vitoria. La progresiva adaptación de los servicios de escolta al nuevo tiempo sin violencia de ETA ha provocado un conflicto entre el Departamento de Seguridad y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), cuyos máximos responsables, Estefanía Beltrán de Heredia y Juan Luis Ibarra, respectivamente, intercambiaron ayer escritos en los que discrepaban, precisamente, sobre si el presidente del alto tribunal mantiene o no la protección. Así, mientras Heredia aseguraba que "a día de hoy el presidente del TSJPV cuenta con un servicio de protección de la Ertzain-tza", el magistrado respondía que "no es cierto" y que actualmente no le protege nadie, ya que "al día de la fecha" no ha recibido la "propuesta de planificación para el servicio de protección" que el pasado 24 de julio le notificaron desde Seguridad que le iban a plantear.
La polémica comenzó el pasado lunes, cuando entró en vigor la retirada de la escolta a los últimos miembros de la cúpula judicial del País Vasco que aún la mantenían: los tres responsables de las Audiencias territoriales y el juez decano de Bilbao. En lo que al presidente del TSJPV se refiere, fuentes de Seguridad aseguraron a DEIA que se han sustituido los guardaespaldas privados que le acompañaban por berrozis de la unidad de Protección y Seguridad, pero que Ibarra "no ha activado este servicio".
Muy al contrario, desde el alto tribunal vasco insistieron en que "ninguno de los cinco tiene protección ahora mismo" y criticaron el "terrible agravio comparativo" que supone retirar la escolta "al tercer poder, la cúpula judicial", cuando la mantienen cargos políticos. Fuentes sindicales consultadas por este periódico afirmaron que actualmente "hay dos berrozis esperando en la comisaría de Erandio" a que se active el servicio a Juan Luis Ibarra. Agregaron que el magistrado se oponía al cambio de sus escoltas por la confianza que había labrado con los que le habían acompañado en los últimos años. Desde el TSJPV señalaron a DEIA que estos guardaespaldas privados fueron despedidos en agosto de la empresa para la que trabajaban.
El mismo lunes, la Sala de Gobierno del alto tribunal vasco aprobó una resolución en la que afirmaba que "esta decisión se ha adoptado con infracción de la debida consideración institucional, en plenas vacaciones judiciales", y lamentaba que los afectados "no contarán tampoco con vehículos de representación e incidencias para el desarrollo de sus funciones", toda vez que el servicio de escolta incluye la disponibilidad de un vehículo. Reclamaba por último que, en virtud del apartado II.1.7 de los acuerdos sobre Delimitación de Servicios entra las FSE y la Ertzaintza, adoptados en marzo de 1989 y desarrollados en enero de 1995, "se asuma la responsabilidad de la Secretaría de Estado de Seguridad de la prestación del servicio de protección personal" de los afectados.
Comunicación La consejera de Seguridad respondió ayer con un escrito, al que ha tenido acceso este periódico, en el que aseguraba que el pasado abril comenzó "el proceso de comunicación de las medidas" a adoptar en esta materia, y que ella misma se encargó "de informarle al presidente del TSJPV de los cambios previstos". Instó a "diferenciar con claridad" el programa de protección de personas acordado en la Junta de Seguridad con las necesidades de vehículos por parte de los jueces, y recordó que en su momento ofreció, a través del Departamento de Justicia, la adquisición de varios vehículos "hasta que se pudiera normalizar la situación creada". Dicha normalización pasaría por reservar una partida para este fin en los presupuestos de 2014. Recalcó además que Juan Luis Ibarra es el único miembro de la judicatura que mantiene el servicio de protección, una afirmación que el aludido rechazó en otro escrito de respuesta remitido ayer mismo.
