vitoria. Una treintena de reclusos disidentes del Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK), algunas fuentes lo cifran en 27 y la mayoría están internados en la prisión alavesa de Zaballa, se encuentra a la espera de la decisión que adopte la Audiencia Nacional con respecto a las peticiones de beneficios carcelarios solicitados a Instituciones Penitenciarias y rechazados por el organismo dependiente del Ministerio del Interior del Gobierno español. Y es que a lo largo de las últimas semanas, la Audiencia Nacional se ha convertido en un ariete contra la política penitenciaria del Ejecutivo popular. La firmeza e inmovilismo con el que el Gobierno de Mariano Rajoy encara la situación de los presos (aplicación de la doctrina Parot y negativa a conceder permisos a los presos encuadrados en la denominada vía Nanclares), han encontrado su contrapartida en las decisiones adoptadas por la Sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional presidida por Fernando Grande-Marlaska.
Dos sentencias judiciales dictadas el pasado mes de mayo han socavado los cimientos de férrea firmeza en los que se aposenta el Ministerio del Interior, una postura que llevó incluso al lehendakari Urkullu a desvelar que no había recibido ninguna contestación a las diversas propuestas que había trasladado a Rajoy para que acompasara la política penitenciara al nuevo tiempo que se vive en Euskadi tras el cese definitivo de la violencia de ETA. Por un lado, la Audiencia Nacional acordó a primeros de mes conceder un permiso de tres días a Valentín Lasarte, atendiendo al recurso que presentó este recluso acogido a la vía Nanclares ante la decisión adoptada el pasado mes de febrero por Instituciones Penitenciarias, que negó la concesión del beneficio penitenciario al preso guipuzcoano. Por otro lado, se decidió la excarcelación de Josu Ziganda y Joxe Karlos Apeztegia en contra del criterio de Interior, que solicitaba la aplicación de la doctrina Parot a ambos.
'Vía Nanclares' Por lo que respecta a los reclusos encuadrados en la vía Nanclares, tras la decisión de la Audiencia Nacional de conceder el permiso a Valentín Lasarte aún está pendiente la decisión que este tribunal adopte sobre los recursos presentados por Joseba Urrosolo Sistiaga y Rafael Caride Simón. Fuentes jurídicas consultadas por DNA aseguran que la decisión que determine la Audiencia Nacional en estos dos casos tendrá sustancial relevancia a tenor de la condena impuesta a ambos. Joseba Urrosolo Sistiaga está implicado en 16 asesinatos y ha sido condenado a 497 años de prisión, mientras que Rafael Caride Simón, miembro del comando que colocó la bomba en Hipercor en Barcelona, fue condenado por este atentado -en el que murieron 21 personas- a 709 años de prisión, a los que hay que sumar otros 102 años por un atentado contra la comisaría de la Policía Nacional en Belchite.
Urrosolo lleva 16 años en prisión -fue detenido en enero de 1997 cerca de Burdeos-, mientras que Caride Simón ha cumplido ya veinte años de prisión -fue arrestado en febrero de 1993 en Toulouse-. Ambos reclusos, que no han gozado hasta ahora de ningún permiso, se han desvinculado totalmente de ETA, han renunciado a la violencia, han mantenido reuniones con víctimas y se han comprometido a hacer frente a las indemnizaciones impuestas por los jueces.
La posibilidad de que Urrosolo y Caride Simón puedan obtener el permiso contrastaría con la actitud mantenida por el Gobierno de Mariano Rajoy, que ha decidido frenar la vía Nanclares para impulsar su propio plan de reinserción. Un plan que se adoptó desde Madrid sin tener en cuenta al PP de la Comunidad Autónoma Vasca, y que ha supuesto un rotundo fracaso puesto que después de más de un año ningún preso se ha acogido al mismo. Que dos presos históricos como Urrosolo Sistiaga y Caride Simón puedan acceder a los beneficios penitenciarios abriría la puerta a otros reclusos en su misma situación a quienes tanto Instituciones Penitenciarias como el juez de Vigilancia les han negado repetidamente sus solicitudes.
