La Junta recurre la imputación de Magdalena Álvarez

el 'caso de los ere' investiga a una veintena de cargos y excargos del gobierno andaluz

PSOE e IU rechazan un Pleno en Andalucía sobre este asunto aferrándose a la negativa del PP a debatir el 'caso Bárcenas'

sevilla. La Junta de Andalucía, personada como acusación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha recurrido el auto en el que la juez Mercedes Alaya imputa a 20 cargos y excargos de la Administración autonómica, entre los que destaca la exconsejera de Economía y Hacienda entre los años 1994 y 2004, exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez.

Fuentes de la Junta informaron de que el gabinete jurídico de la Administración autonómica presentó en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla un recurso contra el referido auto, en el que la magistrada imputa también, entre otros, al actual viceconsejero de Presidencia y director general de Presupuestos entre el 21 de abril de 2002 y el 26 de abril de 2009, Antonio Vicente Lozano Peña, y al ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez, el único de los imputados que ya tiene fecha para declarar, concretamente el próximo 25 de julio.

Cabe recordar que, el pasado martes, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, señaló que el auto es "perfectamente recurrible" y en él se señala a personas que son "honestas, honorables y que han hecho un buen servicio a Andalucía". "Es un auto que parece querer imputar delitos que no existen en el Código Penal", según indicó el portavoz del Ejecutivo, quien apuntó que la Junta opina, al igual que importantes juristas, que hay cierta "inconsistencia" en el propio auto.

En el auto, y respecto a Magdalena Álvarez, Alaya dice que "fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de 4 de junio de 2003", no obstante lo cual "la transferencia de financiación venía utilizándose para el pago de ayudas sociolaborales desde 1999 a 2001, anualidades en las que las citadas transferencias no se citaban en las leyes de presupuestos como concepto de financiación, pero los créditos para pagos de las ayudas sociolaborales a través de las citadas transferencias se realizaban mediante modificaciones presupuestarias".

Por su parte, los grupos parlamentarios del PSOE e IU esgrimieron ayer en la Diputación Permanente del Parlamento andaluz la negativa del PP a debatir el caso Bárcenas para rechazar un Pleno urgente sobre los ERE irregulares de la Junta solicitado por el PP tras los nuevos 20 imputados por la juez instructora Mercedes Alaya.

El PP pretendía que el Consejo de Gobierno compareciera en el Pleno para dar explicaciones sobre la imputación de los veinte altos cargos y ex altos cargos de la Junta en el caso de los ERE.

El número dos del PSOE, Mario Jiménez, dijo que ese pleno extraordinario era una "cortina de humo" para tapar el "espectáculo vergonzoso" que ha supuesto el "mangazo" del cobro de sobresueldos por parte del PP durante 20 años.

José Antonio Castro, de IU, consideró que la petición del Pleno es "poco afortunada" en el momento en el que se han conocido los datos de sobresueldos del PP tras la publicación de los papeles de su extesorero, Luis Bárcenas, y pidió que no se mezcle a la Cámara con la tramitación judicial del caso.

El portavoz del PP, Carlos Rojas, insistió en que los andaluces requieren una explicación del "mayor expolio que ha sufrido nunca un presupuesto público", que cifró en 1.500 millones de euros y que ha sido fruto, según reiteró, de la "corrupción" instalada durante diez años en los gobiernos socialistas.

El dirigente socialista subrayó que el Parlamento andaluz ha respondido a más de 600 iniciativas relacionadas con los ERE y ha celebrado una comisión de investigación, lo que, indicó, se contrapone a la negativa del Congreso, de la Asamblea de Madrid y del Parlamento valenciano a abordar los casos Gürtel o Bárcenas.

Por su parte, el coordinador regional de IULV-CA, Antonio Maíllo, destacó ayer que "no tendría coherencia" que la Junta de Andalucía, que se encuentra como acusación particular en el conocido caso de los ERE, asista jurídicamente a los imputados en este mismo caso. Maíllo instó a la "coherencia política y procedimental" para destacar este extremo y mostró confianza en que "nadie vaya a pedir esta asistencia".

Magdalena Álvarez, en 2007, durante su etapa como ministra de Fomento. Foto: José Ramón Gómez