madrid. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, avisó ayer de que España no podrá ignorar el fallo que adopte el Tribunal Superior de Derechos Humanos (TEDH) sobre la denominada doctrina Parot sobre los presos de ETA que además "alcanzará necesariamente un indudable valor interpretativo de nuestro ordenamiento jurídico interno".
En una entrevista en la revista de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, recogida por Europa Press, Torres-Dulce explica que el conflicto sobre la doctrina Parot se trata simplemente de una diferencia en la interpretación de las reglas que rigen el cómputo de las penas acumuladas a un mismo preso.
Tras recordar que es un mecanismo avalado por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, defiende su "solidez técnica". Y aunque acepta que pueda ser "legítimamente discutida" porque en Derecho "no existen verdades absolutas", defiende que "ello no compromete ni desdice un ápice su justicia material".
En caso de un fallo contrario a los intereses de España, el fiscal general reconoce que el país "no puede ignorar" una resolución de Estrasburgo, "sea favorable o adverso a las pretensiones del Gobierno". Y además, "la doctrina que fije alcanzará necesariamente un indudable valor interpretativo de nuestro ordenamiento jurídico interno".
En este contexto, Torres-Dulce analiza las últimas decisiones en política penitenciaria y sostiene que la opinión de las víctimas del terrorismo debe ser tenida en cuenta en casos como el del preso Valentín Lasarte, en el que "el disfrute de los permisos puede llevar a un indeseable acercamiento". Lasarte, que cumple su pena en la prisión alavesa de Zaballa, se desvinculó hace años de ETA y pidió perdón a las víctimas.
El juez de Vigilancia Penitencia Jose Luis Castro concedió a Lasarte un segundo permiso de seis días que sin embargo está a la espera de la resolución del recurso puesto por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que denuncia que los días de su primera salida de prisión los disfrutó "en un lugar muy cercano a sus víctimas".
"El ordenamiento penitenciario no niega por principio el acceso del condenado por delitos de terrorismo a los beneficios penitenciarios, si bien los condiciona de forma estricta a la desvinculación efectiva de la banda y a la colaboración activa con la justicia para su desarticulación", explicó Torres-Dulce. A juicio del fiscal general del Estado, la opinión de las víctimas también ha de ser tenida en consideración "en casos como este en el que el disfrute de los permisos puede llevar a un indeseable acercamiento".
