Madrid. El Consejo de Ministros del Gobierno español aprobó ayer una profunda reforma del Código Penal que incluye la prisión permanente revisable para terroristas. Pese a la oposición mostrada desde altas instancias de la judicatura española, y muy especialmente de la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, el Gobierno del PP presentará próximamente un proyecto de ley definitivo para su remisión a las Cortes.
La propuesta del Ministerio de Justicia dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón incide en profundos cambios en la legislación penal con la introducción de la prisión permanente revisable. Reservada a casos de excepcional gravedad, la modificación también alude a aquellos actos cometidos en el seno de una organización criminal. Es decir, que se aplicará en el castigo de homicidios futuros perpetrados por miembros de bandas como ETA. No en vano, la reforma del Código Penal no adapta la retroactividad en su aplicación judicial.
La prisión permanente revisable, que se impone también en caso de homicidio del rey o su heredero, jefes de Estado extranjeros y en los supuestos más graves de genocidio o crímenes de lesa humanidad, está sujeta a un régimen de revisión. Tras el cumplimiento íntegro de una parte "relevante" de la condena según el delito cometido, el preso podrá obtener la libertad condicional si se acredita su reinserción. No lo hará, en todo caso, antes de 25 o 35 años -según la gravedad de los hechos-, mientras que la pena podrá ser revisada cada dos años.
La propuesta de Gallardón, que en breve comenzará a recorrer su trámite parlamentario -lo hará tanto en el Congreso como en el Senado-, por contra, ha chocado de bruces con las críticas del CGPJ. Gabriela Bravo recordó que el órgano judicial del que es portavoz ya emitió un informe en el que aportaba sus críticas a la introducción de algunas figuras jurídicas como la prisión permanente revisable o las medidas de seguridad. Sin embargo, la mayor parte de sus observaciones han caído en saco roto.
Haciendo mayor énfasis en la elevación de las penas que contemplará el nuevo código, Bravo consideró que el Código Penal actual es "uno de los más duros de Europa" y defendió por ello que "no siempre la elevación de las penas puede solucionar los problemas". Avalada recientemente por el Consejo de Estado al entender que no renuncia a la posible reinserción del reo, sin embargo l portavoz judicial llamó a dotar a las modificaciones penales de un "absoluto consenso", un aderezo que el Ministerio de Gallardón no ha tenido en cuenta en su modificación.
El renovado Código Penal también incluirá un amplio paquete de 40 medidas contra una de las principales lacras del Estado: la corrupción política. Basado en un informe que el Ejecutivo de Rajoy espera consensuar con el resto de los grupos parlamentarios, la iniciativa -que se corresponde con el anuncio realizado por Mariano Rajoy en el último debate sobre política general en pleno estallido del caso Bárcenas- conllevará la modificación de diez leyes entre las que hay medidas encaminadas contra la financiación ilegal o la revisión de distintos tipos penales, como la prevaricación o el cohecho.
