vitoria. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas denunció ayer que el Consejo de Gobierno del Ejecutivo vasco aprobó en 2011, durante la anterior legislatura, gastos por un importe de 29,4 millones de euros a pesar de que la Oficina de Control Económico (OCE) había informado negativamente sobre ellos. Esa sería una de las irregularidades que se señalan en el Informe de Fiscalización de las Cuentas de la Administración vasca relativo a 2011, aprobado por mayoría por este tribunal, que considera que se ha cumplido la legalidad, pero con algunas salvedades.
Entre ellas, cita que el Gobierno convalidó dos contratos de obras por 2 millones de euros, 37 contratos de servicios por 7,5 millones, nueve contratos de suministros por 18,4 millones, ayudas por la paralización definitiva de un buque por 1,3 millones y 2 convenios por 0,2 millones sobre los que había informado en contra la Oficina de Control Económico por incumplimientos legales. Estas irregularidades consistieron en que los contratos se hicieron sin publicidad y concurrencia, se continuó prestando el servicio una vez vencido el plazo, hubo un fraccionamiento indebido del objeto del contrato y se hicieron modificaciones y ampliaciones sin tramitar el correspondiente expediente administrativo.
