BILBAO. En su intervención en el acto solemne de la apertura del Año Judicial celebrada hoy en el Palacio de Justicia de Bilbao, Urkullu ha expresado su compromiso ético y el de su Ejecutivo para afrontar la consolidación convivencia y la paz en Euskadi.
Después de dos años del cese de actividad de ETA, el lehendakari ha reclamado "el apoyo, reconocimiento y reparación a las víctimas de esa violencia sin sentido".
A su juicio, corresponde ahora a quienes ejercieron o justificaron la violencia ponerle fin definitivamente.
Pero además, ha dicho, "a los poderes públicos", les corresponde "allanar el camino", desde la base de los principios éticos y de legalidad y "contribuir a un final ordenado, para intentar construir una convivencia social" y dejar atrás "actitudes y comportamientos de un pasado" que los vascos deben superar, ha concluido.
Por su parte, el fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha destacado que tras asistir a la "derrota legal, material y moral de quienes se creyeron capaces de quebrar a sangre y fuego la voluntad democrática de los ciudadanos", los terroristas "persisten en su incapacidad" de reconocer "su desatino histórico" y de abandonar las armas y desaparecer.
A su entender, la justicia debe seguir investigando y enjuiciando ese tipo de delitos, así como velando por el cumplimiento de las penas, "siempre conforme a los principios constitucionales de humanidad, dignidad, derecho a la integridad física y moral, y a la salud de los presos, buscando la finalidad primordial de la reeducación y reinserción social".
Calparsoro ha confiado en que una pronta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos clarifique la interpretación que se está haciendo de la denominada doctrina Parot sobre el cumplimiento de las penas.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, ha afirmado que al final de la actividad de ETA, la sociedad tiene "una deuda de justicia cívica con las víctimas" pero "atender ese reto" no debe impedir que los terroristas "puedan cursar la ejecución de sus condenas" desde "parámetros de justicia restaurativa".
Ese concepto, ha añadido, insiste en "la reparación del daño injusto causado por el delito" a las víctimas y "reconstruir el tejido social deteriorado por el crimen".
