la operación policial en marcha para detener al aparato de extorsión de ETA". Para hacer creíble su mensaje, el comisario le dijo que sabía que el 4 o 5 de mayo Elosua iba a tener una cita con Cau Aldalur para darle nueve botellas de vino -en clave, nueve millones de pesetas según los investigadores- y que no dijera a nadie que le había llamado "para no fastidiar todo el proceso".

Con esta información, Elosua se desplazó a Baiona junto con su yerno, Carmelo Luquín, para prevenir a Cau, después de no lograrlo por teléfono. En su encuentro, en Baiona, Elosua y Luquín entregaron al recaudador de la organización armada un paquete de periódicos, entre los que los investigadores sospechan que se ocultaban los 9 millones de pesetas. Ante la detención fallida de Cau Aldanur y Elosua, el jefe de la investigación contra el aparato de extorsión, el comisario Carlos Germán, solicitó a las autoridades francesas que detuviera a ambos en su territorio. Sin embargo, esto no se consiguió porque la jueza antiterrorista Laurence Levert no tenía elementos suficientes para dar luz verde a la operación. Con posterioridad, el supuesto del aparato de extorsión de ETA fue desmantelado el 22 de junio de 2006. Sus miembros todavía están pendientes de juicio.

A lo largo del juicio, Pamiés aseguró que acudió el 4 de mayo a Irun porque tenía una cita con un supuesto confidente de ETA al que apodó Romano. Pamiés manifestó que solicitó que le acompañara Ballesteros para hacer labores de vigilancia mientras él mantenía el encuentro con Romano. El supuesto confidente aseguró que ante el despligue policial -estaba en marcha la Operación Urogallo- no acudió a la cita, que tuvo lugar días después. El tribunal no da credibilidad a esta versión.

En un principio también estuvo encausado el exdirector de la Policía, Víctor García Hidalgo, aunque posteriormente fue excluido del sumario y no llegó a sentarse en el banquillo de los acusados.