madrid. El Gobierno se reserva a si mismo el poder de intervenir una comunidad autónoma y suspender sus competencias si ésta incumpliera la ley de pago a proveedores en los plazos legales de 30 días, una medida extrema que ya se prevén en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para quien incumpla la reducción del déficit y de la deuda financiera. Fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro explicaron esta posibilidad que contemplará la Ley de control de la deuda comercial, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado viernes por el Gobierno y que se espera que refrenden las Cortes a finales de octubre. Ese caso extremo de intervención se producirá en cualquier caso siete meses después del primer aviso a la comunidad y desde que esta tome las primeras medidas de tesorería para evitar incumplir la norma.
"Es una situación que esperemos que no llegue a producirse nunca, pero debe estar en la norma para poder actuar. Son siete meses, tiempo suficiente, y trabajaremos conjuntamente para no llegar a esto", explicaban las mismas fuentes.
Con esta norma, Hacienda pone la deuda comercial al mismo nivel que la deuda financiera y el déficit, con un sistema automático y progresivo de medidas de control. Desde el ministerio se aseguraba sin embargo que "se prevén también medidas para evitar llegar a ese extremo, al igual que está ocurriendo con la Ley de Estabilidad, cuyas peores consecuencias no han llegado a aplicarse". "El objetivo principal de la Ley de control de la deuda comercial es que todas las administraciones públicas cumplan la normativa sobre morosidad, paguen sus facturas en 30 días y en el futuro no generen facturas que no puedan pagar", añadían.
Prioridades en dos fases El Gobierno aprobó el pasado viernes el nuevo plan de pago a proveedores para comunidades y entidades locales. Éste constituirá la base de la futura ley y marca las prioridades de pago. Desde Hacienda aseguraban que la estrategia cuenta con dos fases y que la segunda será activada por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos "cuando la situación de los mercados lo permita, puesto que financiar estos planes requiere al Tesoro buscar el dinero en los mercados". Esa segunda fase, si se llega a activar, se dedicará a pagar contratos de obras, arrendamientos de bienes inmuebles, agua, energía, transportes, servicios postales o indemnizaciones por expropiaciones.
Antes, la primera fase del plan, anunciada el viernes, prevé el pago de deudas con el llamado tercer sector: sanitario, educativo y servicios sociales. También, transferencias a asociaciones sin ánimo de lucro, subvenciones por I+D+i, transferencias a entidades locales y proveedores de universidades.
