vitoria. La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dará a conocer el próximo lunes el futuro de la doctrina Parot. Será a las 11.30 horas del día 21 cuando los magistrados de la Corte de Estrasburgo hagan pública la sentencia que acordaron en la reunión del pasado 12 de septiembre sobre el caso Inés del Río vs. Reino de España tras el recurso que presentó el Gobierno español al fallo que la Sala Tercera alcanzó por unanimidad en 2012.

En menos de una semana se aclarará el futuro de la propia presa navarra y, según los términos en los que se pronuncie el Tribunal Europeo, también el porvenir de otros 70 presos vinculados con el MLNV a los que la justicia española ha aplicado estos años la doctrina 197/2006. De ellos, 13 son los que no han superado la fecha fijada en el auto de licenciamiento definitivo, la que marca el día en el que deberían haber salido de la cárcel. El resto debería haber abandonado la prisión.

Estos datos, facilitados por la abogada de Del Río, Amaia Izko, dan cuenta de la trascendencia del fallo que se conocerá el lunes y que afecta a otros 31 reos comunes, según el Ministerio del Interior español. Izko, que confesó que analizan si acudirán a Estrasburgo o si seguirán la lectura de la sentencia desde Euskadi mediante un streaming que facilitará la Corte, se volvió a mostrar confiada en que la Gran Sala ratifique la decisión adoptada por la Sala Tercera en 2012.

En ella, los 17 magistrados dictaminaron por unanimidad y en términos generales que la aplicación retroactiva de la doctrina Parot fue incorrecta. "Habrá que ver si la Gran Sala se mantiene en esos términos", aseguró Izko, quien se mostró "esperanzada" en un hipotético fallo favorable a sus intereses: "Dijimos desde el principio que nuestra posición jurídica era sólida, fundamentada también en la propia sentencia de la Sala Tercera". La abogada, que reclamó prudencia hasta "ver lo que dirá el TEDH", concluyó que el fallo que se conocerá el lunes "dejará dos cosas claras. Por un lado, que marcará la interpretación sobre estos derechos humanos que deberá hacerse en situaciones similares; y, por otro lado, que el Estado deberá acatar diga lo que diga Estrasburgo".

Extremo que también confirmó el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien antes de que se supiera que el fallo se conocerá el lunes aseguró que "lo lógico" es aplicar "la doctrina que emane de esa sentencia", ya decidida el pasado 12 de septiembre. En una entrevista en RNE, pidió atender "en qué términos" se pronunciará la Corte europea y si fija después "alguna categoría de carácter general". Para ello, Torres-Dulce ya avanzó que habrá que "examinar en cada caso concreto".

Izko hizo valoraciones similares y entendió que el Estado deba analizar "caso por caso. Eso no nos preocupa, sino que, viendo la actitud que ha tenido hasta ahora, el riesgo que existe de dilatar el cumplimiento de un posible fallo contrario o el riesgo que existe de que intente una reinterpretación de lo que diga Estrasburgo".