Por lo que respecta a la excarcelación de Josu Ziganda, la Audiencia Nacional se basó en un dictamen del Tribunal Supremo que establecía que al recluso, condenado a 566 años por ocho atentados en los que murieron nueve personas, había de aplicarle la redención de penas sobre un máximo de cumplimiento de 30 años por haber cometido los atentados mientras estaba vigente el Código Penal de 1973. Además, el tribunal especial tuvo en cuenta que en un caso similar el Constitucional admitió el recurso presentado por Peio Etxeberria, al que se aplicó la doctrina Parot y después el tribunal de garantías la desactivó. Con estos precedentes, la Audiencia Nacional estimó que el licenciamiento definitivo de Ziganda, detenido en abril de 1989, se tenía que haber producido en 2011, por lo que ordenó su puesta en libertad. En el caso de Joxe Karlos Apeztegia, llevaba encarcelado de forma ininterrumpida desde el 30 de enero de 1992, habiendo cumplido el plazo máximo de 20 años de prisión que le correspondían en virtud del Código Penal de 1995. El tribunal consideró "cumplida la condena" y ordenó su "inmediata" puesta en libertad.
un respiro Estas dos decisiones, el permiso de Lasarte y la puesta en libertad de Ziganda y Apeztegia, que en un principio se deben entender como un revés para la política de Mariano Rajoy, pueden, sin embargo, convertirse en una perfecta excusa para el Gobierno español ante la presión que recibe por parte de diversas asociaciones de víctimas y sectores mediáticos de la derecha.
Fuentes próximas a la judicatura han asegurado a este diario que las decisiones adoptadas por los magistrados de la Audiencia Nacional podrían suponer este cierto respiro para el Gobierno Rajoy. "Si bien es verdad que el ministro del Interior tiene otro talante, y es mucho más firme en sus postulados, a buena parte del PP, e incluso del propio Gobierno, estas decisiones judiciales les dan un respiro. Las decisiones están bien fundamentadas, el Gobierno no se ha visto salpicado ya que las dicta un juez y, de esta manera, les sirve también de pantalla ante las críticas que les pudieran llegar desde las diversas asociaciones de víctimas", aseguran.
Según insisten estas mismas fuentes, las decisiones judiciales están perfectamente fundamentadas. "Se ha estudiado los casos de forma individual, que es como se deben analizar los casos en la justicia. Aquí no caben soluciones globales. Cada caso se ha estudiado de forma individual y de forma concisa. Por ello, tanto la concesión del permiso a Lasarte como la puesta en libertad de los otros dos presos tienen una base jurídica irrefutable y, de hecho, no ha habido ningún recurso ante estas decisiones", manifiestan.
Igual ocurre con la sentencia que deberá dictar la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo con respecto a la doctrina Parot. "Si este tribunal echa atrás la doctrina Parot, el Gobierno, al final, se verá beneficiado. Han mantenido una posición de firmeza, pero luego pueden tener una coartada clara: es una decisión de un tribunal europeo, algo que hay que acatar y ante la que no podemos hacer nada".
Estas decisiones y la que deberá adoptar Estrasburgo -si es contraría a los intereses del Gobierno español- abrirían la puerta a que el Ejecutivo popular, y con la ley en la mano, pudiera emprender un giro a su política penitenciaria. Algunas voces próximas a la formación de Génova apuntan a que Rajoy es consciente de que llegará el momento de hincar el diente al asunto de los presos y que solo le hace falta una coartada para, manteniendo su postura inmovilista, tener que dar pasos. Hasta ahora los pocos movimientos han venido determinados por las decisiones judiciales, bien sea en los casos referidos a la doctrina Parot, a permisos de presos acogidos a la vía Nanclares o, como ocurrió el pasado año, la excarcelación de Uribetxebarria decretada por la sala primera de la Audiencia Nacional.
