pamplona. Tan solo tres días antes de que expirara el plazo para que el Gobierno de UPN realizara el pago del complemento compensatorio por la pérdida de la paga extra de diciembre a sus trabajadores, tal y como le obligaba la ley foral aprobada por la oposición en la que se establecía la fecha máxima de pago el 31 de agosto de 2013, el portavoz del Ejecutivo navarro, Juan Luis Sánchez de Muniáin, anunció ayer que no realizarán tal abono. El argumento: que la norma del Parlamento es, a su juicio, inconstitucional -está recurrida por el Estado por invadir la "normativa básica"- y porque adolece de un defecto de forma que "impide ponerla en marcha" porque carece de una ley foral que garantice su financiación.
En base a estas razones, que ayer el Ejecutivo remitió en un informe al Parlamento, el Gobierno volverá a incumplir una vez más una ley aprobada con la mayoría de los votos de la Cámara que representan a la mayoría de los navarros. El Gabinete de Barcina se ampara de nuevo en un recurso del Gobierno de Rajoy para desatender el mandato de la mayoría de las fuerzas que componen el arco político de la comunidad.
"Se sabe que el Estado ha presentado un recurso de inconstitucionalidad, que lleva aparejada de forma automática la suspensión de la medida por vulnerar las normas dictadas por la Administración central con carácter básico en materia de retribuciones", señaló Sánchez de Muniáin, quien confió en que el Tribunal Constitucional lo hace así en "100% de los casos". En todo caso, dijo, "además de su inconstitucionalidad, esta ley adolece de un defecto que la hace inaplicable" ya que precisa de una ley previa de suplemento de crédito para poder abonarla. Según explicó el portavoz, para financiar la medida, cifrada en 58 millones de euros, es necesaria una ley específica que el Parlamento debería aprobar para que fuera posible su aplicación ya que, afirmó, en el vigente presupuesto de gasto no existe consignación presupuestaria para ello y no se pueden realizar traspasos desde otras partidas.
Estas explicaciones que el Ejecutivo ofreció ayer para argumentar la insumisión al mandato del Parlamento, no convencieron a los grupos de la oposición que vieron en ellas "una nueva excusa" para no hacer lo que el Gobierno debe de hacer, que es obedecer lo que el Parlamento le dice y pagar de una vez la paga extra que les fue arrebatada a los trabajadores públicos en 2012. Fuentes de la oposición destacaron que "queda en evidencia" la falta de voluntad del Gobierno para poner en marcha esta medida, porque "si realmente hubiera hecho falta la ley a la que ahora aluden, lo hubieran dicho antes para ponerle remedio".