PAMPLONA. El Tribunal Supremo dio ayer carpetazo a la investigación del caso por el cobro de dietas de la Permanente de Caja Navarra. En un breve auto, de seis páginas y apenas folio y medio de argumentación, el tribunal descarta la existencia de cohecho impropio echando por tierra cuatro meses de instrucción de la titular del juzgado de instrucción número 3 de Iruñea, Mari Paz Benito. De nada han servido los más de 2.000 folios de documentación con los que la magistrada navarra acompañó la exposición razonada enviada al Supremo el pasado 21 de junio, y sobre los que sustentaba toda su tesis. En poco más de un mes, y solo una semana después de que el fiscal hiciera públicas sus conclusiones también contrarias a la imputación de Barcina, los cinco magistrados de la Sala de Admisión han desestimado la causa por considerar que no hay motivos para investigar los indicios delictivos observados por la juez navarra. Una decisión controvertida que ayer aplaudieron las defensas y criticaron las acusaciones, pero para la que ya no cabe recurso. La vía judicial se cierra así de forma definitiva.

La decisión fue recibida con júbilo y abrazos por Barcina en el inicio de las fiestas de Tutera. Y con motivo. La presidenta evita el duro trago de tener que declarar como imputada en Madrid. Un paso que, al margen de la causa, hubiera complicado su continuidad al frente del Gobierno de Nafarroa, en el que se mantiene en minoría política y sin capacidad de acuerdos con la oposición. Un escenario en el que también debe gestionar un partido dividido que observaba con interés y preocupación el devenir judicial de su presidenta. El cierre de la causa supone por ello un importante balón de oxígeno para la presidenta, que pese a las todas las complicaciones se irá de vacaciones conservando el Gobierno, la presidencia del partido y sin causas penales abiertas. Tres cuestiones que la han mantenido durante todo el año sin iniciativa y a la defensiva, pero que finalmente ha logrado solventar.

Consecuencias judiciales Aunque el Supremo se centra exclusivamente en Barcina, cuya declaración como imputada había solicitado la juez Benito, la respuesta es extensible a los otros tres miembros de la Permanente, Miguel Sanz, Álvaro Miranda y Enrique Maya, cuya causa deberá quedar archivada. El Supremo se expresa con argumentos escuetos, pero claros y sin margen para la interpretación. No obstante, deja una puerta abierta "al reproche ético, moral y político" , que no entra a valorar, pero que ayer aprovecharon los grupos de la oposición para recordar que la no existencia de delito no exime de responsabilidades políticas.

Los cinco magistrados, que recurren a su propia jurisprudencia en los casos de Jaume Matas (cuya pena ha reducido esta semana de forma considerable evitando su ingreso en prisión) y Francisco Camps (finalmente absuelto por el caso de los trajes) para concluir que "no concurren rigurosamente elementos típicos integradores de la figura delictiva objeto de acusación", son rotundos a la hora de descartar los requisitos necesarios para la existencia del cohecho impropio.

El auto concluye así que tanto el cobro de dietas como la presencia de Barcina en la Permanente "no viene dado, directamente, por su condición de presidenta". Asume así las tesis de Fiscalía y defensa, que desde el principio han diferenciado el cargo institucional de la participación en la entidad bancaria, pese a que está en la misma como consecuencia de su responsabilidad pública. El matiz resulta suficiente para invalidar el posible cohecho, un delito que solo se puede imputar a una autoridad pública.

Dádivas Sí admite "dudas" en lo referente a la dádiva. La juez instructora defendía que, con las dietas, Caja Navarra intentaba ganarse la simpatía de los gobernantes, ya que las reuniones carecían de "contenido, soporte normativo ni publicidad". El Supremo, sin embargo, rechaza tal apreciación y, aunque no niega que los emolumentos fueran excesivos, sostiene que "no es factible en una causa penal indagar sobre la justificación de la dieta y el esfuerzo realizado".