vitoria. El Sindicato ultra Manos Limpias, personado como acusación popular en el caso Bárcenas, anunció ayer que denunciará ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz al responsable del Partido Popular encargado de custodiar los ordenadores utilizados por su extesorero, cuyos discos duros han sido destruidos por la formación política. A este anuncio se sumaba también el del PSOE, que a través de su número tres, Oscar López, aseguraba que exigirán que se investigue quién y porqué hizo desaparecer las memorias de los ordenadores de Bárcenas.
Pero lo más curioso es que pese al escándalo que supone este polémico proceder del PP, el Gobierno calla. Pese a que muchos están hablando ya de destrucción de pruebas (lo que es un delito) o de obstrucción a la justicia (igualmente calificado), el Ejecutivo, con el presidente Rajoy a la cabeza, mira para otro lado. Así la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros eludió ayer pronunciarse sobre estos hechos acogiéndose a la excusa ya sabida de que "el asunto forma parte de un proceso judicial". "Es un asunto en procedimiento judicial que el Gobierno tiene que respetar y no puede entrar a valorar", fue la respuesta textual de la vicepresidenta ante las preguntas reiteradas de los periodistas. Solo añadió una cosa más: su impresión de que su partido está colaborando con la justicia. "Serán los jueces los que tendrán que decidir en cada caso cómo valoran las actuaciones", acertó a añadir.
A partir de ahí, la consabida estrategia de tapar escándalos con otras cuestiones. Si durante las últimas semanas fue Gibraltar, ayer volvió a ser la crisis, que es la "prioridad" del Gobierno, así como las futuras "medidas para la regeneración de la democracia" de las que Rajoy habló en el último Debate sobre el estado de la Nación.
De todo su discurso posterior sólo destaca una cuestión. Preguntada por la posibilidad de que el presidente esté sopesando forzar una crisis de Gobierno para dar la imagen de reaccionar ante el actual clima de estupor de la ciudadanía, Santamaría no lo negó. Respondió que los ministros no lo comentaron y recordó que "esa decisión es de quien es".
demanda Y quizá esa medida (que algunos analistas anuncian que supondrá la cabeza de Ana Mato) se imponga en poco tiempo ante las denuncias directas que van a llegar al PP. Manos Limpias ya adelantó ayer que basará su demanda contra el responsable de la custodia de los ordenadores de Bárcenas en el artículo 264 del Código Penal que castiga con una pena de entre seis meses a 2 años de cárcel al que "por cualquier medio sin autorización y de manera grave, borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiere o hiciera inaccesible datos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuere grave". Según este precepto, la sanción se agravaría cuando este hecho se hubiera cometido "en el marco de una organización criminal o cuando haya causado daño de especial gravedad o afectar a los intereses generales".
El sindicato considera "obvio" que el borrado de las memorias se ha llevado a cabo de forma intencionada y no considera "válida" la justificación" de que la ley de Protección de Datos avala la destrucción de información y discos duros "cuando está por medio un procedimiento judicial, la Gürtel y la presunta financiación ilegal del PP". "Es obvio, que se ha actuado con dolo", añadían.
diligencias Por su parte el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, anunció que su partido "presentará diligencias" para que se depuren las responsabilidades penales de esta "grave actuación". Acusó directamente al PP de "obstruir a la justicia" al destruir las memorias cuando ya se había iniciado la investigación sobre la posible financiación ilegal del partido y sentenció que "el PP lleva cinco años mintiendo y ahora intenta destruir las pruebas".
El secretario de Organización de los socialistas también acusó al PP de "tomar el pelo a los ciudadanos" en este asunto y de "iniciar un viaje a ninguna parte a lomos de la mentira y la ocultación".
Le preguntó directamente a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, si su idea de transparencia es la que practica el PP, basada, dijo López, en "impedir comisiones de investigación, comprar silencios como el de Bárcenas o Cristóbal Páez -exgerente del PP-, y ahora obstruir la acción de la justicia".
Soraya Sáenz de Santamaría, ayer en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Foto: efe
La cuestión clave
l María Dolores de Cospedal. Fue la secretaria general del PP la que aseguró que los ordenadores de Bárcenas estaban siendo "custodiados" en la sede central de la formación en la calle Génova. En teoría, pues, la responsabilidad en un posible delito de destrucción de pruebas sería suyo. Así al menos lo entiende el PSOE que ayer preguntó abiertamente a Cospedal "por qué le dijo al juez que los ordenadores estaban siendo custodiados cuando más bien estaban siendo manipulados, borrados y destruidos".
La valoración
l IU ve obstrucción a la Justicia. El diputado de IU, Gaspar Llamazares, aseguró ayer que la destrucción y borrado de los discos duros de los ordenadores del PP es un caso "palmario de obstrucción a la justicia". Según su análisis el PP se ampara en la ley de protección de datos para borrar la información de los archivos de los ordenadores de Génova 13, pero "se olvidan del Código Penal", que apunta que cuando hay un procedimiento abierto "hay que colaborar con la justicia". Para él los populares cada vez que aparece una prueba intentan "destruirla o eliminarla".
