MADRID. La tensión entre el Gobierno español y el británico continúa creciendo y las primeras consecuencias se están viviendo en las largas colas, de más de tres horas de duranción, que se vivieron ayer en la frontera. Además el Ejecutivo de Rajoy ya está preparando un plan de medidas entre los que se incluirían un nuevo impuesto para quienes crucen la frontera y un plan de lucha contra el fraude fiscal que pasa por localizar a los cerca de 7.000 gibraltareños que tienen su residencia fiscal en el Peñón, pero su residencia real en España.
El motivo de este conflicto es el lanzamiento de bloques de hormigón al fondo de la Bahía de Algeciras que ha dejado inutilizado el caladero para los pescadores españoles. Un hecho que los británicos justifica alegando que se ha hecho por motivos de "regeneración medioambiental", según aseguró el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo. Sin embargo los pescadores españoles lo consideran un ataque hacia su trabajo.
Mientras se resuelve el conflicto los principales perjudicatos están siendo los conductores que intentan acceder al peñón y tienen que soportar largas colas. Desde la Delegación del Gobierno en Andalucía aseguran que durante los fines de semana los controles se efectúan de forma exhaustiva por razones de seguridad. Además recordaron que se trata de una frontera y que el refuerzo de esos controles es algo habitual en ese tipo de aduanas.
Una opinión que coincide con la expresada el viernes por el Gobierno español quien reiteró al británico que los controles en la verja de Gibraltar -que no pertenece al espacio Schengen- son su obligación "en una zona donde hay frecuentes tráficos ilícitos", ante las protestas suscitadas por las colas atribuidas a la intensificación de los controles españoles.
La ofensiva de Rajoy Con el paquete de medidas que está elaborando el Gobierno, y que incluye la anulación de algunos acuerdos alcanzados durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, se pretende mostrar que "las políticas contrarias a España tienen un coste".
Para ello, el Ejecutivo español baraja distintas medidas que van desde la creación de una tasa de congestión a los vehículos que atraviesan la Línea con origen o destino en Gibraltar a un plan de lucha contra el fraude fiscal que pasa por localizar a los cerca de 7.000 gibraltareños que tienen su residencia fiscal en el Peñón pero viven en España, pagando así menos impuestos.
Además, pretende revisar algunas de las concesiones que se hicieron en el marco de la Declaración de Córdoba, firmada en 2006 en el marco del Foro Tripartito que instauró el anterior Gobierno de Zapatero con Reino Unido y con Gibraltar y que el Ejecutivo de Rajoy rechaza ahora de plano, al considerar que otorga a la colonia un "estatus" idéntico al de los dos países.
El Gobierno se plantea "volver a la situación previa" a la Declaración firmada en Córdoba en lo que se refiere al tráfico aéreo en Gibraltar, uno de los puntos más destacados de dicho acuerdo, que abría la puerta al uso civil del aeropuerto militar en el Peñón y levantaba las restricciones españolas al uso de su espacio aéreo.
Zona aérea prohibida El Ejecutivo de Rajoy propone ahora redefinir la zona restringida de Algeciras, una zona actualmente prohibida para excepto para los aviones civiles con un plan de vuelo autorizado, para que pase a ser zona prohibida a todos los vuelos, una medida que dificultaría las maniobras de acceso al aeropuerto gibraltareño.
Además, el Gobierno mantendrá su firmeza en el ámbito de la Unión Europea a la hora de bloquear la aprobación de cualquier normativa en materia de aviación civil que no contenga una cláusula de suspensión de su aplicación al aeropuerto de Gibraltar.
