BARCELONA. La cifra es una de las principales conclusiones de un extenso informe de 50 páginas que analiza "deslealtades" del Estado en varios ámbitos, como la cultura y lengua catalana, la conflictividad institucional, el modelo de financiación o el reparto de objetivos de déficit, entre otros, y que el Govern cree que generan desigualdades sociales porque afectan a la situación financiera de la Generalitat.
En la conferencia de prensa posterior a la reunión semanal del gobierno catalán, el conseller de la Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, ha presentado hoy el balance titulado "La deslealtad del Estado respecto a Cataluña", que la Generalitat enviará al Gobierno central.
Sin embargo, el ejecutivo catalán, según ha dicho Homs, está dispuesto a discutir presencialmente con el Gobierno de Mariano Rajoy el contenido del informe en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat o "en el formato que quieran".
"Esperamos que -en el Gobierno- se analice, que se cumpla y si no se comparte, que se diga", ha dicho Homs, quien ha defendido el estudio como un "ejercicio de transparencia" que, en el diagnóstico de las relaciones entre ambos ejecutivos, "no nos da miedo hacer".
Preguntado por si este informe, añadido a la tensión política por el debate soberanista, puede acabar en un "choque de trenes" entre Estado y Generalitat, Homs ha levantado el estudio asegurando que "esto es un tren que ha pasado por encima" y ha vaticinado que incluso la presidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, compartiría las conclusiones del citado documento.
Homs ha alertado de que se han "cronificicado" las deslealtades del Gobierno, que se remontan a la época del presidente del Gobierno José María Aznar (1996-2004) y que han sido "corregidas y aumentadas" en los últimos años.
"Nos dicen -desde el Estado- que el diálogo se debe hacer desde el cumplimiento de la ley, pues que empiecen", ha espetado el portavoz, quien ha acusado al Gobierno central de "incumplir de forma sistemática sus propias leyes" y vulnerar el "principio de lealtad institucional" con la Generalitat.
Según Homs, estos incumplimientos están detrás de parte del "sufrimiento" de los ciudadanos catalanes y vulneran su derecho a no ser "discriminados" por razón del territorio en el que viven, porque el Estado, a su juicio, no aporta los recursos que debería en ámbitos como infraestructuras, educación, becas o servicios a la dependencia.
En este sentido, el informe incluye, por ejemplo, el incumplimiento por parte del Gobierno de una sentencia del Tribunal Constitucional que ha provocado en la última década la pérdida de 120.000 becas en Cataluña.
La Generalitat, que no descarta trasladar este informe a agentes internacionales, cuantifica en 9.375,7 millones la cifra con la que, según Homs, "el Estado cumpliría la ley" si se abonara al Govern, aunque no ha concretado desde cuándo se inician estas deudas.
Como tal, el principio de lealtad institucional, sobre el que se analizan los supuestos agravios económicos, se introdujo en el acuerdo de financiación del 2001, según el informe presentado hoy.
La cifra de 9.375,7 millones incluye 5.748 millones de inversiones en infraestructuras, 672,6 millones de reducción de ingresos finalistas procedentes del Estado, 1.715,2 millones de medidas estatales que suponen incrementos del gasto y 1.239,9 millones de medidas estatales que suponen un descenso de ingresos.
El informe también critica el reparto del déficit y alerta del incumplimiento "sistemático" del llamado principio de ordinalidad -mantener la posición en el ránking de CCAA entre lo que se aporta y lo que se recibe-, después de que en 2011 Cataluña quedara como la tercera comunidad autónoma en aportación y la décima en cuantía recibida del Estado.
El estudio también denuncia decisiones del Estado orientadas a "menospreciar" la lengua catalana -como la negativa a usar esta lengua ni en organismos estatales ni internacionales-, el sistema educativo -la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa- o la cultura -caída en un 46 % de la inversión o los llamados Papeles de Salamanca-.
El documento también hace referencia a otras acciones en contra del estatus político de Cataluña como la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra el Estatut, el rechazo de Rajoy al pacto fiscal y la declaración de soberanía del Parlament suspendida por el TC.
