madrid. La futura Ley de Transparencia no contemplará finalmente la inhabilitación de los cargos electos que cometan infracciones muy graves en el ejercicio de su función, como proponía el proyecto inicial, aunque sí mantendrá la posibilidad de destituir a los cargos políticos que incurran en determinadas infracciones. Una ponencia que terminó ayer en ausencia de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el Grupo Mixto, y, tras aprobar el informe con el único voto del PP. Los únicos partidos que acudieron a la reunión fueron PNV, CiU y UPyD.

Según el texto, cuando la ley entre en vigor se podrá destituir a los cargos políticos por la comisión de algunas de las infracciones tipificadas como graves o muy graves, pero no se les podrá inhabilitar para ocupar determinados cargos durante un periodo de entre 5 y 10 años como se planteaba en el proyecto del Gobierno. Es decir, se podrá destituir, por ejemplo, a un concejal de urbanismo, pero no se le podrá inhabilitar para volver a aspirar a un cargo electo ni despojarle de él.

las instituciones Además se acordó que las entidades privadas cuya financiación esté compuesta en un 40% por fondos públicos así como las que reciban más de 100.000 euros al año en ayudas o subvenciones estarán sometidas a la Ley. Se rebaja así del 50% al 40% el porcentaje que han de tener las entidades para verse afectadas por esta norma, tal y como solicitaban CiU y UPyD.

El texto se debatirá en la Comisión Constitucional el 31 de julio.