sevilla. El volumen del caso ERE de Andalucía ha dejado atrás el correspondiente a la famosa trama Malaya sobre la gestión municipal de Marbella, después de que la jueza Mercedes Alaya haya imputado a 23 nuevas personas, fijando ya el número total, y de momento, en 116. Y es que la entidad procesal de los ERE fraudulentos crecerá a medida que avance la investigación, que indaga sobre un fondo dotado por la Junta andaluza con 721 millones de euros entre 2001 y 2010. Entre los nuevos imputados sobresalen dos hijos del empresario José María Ruiz Mateos, Javier y Pablo, acusados por la gestión de una subvención para un hotel. Asimismo, figuran intermediarios en los expedientes, trabajadores, intrusos que no trabajaron en las empresas y directivos de Intesur, SOS Cuétara, Cespa, Fuenteovejuna y Saldauto, según desveló Diario de Sevilla en su edición de ayer.
La Guardia Civil remitió al juzgado los informes de seguimiento sobre estas compañías el 26 de diciembre de 2012, pero hasta ahora la jueza no había notificado la imputación a las personas señaladas, y el contenido de los informes no será notificado a las partes hasta que arranque septiembre. Las ayudas del fondo autonómico, ajenas a fiscalización y ni siquiera publicadas, habrían servido para financiar la prejubilación ilegal de decenas de personas que figuraban en estos expedientes de regulación de empleo sin pertenecer a las empresas que promovían estas reestructuraciones laborales, aparte de cuantiosas aportaciones directas a empresas relacionadas con dirigentes públicos o miembros del PSOE.
Para la magistrada Alaya, "la clave" del aprovechamiento ilícito reside en las sobrecomisiones, en algunos casos millonarias, fijadas por las consultoras, "de las que se surte cada interviniente". Las sobrecomisiones constituían "el verdadero alimento de esta trama corrupta" y del que "se nutren no sólo las mediadoras, sino presuntamente y a espaldas de éstas, sus principales responsables". En la causa figuran como imputados en la actualidad el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; los sucesores de este último en dicho cargo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas; el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce; la exministra de Fomento y consejera de Hacienda entre 1994 y 2004, Magdalena Alvarez; e incluso el ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez.
A ellos hay que sumar personas relacionadas con las ayudas al Matadero de Fuente Obejuna de Córdoba y las empresas sevillanas SOS Cuétara, Saldauto e Intersur, mencionados en un informe de la Guardia Civil entregado al juzgado en diciembre de 2012. La familia Ruiz Mateos fue citada en varios documentos desde 2012, puesto que el sindicalista Juan Lanzas, encarcelado desde marzo pasado, intervino en los ERE de cinco empresas del grupo Rumasa en Andalucía: Hotel Cervantes, dos en Garvey, Zoilo Ruiz Mateos y Dhul de Granada. En junio del pasado año, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aseguró que Lanzas cobraba 600.000 euros por cada expediente y pedía recibir sus emolumentos en "dinero B, en sobres semanales de 20.000 ó 25.000 euros, siempre en billetes de 500". Sobres que recogía personalmente Lanzas o su compañera, según el exabogado de la familia Ruiz Mateos Joaquín Yvancos, quien sostuvo que, junto a estos pagos, Lanzas "pasaba desde hace cinco o seis años sus vacaciones de agosto en el Hotel Cervantes" de Torremolinos "de forma gratuita". A juicio del letrado, fue el propio Ruiz Mateos quien presentó a Lanzas como "conseguidor" al dueño de Aglomerados Morell y a la propietaria del restaurante Río Grande de Sevilla, que están imputados en la causa que instruye la jueza por los "intrusos aparecidos en los ERE de sus empresas.
nervisosismo socialista Si para el secretario del PP andaluz, José Luis Sanz, la actuación de la jueza le "alegra" porque hasta el día antes de irse de vacaciones ha seguido adelante con la investigación, cierto nervisosismo cunde en las filas socialistas. Para el seceretario de Política Municipal del PSOE-A, Francisco Conejo, si es necesario que el caso llegue al Tribunal Superior para garantizar el cumplimiento de la legalidad, "que se haga", reclamando a la magistrada que agilice las diligencias. "Esperamos que Alaya no siga mareando la perdiz y actúe para que esto pueda solucionarse. Es fundamental que se esclarezcan lo antes posible los hechos en torno a esas supuestas irregularidades en la concesión de algunas ayudas. Los primeros que queremos que todo esto se esclarezca somos los socialistas", valoró. Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo, pidió que "se impute a todo el que haya que imputar" y se "acabe esta pesadilla de una práctica deleznable". "Que paguen los culpables, caiga quien caiga, se asuman las responsabilidades y se devuelva el dinero robado", zanjó.
"Esperamos que la jueza no siga mareando la perdiz y actúe para que esto se solucione"
francisco conejo
Secretario de Política Municipal del PSOE-A
"Que paguen los culpables, caiga quien caiga, y se devuelva todo el dinero robado"
antonio maíllo
Secretario general de IU en Andalucía
La jueza Mercedes Alaya, de camino a los juzgados. Foto: efe
