Los ayuntamientos insolventes deberán fusionarse con un municipio colindante
La reforma local castigará a las localidades con la supresión de competencias
Deberán presentar ante el Ministerio de Hacienda un informe de racionalización administrativa
Raquel Ugarriza
MADRID. A falta de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la filtración de algunos detalles de la reforma local que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros revela que la polémica ley del Gobierno de Rajoy castigará especialmente a los municipios insolventes e ineficientes. Entre las medidas obligatorias a las que deberán someterse dichos ayuntamientos destacan la fusión con otro municipio colindante de la misma provincia y la supresión de las denominadas competencias "impropias" o, lo que es lo mismo, los servicios sociales, la educación, la sanidad y la vivienda.
El proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que deberá recorrer el trámite parlamentario antes de su aprobación, ha contado con numerosas redacciones en paralelo a que el PP constató el profundo rechazo que suscitaban sus propuestas en los ámbitos municipalistas -incluido el de los alcaldes populares-, amén de en la bancada de la oposición
A las acusaciones de injerencia en la autonomía municipal, vaciamiento de competencias de los ayuntamientos e interés privatizador, se le suma el rechazo frontal del Gobierno Vasco, las diputaciones forales y Eudel al conjunto de la ley por no respetar el marco competencial vasco y no contemplar la situación saneada de la mayoría de los municipios de la CAV. Hasta que el BOE publique el texto aprobado el viernes no se podrá comprobar hasta qué punto el entramado municipal vasco quedará a salvo de las medidas uniformizadoras que impondrá la reforma local.
Por el momento se conoce que el Gobierno obligará a los ayuntamientos con problemas económicos a incluir en sus planes de ajuste medidas concretas, como una propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia, según adelantó ayer Europa Press tras tener acceso al proyecto de ley.
Los ayuntamientos obligados a presentar un plan económico-financiero al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas serán aquellos que incumplan con los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos, el objetivo de deuda pública o la regla de gasto.
Además de verse obligados a fusionarse con otro municipio, estos ayuntamientos deberán suprimir las competencias que el Ministerio de Montoro tilda de impropias, y que abarcan desde los servicios sociales, hasta la educación, la sanidad y a vivienda. Asimismo, tendrán que presentar una propuesta de racionalización administrativa, así como suprimir las entidades de ámbito menor, que en la CAV y Navarra se denominan concejos. Igualmente, deberán incrementar los ingresos que llegan a las arcas municipales.
La conversión del polémico -y denostado por el Consejo de Estado- coste estándar en "coste efectivo" se traduce en que los municipios deberán hacer público el coste de los servicios que ofrecen antes del 1 de noviembre. Pues bien, aunque según esta última redacción del proyecto el Gobierno no podrá arrebatar las competencias a los municipios que sobrepasen ese baremo, el "coste efectivo" servirá de referente para que las comunidades autónomas y diputaciones condicionen dar subvenciones a los ayuntamientos que tengan ese "coste" más elevado.
El secretario de Estado Antonio Beteta, número dos de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda. Foto: efe
Gobierno Vasco, diputaciones y Eudel han rechazado de plano la reforma del Gobierno de Rajoy
