vitoria. El acuerdo que aún no se ha podido rubricar entre todos los partidos en torno a la fiscalidad sí ha sido posible entre las instituciones en materia de reactivación. Las diputaciones y el Gobierno han cerrado un acuerdo sobre el plan interinstitucional para 2013, que se activará con la capacidad de endeudamiento extra procedente de la relajación del objetivo de déficit de este año. Después de que Bizkaia y Gipuzkoa hicieran pública su adhesión el martes, el Ejecutivo comunicó ayer a través de una nota de prensa el cierre definitivo con la incorporación de Araba. A partir de ahora, las diputaciones deberán modificar sus Presupuestos para trasladar a las Cuentas los proyectos pactados con Lakua. La Diputación guipuzcoana, de Bildu, ha marcado distancias precisando que solo ha aceptado el reparto del déficit, y que será decisión suya precisar a qué políticas destina esos fondos. No articulará proyectos conjuntos con el Gobierno, sino que dejará a Lakua que emplee como desee su 70%, mientras el destino del 30% de la Diputación se debatirá en Juntas.
Aun así, el pacto ha superado las reticencias iniciales de Bildu y ha arrojado cierta imagen de concertación en tiempos de inestabilidad, un proceder que aún no ha podido trasladarse a la reforma fiscal, aunque ya cuente con la significativa suma de PNV y PSE, la eventual aproximación del PP, y la disposición de EH Bildu a aprobar en Araba la parte del acuerdo que se corresponde con sus demandas. El acuerdo entre instituciones ha vuelto a mostrarse más sencillo que entre partidos, en buena medida porque las necesidades de la gestión del día a día aprietan a las diputaciones, y un acuerdo tan tentador como el reparto del déficit para contar con fondos difícilmente podría haber sido rechazado.
Araba contará con 30 de los 180 millones del pacto, y los dedicará a mejorar las carreteras o crear una unidad central de extinción de incendios y salvamento, entre otras inversiones. Se baraja que el acuerdo sea rubricado el lunes por el lehendakari y los diputados generales, aunque previamente habrá de firmarlo el Consejo Vasco de Finanzas. Un mero trámite que podría llevarse a cabo cinco minutos antes de la rúbrica oficial. El pacto ha nacido de la dinámica de diálogo impulsada por Iñigo Urkullu tras la prórroga presupuestaria. Unas conversaciones que han reconducido el bloqueo y han rebajado la tensión entre los partidos. En ese momento puso en marcha una mesa institucional entre el Gobierno, las diputaciones y Eudel, con la propuesta del reparto del déficit; y otro foro, de partidos, para debatir sobre fiscalidad, reactivación, políticas públicas y arquitectura institucional. La primera mesa sirvió para romper el hielo, y la segunda desembocó en el acuerdo PNV-PSE, que necesitan al menos un tercer socio para aprobar las normas fiscales en las Juntas de Gipuzkoa y de Araba. Otra opción pasaría por que uno de los otros dos grandes partidos, EH Bildu o PP, se abstuviera.
El Parlamento, por su parte, acogerá hoy un monográfico fiscal que no será decisivo por varias razones. En primer lugar, porque la competencia para aprobar impuestos reside en las Juntas, que siempre tendrán la última palabra. En segundo lugar, porque la treintena de propuestas de resolución de PNV y PSE, conscientes de ese reparto competencial, tienen un carácter genérico y, aunque aluden a cuestiones como la necesaria progresividad del IRPF y la apuesta por incluir más tramos, no concretan porcentajes.
Además, se llegará al Parlamento sin un acuerdo con una tercera fuerza, y parece harto improbable que cuaje in situ, a la vista de lo distanciadas que se encuentran las posiciones. A todo ello se suma que el PP no quiere escenificar un pacto en la Cámara, sino en las Juntas, en quienes reside la competencia -y donde, por otra parte, los votos de los populares sí son decisivos, al contrario que en el Parlamento-. EH Bildu tampoco variará su discurso, ya que ayer elevó el listón para admitir que, aunque el pacto pueda recoger preceptos vigentes en Gipuzkoa, es una "mala copia", toda vez que el debate debería centrarse ahora en ir más allá y no en limitarse a lo que ya se aplica. Por otra parte, el pleno no sería novedoso, ya que se celebraron dos similares el 28 de mayo de 2012 y el 15 de febrero de este año. Por todo ello, el pacto habrá de materializarse en Juntas.
El presidente del PP de Bizkaia, Antón Damborenea, dejó claro ayer que su partido no pondrá toda la carne en el asador en el pleno al opinar que las propuestas de resolución "no sirven para nada". Por ello, remitió el debate a las Juntas. Además, opinó que el pacto "es un guiño a Bildu, una copia casi calcada de la fiscalidad de Gipuzkoa". La presidenta del partido, Arantza Quiroga, se reunió ayer con junteros y parlamentarios del PP para analizar el pacto y, según pudo saber DNA, decidieron presentar una sola propuesta de resolución sobre la foralidad.
Desde EH Bildu apostaron por establecer el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, vigente en Gipuzkoa, y elevar ese tipo impositivo. Mientras sigue abierto el diálogo, su Diputación avanzó ayer la intención de aprobar su nuevo Impuesto de Sociedades, de modo que las Juntas deberán elegir entre ese borrador o el del pacto PNV-PSE. La institución justificó que su impuesto fue pactado previamente.
