Donostia. El ombudsman de la CAV defiende el papel de las defensorías del pueblo en tanto que constituyen un servicio público fundamental para la garantía de la buena administración y la defensa de los derechos de la ciudadanía ante temas como, por ejemplo, los desahucios, las aportaciones subordinadas y otras que han repuntado con la crisis.
¿Se siente ninguneado cuando oye que el Gobierno español aboga por eliminar a todos los defensores del pueblo de las autonomías?
El Gobierno central no tiene ni arte ni parte en esta historia. Sorprende que sea un gobierno quien pieda la suspensión de unas instituciones cuya función es precisamente controlar a los ejecutivos. Por otra parte, carga frontalmente contra el principio constitutivo del Estado de las autonomías, además del principio de división de poderes. Es un despropósito se mire por donde se mire. Pero el mismo tiempo propone el reforzamiento de la Defensoría del Pueblo de España cuyo titular es una ex alto cargo del PP, parece que le quieren encomendar a ella el control de los gobiernos autonómicos, lo cual es también un despropósito.
¿A qué se debe este intento de fulminar las defensorías autonómicas?
Se mire por donde se mire no hay ningún fundamento en esa reclamación salvo que haya una razón oculta que pase por cargarse el Estado de las autonomías o al menos redefinirlo de una manera notable. Si quiere hacer eso debería reformar la Constitución y los Estatutos de autonomía. Pero eso no se puede hacer por la puerta de atrás.
¿En tiempos de crisis, el Ararteko debería adelgazar su estructura?
Lo que cuesta el Ararteko, cuyo presupuesto es de 4.600.000 euros, supone según los Presupuestos de la CAV un 0,035% del total. Si es mucho o poco, lo valorará el Parlamento Vasco. La plantilla está al límite, llevamos la plantilla congelada en los tres últimos años y el volumen de trabajo ha crecido un 50%. El grado de eficiencia o productividad de la oficina del Ararteko está en niveles muy altos, como se recogió en un reciente estudio.
¿Qué podría suponer la supresión del Ararteko?
El año pasado hubo 7.001 visitas a las oficinas del Ararteko y cada una de estas personas vino con un problema específico que fue atendido y en muchos casos encauzado, buscando su solución. Obviamente, esto no podría ser si desapareciera la figura del Ararteko. Perderíamos un servicio público que está dando una atención a la ciudadanía. Eso aumentaría las demandas judiciales porque mucha gente iría directamente al os tribunales. Supondría una merma considerable en el respeto a los derechos de la ciudadanía y al principio de la buena administración.
¿Suprimir las defensorías supone abrir el melón de otros recortes?
Por parte de quien han redactado la reforma, la pretensión es una profunda revisión del Estado de las autonomías y han puesto el foco en las defensorías del pueblo porque somos una institución que no resulta grata para los ejecutivos en tanto que hacemos una labor de control y fiscalización. Por tanto, si se elimina muchos responsables políticos vivirían mucho más tranquilos. Pero después de las defensorías autonómicas vendrían otras instituciones autonómicas.
¿Con la crisis tiene el Ararteko más trabajo?
En los últimos dos años el volumen de trabajo ha crecido un 50% debido a las consecuencias del a crisis. Por lo que se refiere a los expedientes de queja se ha producido un aumento espectacular en las relacionadas con las prestaciones sociales de contenido económico, fundamentalmente la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos, pero también otras. En 2010 fueron 32 expedientes de queja relacionadas con estas cuestiones, y en 2012 fueron más de mil expedientes. Pero además de expedientes de queja, también atendemos otras quejas que no tienen nada que ver con la actuación de la administración sino con problemas de la ciudadanía, esto es, desahucios, preferentes, aportaciones subordinadas, asesoramiento a personas que se han visto golpeadas por la crisis. También esto ha crecido de manera espectacular.
¿Los bancos están actuando bien en los casos de desahucio?
En términos generales, la mayoría de las entidades financieras no están a la altura de las circunstancias y su posición es que únicamente cambiarán las cosas si una sentencia judicial les obliga. Nosotros abogamos porque se habiliten fórmulas de solución extrajudiciales, ya que pueden resultar más ágiles y eficaces, que además exigen la participación voluntaria de las partes, también las entidades financieras.
¿Está sirviendo de algo la mediación del Gobierno Vasco?
El Gobierno Vasco puso en marcha un servicio de mediación cuyos resultados son bastante pobres, según los datos ofrecidos por el propio Gobierno Vasco. Aunque no se puede saber cuáles son los motivos, a través de información propia se puede decir que algunas entidades financieras, y no voy a dar nombres, no están colaborando debidamente y su posición es que solo una sentencia judicial les hará cambiar su manera de proceder. Por eso no acuden o no tienen voluntad de hacer uso de los servicios de arbitraje.
¿Qué pueden esperar los perjudicados por las aportaciones subordinadas de Eroski?
Nosotros emitimos una resolución y concluimos que cada aportación hay que analizarse caso por caso para ver si en la comercialización del producto ha habido engaño, estafa o déficit de información, lo que en caso affirmativo supondría la anulación de este contrato. Es importante que este trabajo de Kontsumobide, las entidades tanto emisoras como comercializadoras participen voluntariamente para hallar una solución.
¿Van a poder recuperar la aportación realizada?
Nosotros no tenemos facultades de investigación en este caso porque son entidades privadas las que comercializaron estos productos. Pero hemos hecho un llamamiento a las entidades privadas a que se impliquen en las vías que ya están abiertas para buscar una solución. Y hemos pedido que en los supuestos en los cuales las personas afectadas soliciten que se habilite un servicio de mediación o arbitraje estas entidades, tanto las emisoras como las comercializadoras, se impliquen para que las garantías de los consumidores se cumplan.
¿La falta de varón es un problema médico? ¿Es discriminatorio impedir la reproducción asistida en la sanidad pública a lesbianas?
La propuesta de la ministra Mato en su primera formulación era claramente anticonstitucional. Los propios servicios jurídicos debieron de advertirle y luego cambió la formulación pero para llegar al mismo sitio: que solo se dará asistencia para la reproducción asistida a aquellas mujeres que no sean fértiles y que estén en una relación heterosexual con un varón. De este modo quedarán excluidas las mujeres que tienen ya una familia monoparental y aquellas parejas lesbianas. Nos sigue pareciendo inconstitucional. Afortunadamente el Gobierno Vasco ha dicho que no va a cumplir y que la asistencia cubrirá a todas las mujeres que lo demanden. El principio de igualdad impide la discriminación en función de la orientación sexual o de la situación familiar de las mujeres. Las que quieren ser madre y acuden al servicio de reproducción asistida deben tener el mismo derecho.
