Míriam Vázquez. vitoria. Tras haber recibido ayer las propuestas del PP, el Gobierno Vasco ya tiene sobre la mesa todas las alegaciones de la oposición a su Plan de Paz y Convivencia. Como cabía esperar en un debate tan sensible, todas son críticas con el planteamiento del Ejecutivo y, además, apuntan en direcciones opuestas y contradictorias entre sí, lo que podría complicar el consenso y el encaje de esas iniciativas en el plan. No obstante, el secretario del área, Jonan Fernández, podría tener motivos para la albergar cierta esperanza. En concreto, las alegaciones aluden en buena medida a la lectura del pasado y se refieren al espíritu del plan y a su lenguaje, con unos constitucionalistas que lo ven complaciente con la izquierda abertzale, y con una EH Bildu que opina justo lo contrario y cree que no se carga con la suficiente contundencia contra las vulneraciones ocasionadas por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, han planteado pocas objeciones a la metodología y los objetivos, la parte nuclear del texto: no se han negado en redondo a estudiar todas las vulneraciones de derechos humanos, a analizar la política penitenciaria, a poner en marcha centros de la memoria o a educar en convivencia, aunque sí se ha rechazado por parte de PSE y PP la referencia al compromiso de la Ertzaintza con los valores éticos porque insinuaría que hasta ahora los ha desatendido.
Aunque es probable que las distintas visiones del pasado afloren más adelante cuando se debata la puesta en marcha de cada proyecto, se trataría de una discusión posterior, y no de un freno que impida aprobar ahora el plan con cierto nivel de consenso en cuanto a los objetivos. Según fuentes de Lehendakaritza consultadas, Fernández comparecerá la próxima semana en rueda de prensa para ofrecer su primera valoración sobre las sugerencias de las formaciones. El proyecto final sería refrendado en Consejo de Gobierno a mediados de noviembre.
la propuesta El plan, que abarca actuaciones hasta 2016, contempla propuestas para abordar el pasado, el presente y el futuro. Por tanto, el pasado es solo una parte y, además, el debate se articularía en gran medida a través de iniciativas concretas que los partidos no rechazan discutir, como el Instituto de la Memoria, el mapa de vulneraciones -ya presentado- o la investigación de las torturas. Por ello, la discusión sobre el pasado podría llegar más adelante, durante el diseño de esas iniciativas, pero no como veto apriorístico al plan de Fernández.
Por otra parte, y sobre el pasado, el texto pone en valor el compromiso con que el fin de ETA no suponga pasar página "sin crítica explícita", aboga por reconocer a todas las víctimas "sin equiparaciones", y pone en valor el suelo ético de la Ponencia de Paz, de modo que las apelaciones de PSE y PP a destacar esas bases en el plan parecen satisfechas de antemano. Podría ser que EH Bildu tampoco hiciera casus belli a cuenta de esa mención, ya que no se opuso a tomar el suelo ético como referencia para abordar las tareas de la ponencia, aunque no lo asumió personalmente. Aun así, podría ser que el bloqueo en esa ponencia influyera en la postura de los constitucionalistas sobre el plan.
El programa fija como objetivos contribuir al desarme de ETA, constatar todas las vulneraciones de derechos, completar el proceso de reparación de todas las víctimas, definir una política de memoria, promover acuerdos para una política penitenciaria flexible, alcanzar consensos, y buscar interacciones socioeducativas para abonar una cultura de encuentro social. En términos generales, no hay tantas divergencias, aunque el PP discrepa con los tiempos del debate de la política penitenciaria, ya que condiciona el fin de la dispersión a la disolución de ETA; rechaza el programa de reinserción de Lakua porque carece de competencias, y tampoco comparte que se mezcle a todas las víctimas en el Instituto de la Memoria. Sin embargo, no se opone a reconocer a los damnificados por "contraterrorismos ilícitos". La mayor cerrazón procede de UPyD, que pide aplicar la Ley de Partidos, mantener la doctrina Parot, y centrarse en reconocer el trabajo de las asociaciones de víctimas y las fuerzas de seguridad. A su juicio, la convivencia se limita a aplicar el Estado de Derecho.
PSE y EH Bildu Por partidos, los socialistas dedican buena parte de sus alegaciones a lamentar el lenguaje del texto -por hablar de "violencia" y no de "asesinatos"-, y exigen una mayor contundencia ante la izquierda abertzale. En esa línea, reivindican los acuerdos parlamentarios forjados en el pasado y piden no rebajarlos solo para que se sume EH Bildu. Sin embargo, al bajar a lo concreto, comparten los objetivos: apuestan por reconocer todas las vulneraciones de derechos -aunque sin equiparaciones-, estiman conveniente investigar las denuncias de torturas, y defienden una política penitenciaria más flexible. También exigen la puesta en marcha de un Instituto de la Memoria que ya se contempla en el plan, y que el propio PSE pactó reactivar en esta legislatura con el PNV, aunque discrepa con su ubicación en Gernika. Como excepción, el socialismo no comparte el objetivo de reforzar el compromiso de la Er-tzaintza con los derechos, por considerar que puede encerrar la insinuación de que no los ha respetado hasta la fecha.
Para el PSE, el plan traslada la idea de que en Euskadi ha habido dos bandos pero, para EH Bildu, el texto postula que la acción de ETA "supone el principio y fin de la tragedia que ha vivido este pueblo, como si ETA fuera el único hacedor de todas las violencias". Al margen de las diferencias sobre la versión del pasado, la coalición reclama un posicionamiento nítido en contra de la dispersión y a favor de excarcelar a los presos enfermos, cuestión que no debería cortocircuitar el acuerdo, ya que el plan aboga por una política penitenciaria más flexible.
Sin embargo, también lamenta que el Gobierno no contactara con el colectivo de presos para confeccionar el programa Hitzeman, la propuesta para avanzar hacia la reinserción desde la cooperación institucional y sin perder de vista que la competencia en materia penitenciaria obra en poder de Madrid. También exige el repliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y no alude expresamente a la disolución de ETA, aunque sí a su voluntad de desarmarse de forma ordenada.
EH Bildu, PSE y PP coinciden en reconocer todas las vulneraciones, aunque los dos últimos no quieren equiparación
El aval a una política penitenciaria flexible lo comparten PSE y Bildu, y el PP, sin cerrarse, la condiciona al fin de ETA
Socialistas y 'populares' acusan a Lakua de complacer a la coalición abertzale, pero el plan reivindica el 'suelo ético'
El portavoz parlamentario del PP, ayer en rueda de prensa. Foto: efe
